Quiñones garantiza trabajo para compatibilizar la defensa del medio natural con la presencia del hombre en las zonas rurales

Juan Carlos Suárez-Quiñones./César Sánchez
Juan Carlos Suárez-Quiñones. / César Sánchez

El consejero de Fomento y Medio Ambiente lamenta que haya quien luche por intereses «más de despacho, de ecologismo capital y al margen de la realidad social y económica de Castilla y León»

ICAL

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, garantizó este martes que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando para compatibilizar «los intereses de Castilla y León» que pasan por la defensa del medio natural y la presencia del hombre en los pueblos, con el fin de luchar contra la despoblación y defender «la identidad de la Comunidad» que es su esencia de las zonas rurales.

Así lo dijo Suárez-Quiñones después de conocer la intención de Ecologistas en Acción de iniciar actuaciones judiciales para la paralización del protocolo de regulación de la población de lobo ibérico en el Parque Nacional de los Picos de Europa en el caso de que este salga adelante. A juicio del grupo ecologista, este protocolo «no se ajusta a derecho, está plagado de afirmaciones sin acreditar, de falsedades y de argumentos que en nada tienen que ver con los conocimientos técnicos y científicos vigentes en la actualidad».

Suárez-Quiñones lamentó que haya quien luche por intereses «más de despacho, de ecologismo capital y al margen de la realidad social y económica de Castilla y León». El consejero de Fomento y Medio Ambiente estimó que si se cree que con la expulsión del hombre del medio rural se está luchando más por la ecología, se trata de «una equivocación», declaró.

«No existe ecología y medio natural, ni defensa del medio natural sin la presencia del hombre», algo que se encuentra recogido en la Constitución, apostilló.

Pese a que se pongan «trabas» y demandas para dificultar la acción de la Junta en la compatibilización, la Junta continuará «erre que erre» utilizando los recursos necesarios y la acción normativa «para mantener los intereses de Castilla y León», sentenció.

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