El PSOE de León asume las reivindicaciones de los afectados por talidomida de la provincia

Después de que las Cortes de Castilla y León aprobaran por unanimidad en el pleno del pasado 8 de marzo una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista para crear un registro autonómico de afectados, éstos han reclamado la necesidad de que las pruebas médicas que permitan acreditar el ingreso en el mismo se realicen a través del sistema público de salud.

Belén Castañón señaló la paradoja de que en Castilla y León, al contrario de lo que ocurre en alguna otra comunidad autónoma española, los afectados tienen que recurrir a la sanidad privada para realizar esos informes médicos con un coste cercano a los mil euros. «Pero ese informe luego no le va a servir para figurar en el registro bajo el argumento de que no se considera acreditado», precisó la responsable del Estado de Bienestar del PSOE de León.

Los afectados por talidomida también exigen que al reconocimiento de su minusvalía vaya acompañado de una pensión vitalicia, además de la correspondiente indemnización. Cabe recordar que la talidomida es un fármaco que se introdujo en el mercado mundial en 1957 para tratar la ansiedad, el insomnio y las náuseas y vómitos en mujeres embarazadas.

El laboratorio fabricante, Chemie Grünenthal, lo comercializó en 48 países de Europa, entre ellos España, y África, así como en Japón, Australia y Canadá. Apenas un par de años más tarde, las malformaciones congénitas que comenzaron a detectarse en Europa y el resto del mundo llevaron a retirarlo tras dejar miles de afectados en todo en el mundo.

En España, fue retirado «oficialmente» en enero de 1963, aunque en 1975 todavía continuaba apareciendo en el Vademécum Internacional, promocionándolo y publicitándolo con total impunidad de su propietario, y con el beneplácito de las autoridades sanitarias de la época.

Además, España es el único país que aún no ha dado un reconocimiento oficial a los que, décadas después, siguen sufriendo los efectos del fármaco por lo que los afectados también exigen que sea el laboratorio el encargado de correr con las indemnizaciones hasta el momento en que se suspendió su prescripción y que el Estado cubra el periodo en el que España no aplicó la prohibición de forma efectiva.

Los afectados por talidomida también advierten de las dificultades que han padecido y padecen para insertarse en el mundo laboral, a lo que se suma el desgaste de sus cualidades físicas, después de enfrentarse a malformaciones que les ha supuesto duras trabas para un desarrollo profesional pleno durante toda su vida.