El sector de la construcción ven en el 2018, año preelectoral, su particular agosto

Obras de la autovía León-Valladolid. /
Obras de la autovía León-Valladolid.

El sector confía en que la historia se repita y la inversión pública se reactive tras alcanzar los 730 millones en 2017

J.A. | ICAL

Las empresas de la construcción no le quitan el ojo al calendario, que augura 15 meses intensos de actividad política, previa a las elecciones, pero también de fuertes inversiones en obra pública. El sector espera que este 2018 cumpla su particular pronóstico y las administraciones desempolven proyectos y relancen nuevas obras, con presupuestos millonarios que permitan superar los 730 millones que se pusieron en el mercado de contratación durante el año que acaba de terminar.

Este año, la prórroga presupuestaria de las cuentas del Estado, supone un ‘traspiés’ para las previsiones que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que este año celebra su 35 aniversario. Su presidente, Enrique Pascual, explicó a Ical que 2018 podría ser el ejercicio en el que la obra pública viva su ‘particular agosto’ y se reactive, con un montante no visto durante los años de crisis y ajustes en las arcas de las administraciones.

Sin embargo, los contratistas confían en que el panorama político se despeje y los presupuestos del Estado vean la luz, ya que reconoció que el sector necesita estabilidad para poder recuperar el terreno perdido. De esta forma, 2018, podría convertirse en el trampolín que impulse a instituciones y compañías hacia un volumen de actividad no visto en años en Castilla y León y que permita al sector dejar atrás una década de ‘sequía’ inversora.

Pendientes del presupuesto

En ese sentido, los contratistas cruzan los dedos para que en mayo el Gobierno de Mariano Rajoy sea capaz de aprobar los presupuestos. La experiencia de 2017, con una prórroga hasta el inicio del verano, no impidió que en la recta final del año el Ejecutivo y, también, la Junta y las entidades locales, reactivaran las inversiones en infraestructuras, ante la demanda del sector, y se alcanzara la cifra de 730 millones licitados.

Por ello, los contratistas confían en que este año siga la estela de 2017, con el incentivo además de ser un ejercicio preelectoral. De hecho, Enrique Pascual consideró que las cuentas de la Junta y los ayuntamientos prevén aumentos en las inversiones, si bien insistió en que en el pasado con montantes similares la cantidad dedicada a la obra pública era mayor, por lo que pidió a las autoridades que reflexionen sobre la necesidad de incentivar la economía con proyectos sostenibles.

Igualmente, los contratistas advierten de que existe un problema de relevo generacional en el sector de la construcción. Mientras en el pasado los jóvenes abandonaron los estudios para trabajar en este sector, que ofrecía salarios elevados, ahora muchos optan por los servicios o la industria o por continuar con su formación. Por ello, recalcó que es necesario generar un mayor volumen de actividad en torno a la obra pública para poder ofrecer un empleo a los parados e incrementar la capacidad de producción de las empresas, que recalcó se encuentran al 50 por ciento.

Año positivo

2017 fue un ejercicio “moderadamente positivo” para las constructoras, a pesar de que el año arrancó “francamente mal”, según el presidente de los contratistas de Castilla y León. El cuarto trimestre permitió salvar las cuentas del pasado año y alcanzar un volumen de licitación superior a los 730 millones, no visto en años. Esta cantidad correspondió a partes casi iguales a las tres administraciones -250 el Estado y 240 la Junta y las entidades locales-.

“No retroceder es avanzar”, dijo Enrique Pascual, quien sin embargo apuntó que estas cifras devuelven al sector a hace 25 años y recordó que de los 730 millones se adjudicaron unos 500. “Reivindicamos inversiones que generen empleo y riqueza en Castilla y León. No se puede desatender a este sector, porque sí hay dinero. En este momento España bate récords de recaudación”, dijo el presidente de los contratistas.

Los 730 millones licitados son un 5,4 por ciento superior a los 692 de 2016 e inferiores a los 788 de 2015, un año marcado por los procesos electorales autonómicos y municipales. También destaca la cifra 1.046 millones de 2014, cuando la crisis afectó a las inversiones de las administraciones ante la necesidad de ajustar los presupuestos. No obstante, el mínimo histórico se registró en 2012, cuando se sacaron a concurso proyectos por importe de 650,3 millones.

Cambios en la contratación

El sector también confía en que la nueva Ley de Contratos del Sector Pública, aprobada en noviembre de 2017, modifique la política de la administración para incrementar su capacidad de compra. En concreto, Enrique Pascual recalcó que obliga a que se adjudique a la oferta con la mejor relación precio calidad, frente a la más barata. También pretende acabar con la corrupción con una mayor transparencia y facilita el acceso de las pymes.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Contratistas cuestionó el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), basado en la colaboración con el sector privado y que prevé invertir 5.000 millones en 20 grandes obras. A su juicio, los criterios de solvencia y las barreras para la unión de pequeñas empresas, impide a gran parte del tejido de la Comunidad acceder a estos macrocontratos que verán la luz entre 2018 y 2019.

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