Del Olmo destaca que el importe en gasto social roza el récord como «seña de identidad» de los gobiernos de Herrera

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda./Margareto
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda. / Margareto

La consejera insiste en la necesidad de un nuevo modelo de financiación para que “no haya españoles de primera y de segunda en el acceso a los principales servicios públicos”

ICAL

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, destacó este martes que las consejerías sociales absorberán 6.606 millones de euros de las cuentas de la Comunidad en 2018, el segundo importe más alto de la historia presupuestaria de la Comunidad, sólo superado en cinco millones de 2010, aunque ese año representaba el 71,7 por ciento del gasto no financiero de las consejerías y «hoy roza el 80 por ciento».

Del Olmo precisó que con la recuperación económica y de ingresos, desde 2014 el gasto no financiero de las consejerías aumenta en 1.020 millones, de los que Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades se llevan 803 millones. «La gran prioridad, la seña de identidad de los sucesivos gobiernos del presidente Herrera, son las políticas sociales», sentenció durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes para presentar el proyecto de presupuestos de la Junta para el año que viene.

La consejera insistió en que las entregas a cuenta del Gobierno, aunque crecen un 6,2 por ciento para el 2018, todavía no cubren el gasto social de Castilla y León, con 126,1 millones por debajo, por lo que exigió de nuevo «un modelo de financiación autonómica que cubra esas necesidades esenciales y que garantice que no haya españoles de primera y españoles de segunda en el acceso a los principales servicios públicos».

Pilar del Olmo incidió en que esta razón «se refuerza año a año» con el análisis de la evolución de las liquidaciones definitivas de un sistema de financiación negativo para Castilla y León, que con los datos de 2009 a 2015 pierde peso respecto al anterior sistema, en torno al diez por ciento por «los errores del diseño del modelo que venimos denunciando».

Del Olmo desgranó las cuentas más elevadas de la historia dotadas con 10.859,2 millones de euros, con un aumento del 5,5 por ciento, impulsado sobre todo por el gasto financiero, que supondrá operaciones por el calendario de vencimientos, por 1.187,5 millones de euros, con un aumento del 26,9 por ciento. Las operaciones no financieras sumarán 9.577,5 millones de euros, un 3,6 por ciento más que este año; y las consejería manejarán de esa cuantía, un global de 8.333,4 millones, con un avance del cuatro por ciento.

Pilar del Olmo concretó que junto al gasto social, las otras dos grandes prioridades serán la consolidación de la recuperación económica y el empleo de calidad junto al fortalecimiento de Castilla y León como Comunidad. En este sentido, resaltó el carácter inversor de los presupuestos, que prevén créditos por 620,7 millones en estas operaciones, «con un importante incremento del 16,7 por ciento, consolidando así el crecimiento iniciado en 2014. Asimismo, constató que las políticas de empleo asumirán 304,5 millones de euros, con un crecimiento del 4,2 por ciento.

Del Olmo también ensalzó que el gasto en ciencia y tecnología asumirá 236 millones, con un aumento del siete por ciento, el 2,8 por ciento del gasto no financiero de las consejerías. En cuanto a la cohesión territorial, recalcó los 296,3 millones para la cooperación con los municipios, un 2,3 por ciento más que este año; los 19,9 millones para el programa de dinamización de los municipios mineros, y los 36,8 para el de Soria. En esta materia, también subrayó que en el articulado de la ley de presupuestos se incorporar una disposición adicional, con una reserva de 25 millones de euros para financiar el plan de convergencia interior «una vez se aprueben las áreas funcionales y estratégicas» dentro del proceso de ordenación del territorio.

La consejera también valoró los nuevos beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones para víctimas del terrorismo y de violencia de género e insistió en que se mantiene para el próximo años los beneficios, con un impacto de 294 millones en el bolsillo de los contribuyentes.

Por último, se refirió al esfuerzo de la Junta para reducir el sector público instrumental, que si en 2010 tenía siete empresas públicas, en 2018 sólo contará con una (Somacyl); y las fundaciones se habrán reducido de 13 a nueve.

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