Alejandro Menéndez focaliza en las instituciones locales el fracaso de la fusión de cajas

Alejandro Menéndez atiende a las preguntas de los portavoces
Alejandro Menéndez atiende a las preguntas de los portavoces. / A. MINGUEZA

El catedrático, primer experto en la comisión de las Cortes, exculpa a la Junta de la crisis de las entidades de ahorro

M. J. PASCUAL

El catedrático de Derecho Tributario y Financiero Alejandro Menéndez Moreno inauguró ayer las comparecencias de expertos en la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro de Castilla y León advirtiendo de entrada a sus señorías que, en ningún caso, sus respuestas entrarían en colisión con el procedimiento judicial en marcha y que tampoco contestaría en su actual calidad de miembro del consejo de administración de Unicaja. Pero no eludió ninguna de las preguntas de los portavoces, ni siquiera las más incisivas, procedentes de José Sarrión, del Grupo Mixto, quien fue el primero en el turno y enunció su cuestionario en torno a la responsabilidad de los consejos de administración de Caja España y Caja Duero respecto de la concesión de créditos y avales millonarios de alto riesgo a directivos de esas entidades. Menéndez, que insistió en que el caso está «sub iúdice» subrayó, no obstante, que el Banco de España «nunca levantó una infracción a la entidad, ni la Caja fue sancionada en toda su trayectoria».

El experto, que contextualizó la crisis de de las cajas de ahorro de Castilla y León en el marco general de la explosión, en 2007, de la burbuja inmobiliaria sobre la que se asentaba básicamente la actividad financiera en España, subrayó respecto de la frustrada fusión del «músculo financiero» de Castilla y León que, de haberse producido, «habría tenido posibilidades, pues habría sido antes de la crisis; la concentración bancaria es un hecho ahora mismo. Pero las instituciones locales lo impidieron», respondió a Óscar Álvarez, del Grupo Socialista. Afinó un poco más cuando, con insistencia, tanto el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), el vicepresidente, Pablo Fernández (Podemos) y el también socialista José Ignacio Martín Benito, le pidieron que puntualizase sobre si esas «instituciones locales eran diputaciones o ayuntamientos». Sin concretar, sí señaló que el empeño de la Consejería de Hacienda de la Junta, los grupos políticos de las Cortes, los empresarios y los sindicatos para que se creara una sola entidad financiera de Castilla y León topó con esos intereses localistas, «que quiero pensar que estaban relacionados con el temor a perder el control directo de la obra social de las cajas», apostilló. También indicó que la Junta no podría haber hecho más de lo que hizo para vencer esa resistencia, debido a la autonomía decisoria de los propios órganos de dirección de las cajas.

Banco de España

Todos los grupos, también el PP, que estuvo representado por María Isabel Blanco Llamas y José Manuel Fernández Santiago, trataron de delimitar con sus preguntas las responsabilidades que confluyeron en la crisis de las cajas y, por ende, del desplome general del sistema financiero. El catedrático de la Universidad de Valladolid lo dijo de mil maneras: había que mirar hacia las Administraciones del Estado, principalmente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no hacia la Junta, aunque tenga competencias «de funcionamiento e institucionales en las cajas» que le otorga el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cajas. «En el funcionamiento del negocio bancario, en el operar técnico, la responsabilidad es del Banco de España. Y de las autoridades del Estado».

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