Responsables de Biovent apuntan a directores generales y al EREN como la voz de la Junta que exigía tener socios locales en el negocio eólico

Responsables de Biovent apuntan a directores generales y al EREN como la voz de la Junta que exigía tener socios locales en el negocio eólico

También reconocen que se trata de una práctica habitual en otras comunidades autónomas

ICAL

Directivos de Biovent apuntaron este miércoles a directores generales y responsables del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) como la voz de la Junta de Castilla y León que exigía a las empresas interesadas en instalar parques eólicos en la Comunidad contar con socios locales en su accionariado.

Tanto Xavier Viteri, como Pedro Barriuso, responsables de Biovent, que prestaron declaración como investigados ante el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, resaltaron que ellos mantuvieron reuniones con el entonces consejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, y con su mano derecha en la consejería, el exviceconsejero Rafael Delgado, dentro de la “normalidad institucional” y en las que no se planteó la exigencia de contar con socios locales para acceder al negocio eólico, según confirmaron a la Agencia Ical fuentes judiciales.

El abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, puntualizó a la salida de los juzgados que estos directivos, como ya hicieran otros responsables de empresas que instalaron parques eólicos, apuntaron a directores generales de la Consejería de Economía y a funcionarios y responsables del EREN como los encargados de plantear la exigencia del socio local.

Además, Martínez indicó que el propio Barriuso reconoció que la entrada de socios locales en el accionariado era una práctica que sólo provocaba una reducción de beneficios. En este sentido, el abogado de Ecologistas en Acción argumentó que aunque las empresas asumieron esta práctica, se trata de una ilegalidad. “Las propias empresas son víctimas de un chantaje que parecen aceptar. Estamos ante una forma de actuar que se repite en otras conocidas tramas a nivel nacional”, apuntó.

En la jornada de este miércoles también declaró como investigado Rafael Icaza, responsable de Ibercyl y técnico de control de negocio, que apuntó que las operaciones de compra de las participaciones de los socios locales una vez que el parque eólico estaba en funcionamiento se realizó de forma legal, y de acuerdo a los precios de mercado.

Por otra parte, el letrado se mostró convencido de que el fallecimiento de Tomás Villanueva no provocará ningún retraso ni modificación del proceso.

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