Leonoticias

El Supremo confirma la ilegalidad de otro parque eólico que afectaba a poblaciones de urogallo en León

Aerogeneradores trabajando bajo el intenso viento en un parque eólico de León.
Aerogeneradores trabajando bajo el intenso viento en un parque eólico de León. / César Sánchez
  • SEO/BirdLife insta la Junta a no propiciar la legalización de los proyectos anulados por la Justicia y a no cometer los mismos errores que han derivado en varios varapalos judiciales de la máxima autoridad judicial del país

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El Tribunal Supremo confirma en una sentencia la ilegalidad del parque eólico de Valdesamario y anula definitivamente la autorización administrativa que permitía su funcionamiento. El Alto Tribunal sigue los mismos argumentos que empleó en otras dos vecinas instalaciones eólicas de La Espina y Peña del Gato; todas ellas fueron autorizadas sin valorar el impacto de su construcción sobre las poblaciones de urogallo cantábrico, especie el peligro crítico, presente en la zona.

Con su decisión, el Supremo cierra, después de 13 años, cierra el ciclo de recursos presentados por SEO/BirdLife ante las irregularidades observadas en el nudo eólico Villameca, que planteaba la construcción de 22 parques eólicos más.

Solo seis fueron construidos y entraron en funcionamiento: los tres anulados por el Alto Tribunal y otros tres que la ONG ambiental no pudo recurrir ante la Justicia, informa el colectivo conservacionista.

A pesar de las sentencias que anulan los tres mencionados, SEO/BirdLife afirma que ha constatado que la Junta ha iniciado los trámites para legalizarlos y, al repecto, conmina a la administración a no cometer los mismos errores que han derivado en varios varapalos judiciales de la máxima autoridad judicial del país.

“Volver a autorizar estos parques evidencia una política de hechos consumados por parte de las empresas y del Gobierno regional: si bien las empresas adjudicatarias han renunciado a los proyectos que no habían construido, retoman una y otra vez el procedimiento para mantener en activo los parque ilegales que sí construyeron”, apunta el portavoz de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza.

“Es un error plantear esta cuestión como un conflicto entre el más que necesario desarrollo rural de la región y la también necesaria conservación de la naturaleza. Resulta necesario que se abandonen posturas intransigentes para evitar que sigan perdiendo todas las partes: los municipios titulares de los montes, los propios promotores de los parques, el desarrollo de las energías renovables y el medio ambiente. Desde SEO/BirdLife hacemos un llamamiento a todas las partes para que se logre una solución que no solo respete la legalidad sino que ampare a la gente y a la naturaleza”, añade.

La construcción del parque

Las obras de construcción del parque eólico Valdesamario comenzaron en 2008 sin contar con las autorizaciones oportunas. Se prolongaron hasta mayo de 2010, incumpliendo el condicionado ambiental que prohibía la ejecución de actuaciones de todo tipo en épocas sensibles para la población de urogallo más meridional del mundo, que ocupaba la zona de implantación del parque.

Estas irregularidades motivaron la incoación de al menos cuatro expedientes sancionadores, que sin embargo no impidieron que la empresa siguiera construyendo el parque. Para cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó Auto de paralización cautelar de las obras, el 10 de Junio de 2010 , estas ya habían terminado.

En paralelo, las licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento de Valdesamario, también fueron anuladas por otra instancia judicial: el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2. La sentencia se publicó en 2013, tres años después de que el parque hubiera entrado en funcionamiento. Entre 2010 y hasta la actualidad, la instalación ha generado casi cuatro millones de euros a la empresa titular.

Esta misma forma de proceder, concluyendo las obras de forma irregular, se ha repetido -subrayan desde el colectivo- en los parques La Espina y Peña del Gato, cuyas autorizaciones también fueron anuladas primero por el TSJCyL y, años después, por el Tribunal Supremo.