Podemos demanda la creación de un cuerpo público de bomberos con base comarcal en Castilla y León

A su vez, el objetivo de la formación política morada pasa por la salvaguarda de las situaciones de los actuales empleados públicos que se adscriban a la red profesional autonómica de bomberos, donde como una de los principales objetivos figura el incrementar progresivamente el personal anti incendios. «Es preciso mantener un diálogo permanente con las plataformas y organizaciones representativas de los bomberos de Castilla y León para la óptima implementación de las anteriores iniciativas», concretaron desde Podemos.

Además, aseguraron que desde 2007, cuando se aprobó la Ley de Protección Ciudadana donde se contemplaba el impulso de unos servicios de emergencias amparados en el Estatuto de Autonomía, la Junta no ha creado un cuerpo público y profesional, desarrollado el estatuto del bombero o reconocido la profesión con una denominación propia. Nadie se imagina que tuviésemos una policía mitad pública y mitad privada, con algunos funcionarios y muchos voluntarios velando por la seguridad y, sin embargo, eso es lo que ocurre con los bomberos. El de la Junta es un modelo medio privado medio voluntario, que no cubre el alto nivel de riesgo que se puede producir», explicaron.

Los procuradores de Podemos agregaron al respecto que mientras que un servicio integral público y profesional como el de Valladolid -con cinco parques para toda la provincia, 91 bomberos, todos ellos funcionarios y una cobertura de todos los rincones en 20 minutos, cuesta 4,8 millones- el PP tiene como modelo el servicio privado para León que,contaría con 75 bomberos, de los cuales solo serían profesionales públicos y seis parques con un coste de más de 8 millones. «Así se evidencia que lo público no solo es más eficiente sino también más barato», enfatizaron.

En opinión de Podemos, los servicios de prevención y extinción de incendios de Castilla y León adolecen de numerosos problemas, algo que la plataforma y diversas organizaciones profesionales del sector han denunciado reiteradamente. «Faltan medios personales y materiales para hacer frente a las labores de extinción. El actual régimen dual, articulado en torno a los servicios municipales obligatorios en los grandes municipios y la actuación residual de las diputaciones provinciales no responde satisfactoriamente a la singularidad geográfica de Castilla y León y, en particular, redunda en una deficiente atención a los pequeños municipios», consideró.

Para la formación política morada, la organización de los servicios de prevención y extinción de incendios de la Comunidad se caracteriza por una «excesiva fragmentación» de las modalidades de prestación. «Por un lado, la privatización de algunos servicios y el recurso abusivo al voluntariado merman la cohesión del sistema y precarizan las condiciones de trabajo del personal. Por otro, Castilla y León carece de un instrumento de ordenación que evite la rígida compartimentación de los servicios de prevención y extinción de los incendios urbanos y forestales», concluyó.