Las mujeres son minoría aún en los escaños y órganos de decisión política de Castilla y León

Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, junto a los presidentes del CES, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo y el Procurador del Común/Ramón Gómez
Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, junto a los presidentes del CES, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo y el Procurador del Común / Ramón Gómez

La fotografía autonómica de empoderamiento político femenino muestra avances, pero no paridad real, en unas Cortes que han pasado de 3 a 34 procuradoras y un déficit de alcaldesas y mujeres altos cargos en la Junta y los consejos

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

Hace apenas dos meses fallecía en Palencia Aurora Merchán, una de las tres pioneras que abrieron camino en 1983 en unas Cortes autonómicas en las que se sentaban 81 parlamentarios varones. Han pasado 35 años y las mujeres han ganado presencia en los órganos de decisión política de Castilla y León, pero la paridad real es todavía una meta por alcanzar.

Esa es la conclusión que arroja el repaso a los indicadores y estadísticas que aplican la perspectiva de género a órganos como las Cortes de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta y el organigrama de sus altos cargos, los ayuntamientos o el reparto de escaños que eligen los ciudadanos de la comunidad en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Aquel trío de procuradoras (las tres del PSOE) en las Cortes que iniciaron el rodaje de la etapa autonómica ha crecido hasta llegar a las 34 que se sientan actualmente en un hemiciclo con 84 escaños ocupados. Son el 40,5% de una Cámara en la que la Mesa de las Cortes sí es totalmente paritaria. Hay tres mujeres y tres hombres en el órgano de gobierno de un parlamento que preside la segoviana Silvia Clemente, a la que dio el relevo en esa responsabilidad otra compañera de partido, la salmantina Josefa García Cirac, primera mujer en presidir el Legislativo autonómico. Podemos es el único grupo de las Cortes con más presencia femenina que masculina. En una bancada de diez, seis son procuradoras.

El 70% de la plantilla de la Junta son mujeres, pero solamente ocupan el 22% de los despachos de altos cargos

Las cifras de las Cortes encajan en las exigencias que marca la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que promovió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que implantaba las listas paritarias.

La Ley de Igualdad modificó la legislación electoral para hacer obligatorias las candidaturas con una representación por género con un mínimo del 40% y un máximo de 60%. Para atajar la tentación de que los varones coparan los primeros puestos y los partidos situaran a las mujeres en aquellos sin posibilidad de tocar escaño, la ley obligaba a cumplir esa regla de porcentajes cada tramo de cinco aspirantes. Recién publicada en el Boletín Oficial del Estado se aplicó en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. En el último caso, en las localidades de más de 5.000 habitantes, y se extendió a las de más de 3.000 en los comicios de 2011.

El porcentaje de alcaldesas en Castilla y León es tres puntos inferior a la media del país. De las nueve capitales de provincia, solamente Segovia tiene regidora

La regulación de Rodríguez Zapatero ha consolidado la presencia de mujeres en los parlamentos y en los ayuntamientos de ciudades, municipios urbanos y cabeceras de comarca. En los consistorios de Castilla y León tuvo un efecto tractor menor que en otros territorios por el número y el tamaño de las localidades. Muchas y la mayoría por debajo de los 500 habitantes. De los 2.248 municipios que integran el mapa autonómico, solamente en 91 de más de 3.000 habitantes fueron obligatorias las listas paritarias en 2011.

La situación actual, según los datos del Instituto de la Mujer que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, refleja un avance en el número de alcaldesas en la comunidad, pero por detrás de la media española. Uno de cada cuatro ayuntamientos del país abre cada mañana sus puertas en Castilla y León (2.248 de 8.124) y son 365 los que tienen a una mujer empuñando la bastón de mando. El 16,3%, lo que sitúa a la región casi tres puntos por debajo de la media española, con 1.550 alcaldesas que suponen el 19,1% de los regidores.

De las nueve capitales de provincia de la comunidad, solo Segovia tiene al frente de su Consistorio a una mujer, la socialista Clara Luquero; aunque en los seis municipios de más de 20.000 habitantes hay cinco regidoras, del PP en Ponferrada y Aranda de Duero y del PSOE en Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y Medina del Campo.

Porcentajes menores en responsabilidad de la mujer en los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad que a nivel nacional y que ni siquiera se reflejan en el órgano de gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) que preside Alfonso Polanco, alcalde de Palencia. Entre los once dirigentes de administraciones locales que componen su Comisión del Gobierno solamente hay una mujer, Aitana Hernando, regidora de Miranda de Ebro (el 9,1%).

Subir el peldaño de las administraciones locales a la autonómica con el filtro de la perspectiva de género supone encontrar en la Junta un Consejo de Gobierno que inició la legislatura con equilibrio medido entre hombres y mujeres. Juan Vicente Herrera destacó esa condición paritaria de su último Ejecutivo. Juraron el cargo cuatro consejeros y un presidente y cuatro consejeras y una vicepresidenta, en un gabinete que en la actualidad presenta una proporción de seis a cuatro a favor de los varones tras la dimisión de Rosa Valdeón en septiembre de 2016.

El primer escalafón de la Junta de Castilla y León aprueba en paridad, pero no lo hace el siguiente. Sumando viceconsejeros, secretarios generales, gerentes y directores generales, el organigrama autonómico que encabeza Juan Vicente Herrera asciende a 90 altos cargos, de los que 70 son hombres y 20 mujeres (el 22,2%).

Ese reparto porcentual es inversamente proporcional a la composición de la plantilla de la Junta, con un 70% de mujeres, según destacó el pasado jueves Milagros Marcos, portavoz del Gobierno autonómico. Eso, sin incorporar a esa nómina de altos cargos a los nueve delegados territoriales en las provincias, todos varones. El porcentaje de presencia de mujeres en los despachos de la Junta donde se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos en asuntos tan sensibles como la atención sanitaria, educativa, a los dependientes o las carreteras que se arreglan, medidas fiscales por las que tributan los ciudadanos o qué se subvenciona y qué no baja al 20%.

Al frente de la Delegación del Gobierno que representa en Castilla y León al Ejecutivo de Mariano Rajoy está María José Salgueiro, que en 2002 puso en marcha el Consejo Consultivo autonómico como presidenta de ese órgano de control de la legalidad de la normativa autonómica. La foto de familia en la delegada del Gobierno con los nueve subdelegados (los antaño gobernadores civiles) pasa la prueba del algodón paritario. Hay cuatro subdelegadas en Segovia, León, Soria y Ávila.

No es así en la institución que puso en marcha María José Salgueiro. A lo largo de la historia del Consejo Consultivo, que ahora preside Mario Amilivia, ella ha sido la única mujer consejera. Los tres actuales son varones, como también son hombres los responsables del Consejo de Cuentas, organismo encargado controlar el buen uso de los euros públicos y la limpieza de la contratación por parte de las administraciones de Castilla y León y que preside Jesús Encabo. Tampoco ninguna mujer se ha sentado en este otro consejo institucional.

Las dos ‘casas’ restantes de esta ‘comunidad de vecinos’ institucional son el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social y tienen dos varones al frente de las mismas. Javier Amoedo y Germán Barrios. La de Defensor autonómico es una institución con cargo unipersonal. En el CES, Barrios preside un pleno de 36 consejeros con nueve mujeres (25%), con presencia minoritaria en las comisiones de trabajo de Economía y de Mercado Laboral y mayoritaria (cinco de nueve miembros) en la de Calidad de Vida y Protección Social, áreas más feminizadas en la vida cotidiana y en los órganos de toma de decisiones: ministerios, consejerías, concejalías...

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