Unanimidad de las Cortes para equiparar el salario de Policía y Guardia Civil con cuerpos autonómicos

Un instante del pleno de las Cortes./
Un instante del pleno de las Cortes.

Pablo Fernaández (Podemos) y Ángel Ibañez (PP) se cruzan acusaciones sobre el apoyo de ambos partidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad

ICALValladolid

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles por unanimidad solicitar al Gobierno central la equiparación salarial en un plazo de tres años de los funcionarios de la Policía Nacional y Guardia Civil con la plantilla de los cuerpos de policía autonómicos como una cuestión de dignidad y justa, con lo que recogen así la reivindicacion de este colectivo expresada en la calle en las últimas semanas.

Todos los grupos respaldaron tres apartados de la proposición no de ley presentada por Podemos, que se completó después con aportaciones de PSOE, Ciudadanos e IU, si bien no se aceptó el cuarto punto en el que se instaba al Ejecutivo de Rajoy a presentar un proyecto de ley orgánica sobre el derecho fundamental a la sindicación.

Fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien presentó el texto con el argumento central de que es injusto que el mismo trabajo no tenga igual salario, compartido por el resto de los intervinientes que fijaron posición, y con criticas a PSOE y PP por no acabar con esa “discriminación” cuando han estado o están en el Gobierno.

PNL de Podemos

El debate subió de tono cuando el popular Ángel Ibañez calificó de “lavado de cara” la PNL de Podemos al haberse quedado solo hace unos meses en otra iniciativa del PP en respaldo de los agentes en la cuestión catalana y enumeró a una serie de cargos de la formación morada que han agredido a agentes, entre ellos una concejala de Imagina Burgos, a la que llamó "elementa", a la vez que se refirió a la comprensión hacia Arnaldo Otegui cuando salió de prisión.

“No voy a responder a las bufonadas del PP. Son impresentables”, replicó Fernández desde la tribuna, con el rechazo desde su escaño del portavoz popular, Raúl de la Hoz, y otros miembros de la misma bancada. La presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, pidió al primero la retirada de un calificativo ofensivo y al segundo lo llamó en dos ocasiones al orden con advertencia de expulsión en una tercera protesta.

Pablo Fernández siguió con la aseveración de que Podemos condena de manera firme el terrorismo y la barbarie de ETA, pero pidió al PP que apoye no sólo a los cuerpos de la Guardia Civil con palabras, sino que les facilite el acceso cuando van a la sede de este partido en su investigación en presuntos casos de corrupción y se encuentran con ordenadores y discos duros destruidos.

Año 2020

“Será el PP el que zanje la cuestión, pero los compromisos tienen que estar en los presupuestos y se bloquean”, replicó Ibañez ante la falta de acuerdo para aprobar las cuentas, al tiempo que insistió en el respaldo de su partido a las propuestas planteadas y en su critica a Pablo Fernández, al que tildó de que como “los malos magos, cuando hace un truco se le ve la bolita”.

Luis Briones (PSOE), David Castaño (Ciudadanos), José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL) respaldaron sin fisuras la equiparación como algo justo para ese colectivo, si bien los tres primeros presentaron enmiendas que fueron asumidas por el ponente.

La propuesta de Ciudadanos se dirige a que se haga realidad la equiparación en el año 2020, con una aportación de 1.500 millones de euros, 500 en cada ejercicio presupuestario, ya que Pablo Fernández habló de una diferencia de entre 600 y 900 euros entre la remuneración de los cuerpos estatales y autonómicos.

Grupo PSOE

En el caso del Grupo Socialista, la aportación recogida se refiere a incrementar la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un 150 por ciento para el próximo ejercicio y mantenerla en sucesivos ejercicios para permitir la recuperación de las plantillas en los cinco años siguientes.

José Sarrión pidió que se introduzca la cuestión de género en los chaletos antibalas de los efectivos, el primero de los puntos de la PNL aceptada, que se completa con medidas para garantizar la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, junto con la equiparación salarial, en un debate seguido desde la tribuna de invitados por miembros del colectivo afectado.

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