De Santiago-Juárez advierte de que «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio», si no culmina el modelo de ordenación

José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta./Cacho
José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta. / Cacho

El vicepresidente de la Junta apela al diálogo en la búsqueda del interés general de los ciudadanos de Castilla y León

ICAL

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, expresó este martes el deseo de que las Cortes aprueben antes de que termine la legislatura la ley de los mapas rurales, en tramitación en las Cortes y sin el acuerdo del PSOE, y advirtió de que será Castilla y León la que pierda una «oportunidad que raramente se repetirá» en caso de que no salga adelante.

De Santiago-Juárez, que abrió la ronda en las Cortes de los consejeros para hacer balance en el ecuador de la legislatura como recoge la ley autonómica del Estatuto de los Altos Cargos, repasó el grado de cumplimiento de los nueve objetivos que se marcó su departamento y la Junta en 2015 y defendió una gestión basada en el diálogo con todos, al que llamó para el interés general ante la «deriva actual» que no favorece el desarrollo de la Comunidad.

«Ordenar el territorio siempre es difícil, pero ordenar Castilla y León es muy difícil y complicado», afirmó sobre el modelo de ordenación del territorio uno de los objetivos de legislatura, donde recordó que es un asunto de comunidad y se han aprobado en ese marco tres leyes: Ordenación, Servicios y Gobierno del Teritorio, Áreas Funcionales Estables y participación de las entidades en los tributos propios y cedidos de la Comunidad.

Para cerrar el modelo, recordó que está en tramitación la ley de los mapas rurales -este martes finaliza la cuarta prórroga- y subrayó el acuerdo de julio de 2015 con todos los grupos, excepto IU, para avanzar en la Ordenación. Sobre este proyecto, explicó que tiene informes favorables de la FRMP, Consejo de Cooperación Local, CES y se ha tenido en cuenta un elevado volumen de resoluciones del Consejo de Alcaldes del PSOE.

De Santiago-Juárez aseguró que han dialogado con todos los que han querido y «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio», a la vez que reiteró que la ordenación «no es el bálsamo de fierabrás, ni una píldora mágica que todo lo cura, pero sí puede servir para paliar algunos problemas». «Espero y deseo que antes de finalizar la legislatura seamos capaces de aprobar este proyecto, si no es así lo sentiré por la Comunidad», afirmó. «Será Castilla y León la que pierda una oportunidad que raramente se repetirá, después de seis años consensuado y cuando falta sólo el último empujón», reflexionó.

Objetivos cumplidos

Así, indicó que la Junta ha cumplido con el primer objetivo de promover una nueva reforma del Estatuto de Autonomía al elaborar el primer borrador y añadió que a partir del 10 de febrero de 2016 es responsabilidad de los grupos de las Cortes que crearon un grupo de trabajo. «Yo he pasado la ITV de reforma del Estatuto, ustedes no», aseveró, después de recordar que ya pronosticó que la situación política «lo hacía casi imposible».

Como segundo objetivo, señaló la agenda de medidas de regeneración democrática y calidad política, donde se recogió después el plan B que se tenía previsto incluir en la ahora parada reforma del Estatuto. En ese marco, se aprobaron la ley del Estatuto de los Altos Cargos -limita mandatos en la Junta- y la conocida ley de los informantes y está en las Cortes el proyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo, cuyo dictamen se ha ratificado por unanimidad en comisión. Además, reseñó el compromiso de incluir nuevos contenidos en el Portal del Gobierno Abierto.

Igualmente, apuntó al objetivo de la mejora de la Función Pública con la firma el 29 de octubre de 2015 del acuerdo marco con el compromiso de modernizar la función pública y la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos, y otro posterior en julio de 2017 para avanzar como en la cobertura de las bajas laborales. «Todo lo que es competencia de la Junta se ha recuperado», resumió, para detenerse en el recién aprobado catálogo tipo de puestos, por el que se incorporarán al concurso abierto y permanente de 2018 unas 600 plazas más.

Por otro lado, avanzó que, una vez aprobados los presupuestos, la Oferta Pública de Empleo incluirá todas las plazas de la tasa de reposición de 2017 y una parte de las de empleo temporal. Así, indicó que en una primera fase en septiembre se sacarán unas 2.600 plazas, excepto las de sanidad, para una segunda fase, a la espera de la decisión conjunta de Gobierno y comunidades autónomas.

Alianza con las autonomías

No se ha aprobado la cartera común y homogénea de las mancomunidades de interés general rurales, pero subrayó el avance en la mejora de la gobernanza y la financiación local, cuyo objetivo en el periodo 2015-2019 es la aportación de 250 millones a la Cooperación Económica General. También, se centró en los acuerdos con las autonomías limítrofes, que han facilitado a 260.000 ciudadanos acudir a los hospitales más cercanos a su lugar de residencia.

En ese marco de alianzas, está pendiente la firma con Cantabria donde hay acuerdos puntuales en varias materias pero no en el área de sanidad que incluya la utilización del Hospital Tres Mares. «Pero lo vamos a seguir intentando», apostilló, para dar cuenta de las relaciones con Portugal a través de las comunidades de trabajo con 48 proyectos aprobados de Castilla y León con una financiación de 28 millones de euros.

Otro ámbito es la Macrorregión Resoe, que ha decidido que la Junta coordine la Estrategia Macrorregional y cuya previsión es que esté lista en enero de 2018. La II Agenda Exterior es otro de los compromiso que estimó cumplido, junto con el dictamen de retos demográficos ante el comité de las Regiones de Europa.

Por último, se refirió al plan de digitalización y modernización de las oficinas de registro, la oficina de registro virtual con la incorporación de las entidades locales, el acercamiento de la información del 012 con 725.000 consultas en 2016 y el acuerdo para simplificar y reducir cargas en la administración.

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