Las instalaciones del Matadero de Villablino están «totalmente deterioradas y han sido expoliadas»

Instalaciones del matadero de Villablino.
Instalaciones del matadero de Villablino.

Laciana Avanza traslada los informes técnicos del Tribunal de Cuentas que aluden a la manipulación y desaparición del equipamiento y a daños cuya reparación supondrá «un coste importante»

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Las instalaciones del Matadero de Villablino, en inactividad desde hace dos años, se encuentran completamente deterioradas y han sido expoliadas. Así lo aseguran tres informes periciales que el Grupo Municipal Laciana Avanza acaba de hacer llegar al Tribunal de Cuentas, que instruye una investigación para dirimir la posible responsabilidad contable en que podrían haber incurrido cargos políticos y funcionarios municipales durante el periodo de la anterior concesión, entre 2005 y 2015, que ocasionó un perjuicio directo a las arcas municipales de al menos 775.000 euros.

A esa cantidad se une ahora el coste que supondría poner de nuevo en funcionamiento una instalación que estrenó el concesionario y sobre la cual no se ejerció durante diez años ningún control por los sucesivos equipos de gobierno, con unas consecuencias catastróficas para las cuentas públicas municipales y la maquinaria y equipamiento del inmueble. Lo dejan claro varios informes técnicos encargados hace más de un año por el equipo de gobierno y que el concejal de Laciana Avanza, Víctor del Reguero, ha tenido que solicitar en reiteradas ocasiones hasta que se le han entregado hace unas semanas. A pesar de su gravedad, estos informes no se han dado a conocer ni se han tratado en ningún órgano colegiado del ayuntamiento hasta hoy.

Maquinaria e instalación frigorífica, más de 100.000 euros

En uno de los informes que Laciana Avanza ha hecho llegar al Tribunal de Cuentas, la empresa portuguesa Maquigomes, en la que trabajan en la actualidad algunos de los operarios que en 2001 participaron en el montaje de la maquinaria industrial, explica que la mayor parte de esta presenta un estado muy deficiente, enumerando además numerosas alteraciones, manipulaciones y sustituciones del equipamiento original por otro de inferior calidad. Las reparaciones y el montaje se valoran en 66.272,50 euros.

El informe de Maquigomes hace hincapié en la desaparición de parte de la maquinaria, algo en lo que coincide el veterinario de zona de la Junta de Castilla y León, Pedro Madrigal, que cita en otro informe no haber podido comprobar la existencia de diversos bienes cuya existencia le consta que había en el matadero durante la etapa en que este estaba en funcionamiento.

Por su parte, la instalación frigorífica y de aislamiento, examinada por un ingeniero industrial, presenta también un mal estado general. El informe explicita cómo «el cuadro eléctrico de la central frigorífica ha sido manipulado», el cual debería sustituirse para que las instalaciones volvieran a funcionar, junto con buena parte del equipo frigorífico. El informe cifra las medidas correctoras necesarias en 33.781,80 euros.

«El valor actual es prácticamente nulo», dice otro informe

Más contundente es la empresa Intragas, de Ponferrada, que se ocupó en el año 2000 del montaje de las instalaciones de fontanería, saneamiento, vapor y calefacción. En su informe anota el estado de la fontanería, con múltiples reventones y totalmente manipulada, o el de la instalación de vapor, «en un estado lamentable, por no decir de abandono total». Sobre otras partes de la instalación, como el grupo de incendios, el depósito de gasóleo o la red de saneamiento, se concluye «que nunca se le han hecho las operaciones de mantenimiento».

Este informe se detiene particularmente en la caldera, el elemento de mayor valor de la instalación, la cual «se encontraba totalmente manipulada, el quemador conectado a un pequeño depósito de simple pared de gasóleo al lado de la caldera, los cuadros eléctricos puenteados y totalmente manipulados, las bombas de llenado de caldera puenteadas, y a simple vista los intercambiadores de placas y las electroválvulas se veía que no se habían vuelto a tocar desde que se instalaron», mientras que a la vista del «sistema de agua descalcificada imprescindible para una instalación de vapor consideramos que nunca la pusieron en funcionamiento y nunca se le cambiaron las sales a los depósitos, con lo que el poco funcionamiento de la caldera de vapor sin utilizar el sistema de descalcificación del agua lo que habrá producido en el interior una mayor oxidación interior a mayores de la que ya presenta por el exterior, con lo que la puesta en servicio de esta caldera sería muy difícil sin cambiarle piezas tanto de su interior como del exterior», sentencia el informe, que no llega a cuantificar en cifras la inversión. Según dice, esto resulta imposible al no poder arrancar la maquinaria ya que las instalaciones no cuentan actualmente con electricidad, agua ni gasoil, pero deja claro que las actuaciones «supondrán un coste importante para poder dejar la instalación en funcionamiento», puesto que «el valor actual de la instalación en su estado es prácticamente nula».

Doble investigación: el Tribunal de Cuentas y el Juzgado

Estos informes pasan a engrosar el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas después de que el pasado año el Consejo de Cuentas de Castilla y León le diera traslado del caso al apreciar «indicios razonables de responsabilidad contable y penal» en la documentación aportada por el concejal de Laciana Avanza en el Ayuntamiento de Villablino, Víctor del Reguero.

El pasado mes de febrero, la ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante, señalaba que «el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario y la dejación de responsabilidades habrían provocado que las instalaciones, que supusieron una inversión de 1,5 millones de euros, se hallen en un estado muy deficiente y se hayan comprometido de manera irreversible».

Al mismo tiempo, el Juzgado de Villablino abrió diligencias previas tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Área de Ponferrada, que apreció indicios de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por la falta de control municipal sobre la empresa concesionaria.

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