Industria exige «medidas compensatorias» de mejora ambiental a los promotores del parque eólico leonés 'Peña del Gato'

El Plan irá encaminado a la mejora del medio natural./
El Plan irá encaminado a la mejora del medio natural.

El departamento concede una nueva autorización administrativa a un proyecto que quedó paralizado por una sentencia del TSJCyL de 2013

ICAL

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta en León concedió una nueva autorización administrativa para la puesta en funcionamiento del parque eólico 'Peña del Gato', el más grande de la provincia leonesa, ubicado en los términos municipales de Igüeña, Villagatón y Torre del Bierzo, según recoge la edición de este jueves del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En el documento, el departamento exige a la empresa promotora, Energías Especiales del Alto Ulla, que elabore, en coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, “un plan de medidas compensatorias encaminado a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos”, que deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de un año.

Este nuevo permiso administrativo llega después de que el proyecto, cuyo origen se remonta al año 2001, quedara paralizado en el año 2013 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que consideró que el estudio de impacto ambiental no tenía en cuenta la presencia de urogallos en la zona. Tras presentar la empresa un nuevo estudio de impacto ambiental, Industria informa favorablemente del desarrollo de una de las alternativas del proyecto, “siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el estudio de impacto ambiental”.

Entre esas medidas, y pese a que los promotores entienden que el área donde se ubica el parque se encuentra fuera y suficientemente alejada de las áreas de protección delimitadas por el plan de recuperación del urogallo, destacan aspectos como el seguimiento periódico que la empresa deberá llevar a cabo sobre el impacto que el parque tendrá sobre las aves. Así, se instalará un sistema de detección, disuasión y control de colisiones de aves en tiempo real, cuyos datos se trasladarán al Servicio de Medio Ambiente.

Además, el documento establece otro tipo de medidas relativas al impacto visual del proyecto, a la protección de las aguas, a la contaminación acústica o a la gestión de residuos. A partir de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, la empresa promotora presentará anualmente, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras del estudio de impacto ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

La alternativa escogida

Entre las dos alternativas existentes para el proyecto, Industria autoriza la que prevé una instalaciones con una potencia nominal de 50 MW, con 25 aerogeneradores tripala marca Vestas de 2.000 kW de potencia cada uno. Estos generadores tendrán una altura de 80 metros en el buje y unos rotores de 90 metros de diámetro. Además, estarán conectados entre sí a través de los correspondientes conductores enterrados y cabinas de entrada salida de línea, de forma que se constituyan cuatro líneas de generación en 30 kV.

Además, la subestación conectará con la línea eléctrica de 132 kV a través de la cual se evacua la producción eólica de la zona hacia la subestación de Villameca. El presupuesto previsto para la construcción de los aerogeneradores y su conexión con la red de suministro eléctrico es de más de 54,5 millones de euros.

Un proceso accidentado

Las primeras intentonas para instalar un parque eólico en la zona se remontan al año 2001, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo solicitó la primera autorización administrativa, que obtuvo en 2008. Ese mismo año, la compañía realizó la transmisión de sus derechos y el cambio de titularidad de las instalaciones proyectadas a la empresa Energías especiales del Alto Ulla, que modificó el proyecto, reduciendo el número de aerogeneradores de 33 a 25.

Un año más tarde, en diciembre de 2009, la Junta autorizó la puesta en marcha definitiva de las instalaciones, lo que permitió su funcionamiento desde diciembre de 2009 hasta julio de 2016, cuando la Consejería de Economía y Hacienda emitió una orden de ejecución de la sentencia impuesta por el TSJ en 2013, que consideraba, a instancias de la organización conservacionista SEO/BirdLife, que en la anterior declaración de impacto ambiental no se tuvo en cuenta la presencia de urogallos cantábricos en la zona.

Después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimase el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ, el procedimiento administrativo se retrotrajo al momento de presentar el estudio de impacto ambiental. En el mes de junio, el nuevo proyecto presentado por la empresa recibió el visto bueno de la Consejería de Economía y Hacienda. Con al autorización concedida hoy por Industria, la instalación se acerca un poco más a su conversión en una realidad.

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