El pueblo de Ciñera cierra el conflicto de las casas bajas y deja en el aire el futuro de las instalaciones comunes

Es más, según trasladaron durante una reunión, en los próximos días los vecinos ya podrán abonar los 2.000 euros como señal o arras que estableció el Somacyl, organismo que se ha hecho con la totalidad de los inmuebles hasta la fecha de titularidad de la Hullera Vasco Leonesa.

La previsión, según señaló Mercedes Ordás, presidenta de la asociación de vecinos Alto Bernesga, es que en diciembre se den por concluida la venta de entre 90 y 100 viviendas con la formalización del contrato definitivo.

Una compra en la que la Junta se mostró sensible con la situación de los vecinos de esta localidad. Los vecinos tan sólo tendrán que pagar a Fomento algo más del 50% del valor tasado por los administradores concursales a lo que tendrán que sumar los impuestos y gastos de transacción. Oferta ventajosa, según señalaron en su día, que ante la imposibilidad de que los vecinos juntasen en apenas unas semanas la señal de 700.000 euros para evitar la venta del pueblo.

Posteriormente, arrancará el proceso para aquellos que quieran acogerse a la modalidad de alquiler, siendo ocho los inmuebles, actualmente en ruinas, que quedarían en el aire, a la espera de que aparezca un posible interesado.

El resto del pueblo, en el aire

Lo que aún no se ha formalizado es la venta del resto de propiedades que tenía la Hullera Vasco Leonesa en la localidad. Junto a la del Somacyl, el administrador concursal ha recibido una segunda oferta para la compra de las instalaciones deportivas, el centro de salud, el hogar de pensionista, el cine o el economato, que inicialmente iban a formar parte del lote que iba a adquirir la Junta de Castilla y León.

Una oferta que, según han señalado a leonoticias, sería más elevada que la presentada por el Somacyl. Un proceso que, inicialmente, no afectaría a los vecinos de esta localidad entre los que desde hoy reina una absoluta tranquilidad.

En cualquier caso, reconocen que la compra de estas instalaciones por parte de la Junta garantizaría su cesión a la Diputación y al Ayuntamiento, manteniéndose la incógnita en torno a los intereses que moverían al comprador privado que ha pujado por esas instalaciones.