El PSOE exige a la Junta que asuma la financiación de las residencias que gestiona la Diputación de León

José Pellitero y Teresa Gutiérrez, durante un pleno de la Diputación./
José Pellitero y Teresa Gutiérrez, durante un pleno de la Diputación.

Una moción reclama como «indispensable» que la Administración autonómica se haga cargo «presupuestariamente de las competencias que tiene atribuidas normativamente como exclusivas»

El Grupo Socialista en la Diputación de León registró este lunes una moción para exigir a la Junta que asuma la financiación de las residencias y centros asistenciales que gestiona la institución y que supone un coste de casi 20 millones de euros para las arcas provinciales. Paralelamente, el PP ha rechazado, también este lunes, las alegaciones socialistas al nuevo reglamento de estas mismas dependencias argumentando, precisamente, falta de medios humanos y materiales.

El PSOE esgrime en su moción, firmada por el portavoz, José Pellitero, que los servicios sociales son competencia exclusiva de la comunidad autónoma, «de acuerdo con el artículo 70.1.10º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en aplicación del artículo 148.1.2ª de la Constitución Española». Los socialistas agregan que así lo ha ratificado la doctrina del Tribunal Constitucional y, en virtud de ese principio, se han aprobado dos leyes: la Ley 18/1988 de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León y la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, actualmente en vigor.

Carencia de plazas

El Grupo Socialista argumenta que, según este modelo, los centros residenciales corresponden a la Administración autonómica, que, sin embargo, apenas tiene plazas propias y recurre a los conciertos privados. «Desde que la comunidad asumió las competencias en la materia, la Junta de Castilla y León no ha sido activa en la construcción de residencias de titularidad y gestión pública», reprocha el PSOE en su moción. «El modelo de servicios sociales de la democracia no se construye totalmente sobre el vacío, sino que desde su inicio existen centros y servicios, que traen causa de competencias en la materia atribuidas a ayuntamientos y diputaciones por la legislación sobre beneficencia y régimen local del siglo XIX», expone. A ello añade que, «de aquellas competencias derivan los centros residenciales para personas mayores de las diputaciones provinciales, por lo que la comunidad ha legislado, hasta ahora sin éxito, para regularizar esta situación competencial».

El PSOE también denuncia que, más de cuatro años después del periodo establecido por ley, no se ha constituido ni una sola de las comisiones mixtas para el traspaso de las competencias y, en resumen, considera que, «en el contexto actual, con una financiación local absolutamente insuficiente, es indispensable que la Junta asuma presupuestariamente las competencias que tiene atribuidas normativamente como exclusivas».

De este modo, la moción insta al Ejecutivo autonómico a crear «con carácter inmediato, las comisiones mixtas de traspasos de las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad», de las que es titular la institución provincial (Santa Luisa, Sagrado Corazón de Jesús, Cosamai y Nuestra Señora del Valle). Asimismo, los socialistas reclaman que el proceso de traspaso esté concluido en 2019, toda vez que, desde el ejercicio de 2018, la Junta asuma los costes.

Alegaciones

Por otra parte, el equipo de Gobierno del PP rechazó, también, en la Comisión de Derechos Sociales, las alegaciones del PSOE al nuevo reglamento de centros asistenciales. Los socialistas abogaban por eliminar el límite máximo de 45 años como criterio de acceso, así como reducir o eliminar la exigencia de contar con un mínimo de residencia de dos años en cualquier municipio de menos de 20.000 habitantes.

La viceportavoz socialista, Teresa Gutiérrez, criticó que el PP no haya asumido ni siquiera en parte las enmiendas socialistas y que lo justifique, precisamente, en la falta de medios humanos y materiales. Gutiérrez señaló que ello supone un argumento más para exigir que la Junta asuma sus competencias en la materia y financie de forma suficiente la prestación de estos servicios, en consonancia con la aludida moción socialista registrada este lunes.

«Con la actitud del PP de no asumir las alegaciones del PSOE, además, las personas de entre 45 y 60 años con discapacidad de esta provincia quedan abandonadas y abandonadas quedan las familias que hicieron el esfuerzo de cuidarlas en su entorno», señaló Teresa Gutiérrez.

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