Los juzgados de la comunidad ven casi 3.000 delitos de tráfico al año

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey (d), entrega la Memoria 2017 a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. / El Norte

Los fiscales anotan que los casos contra la seguridad vial superan ya las causas por infracciones contra el patrimonio

M. J. PASCUALValladolid

En una comunidad donde el índice de criminalidad se mantiene desde hace décadas entre los más bajos de España y en la que los grandes delitos son una excepción, han sido las infracciones contra la propiedad (hurtos, robos con fuerza, estafas, apropiaciones indebidas) las que han copado la actividad de los juzgados de Castilla y León... hasta que los delitos relacionados con la seguridad vial les han quitado el primer puesto en el 'ránking'. Según apunta la Memoria Fiscal de 2017, elaborada con datos estadísticos de la anualidad anterior, los asuntos por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas o sin el carné han superado a los delitos contra el patrimonio en el número de asuntos que son calificados por los fiscales de Castilla y León y, por tanto, que llegan a juicio. La mayoría de las sentencias en estos casos se alcanzan por conformidad de las partes y los pleitos se resuelven en los denominados juicios rápidos. La media de asuntos contra la seguridad vial que los fiscales califican en un año se acerca casi a los tres mil. Le siguen los desbancados delitos contra el patrimonio y, en tercer lugar del ‘ránking’ de la criminalidad que llega al banquillo figuran los delitos de lesiones.

Así, fueron los delitos cometidos contra la seguridad en el tráfico los más numerosos en la actividad corriente de los juzgados (2.970 casos calificados), seguidos de los delitos contra el patrimonio (2.563) y los delitos de lesiones, en los que se incluyen los relacionados con violencia de género y doméstica (2.035).

La preocupación de la Fiscalía por una estadística creciente de delincuencia vial con resultado de accidentes con muertes y lesiones graves llevó hace diez años al ministerio público a crear una especialidad en seguridad vial, con un fiscal delegado en cada provincia cuyo cometido es velar, sobre todo, por los derechos de las víctimas de los accidentes de tráfico. Durante 2016 se calificaron un total de 2.970 delitos contra la seguridad vial, frente a los 3.214 del año anterior, y los jueces dictaron 3.060 sentencias sobre accidentes de tráfico. Como en el resto de asuntos que entraron en los juzgados, también en este tipo de infracciones se mantiene la tendencia descendente de los últimos años.

Sin embargo, puntualiza la memoria de la Fiscalía, la estadística no se corresponde exactamente con el número de infracciones que ocurren en todos los campos, pues no todas llegan a la sede judicial desde que se despenalizaron las faltas y, especialmente, desde que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) estableció que los atestados policiales sobre delitos sin autor conocido no ‘inundaran’ los juzgados, pues su destino previsible era el archivo.

Desde 2015 no llegan a los juzgados atestados policiales por delitos sin autor conocido, lo que ha incidido en la estadística de infracciones contra la propiedad, que se ha reducido de forma exponencial

Como en las estadísticas anteriores sobre accidentes de tráfico, la mayor parte de los procesos abiertos el pasado año fueron por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (artículo 379.2 del Código Penal) y, en concreto, por dar positivo en la prueba de alcoholemia, con una tasa superior a la objetivada, superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 1,2 gramos por litro de sangre. Por este delito se calificaron 1.903 procedimientos y se dictaron 1.966 sentencias (64,2%), frente a las 2.193 del año 2015. Le sigue el delito de conducción sin permiso (853 calificaciones y 883 sentencias, el 28,9%). El resto de procedimientos, a mucha mayor distancia, fueron por conducción temeraria, negativa a hacerse la prueba de alcohol o drogas y, en menor medida, el exceso de velocidad, con 52 casos y 53 sentencias.

Los más graves

Entre las resoluciones de especial interés sobre los delitos contra la seguridad en el tráfico, se destaca en la memoria fiscal las dos investigaciones sobre tres accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Ávila y que tuvieron gran repercusión social y mediática. Curiosamente, en ninguno de estos tres casos el conductor estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Fueron, según los autos judiciales, despistes, imprudencias o se quedaron dormidos al volante .

El procedimiento 756/2016 del Juzgado número 2 de Ávila, por un siniestro en el que fallecieron tres personas y cinco sufrieron heridas graves. La dificultad añadida de estas diligencias, explica el fiscal, «es que todas las víctimas son de nacionalidad rumana que trabajaban aquí temporalmente, lo que supuesto tener que remitir comisiones rogatorias al país de origen para buscar familiares y averiguar sus circunstancias personales para aplicar el baremo de indemnizaciones». Entre otras medidas, se solicitó la privación cautelar del derecho a conducir de la mujer que llevaba el vehículo en el que viajaban las víctimas.

Las diligencias del otro accidente de tráfico, que se produjo en febrero de 2012, se siguieron en el Juzgado Mixto de Arévalo. La sentencia final, de junio de 2016, condenó a dos años de prisión al conductor del transporte escolar por un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y siete de lesiones por imprudencia grave.

El tercero de los siniestros más graves registrados en la estadística fiscal ocurrió en 2013 en Tornadizos y que fue juzgado el pasado mes de junio. Murieron nueve pasajeros de un autobús y 22 resultaron heridos. El fiscal, en sus calificaciones finales, rebajó la petición de pena inicial y pidió dos años y medio para el chófer.

Los procedimientos que han pasado a un segundo plano desde 2015 en lo que a número se refiere son los delitos contra la propiedad. Si la bajada media en el volumen global de asuntos que entraron en los juzgados el pasado año está en torno al 50%, la criminalidad relacionada con hurtos, robos con fuerza, estafas y apropiaciones indebidas habría descendido hasta el 80%.

Este tipo de delincuencia ya no es el más numeroso en cuanto a incoaciones, pues es el que se ha visto más afectado por la reforma de la LECrim de 2015. El total de procedimientos tramitados por delitos contra el patrimonio el año pasado fue de 19.794, mientras que en la anualidad anterior el volumen fue de 82.229 asuntos. Pero es mucho menor la cifra que finalmente llega a juicio. Los fiscales calificaron 2.562 asuntos y los jueces pusieron 1.903 sentencias, la mayoría, por el delito de robo con fuerza en las cosas (550 calificaciones y 453 sentencias), seguido de los hurtos (475 escritos de acusación y 393 sentencias). Les siguen los robos con intimidación y los robos con fuerza en casa habitada.

Respecto de las lesiones, son los procedimientos más numerosos y se engloban en los delitos contra la vida y la integridad. Destaca la Fiscalía que existe en los datos una enorme diferencia entre los expedientes que se abren y los que finalmente desemboca en calificaciones del fiscal para ir a juicio, tan solo el 6%. De esta forma, se abrieron 33.912 procedimientos por lesiones, pero solo se calificaron 2.035. «Esta llamativa desproporción obedece a un defecto en los registros y también es frecuente que un mismo hecho origine varias diligencias que luego se acumulan en un solo procedimiento, lo que deja un rastro estadístico sobredimensionado», explica.

Dos años hasta la sentencia

El ministerio público contabiliza también en la Memoria los tiempos medios desde que un asunto llega al juzgado hasta que terminan las diligencias, se califican los hechos, se señala el juicio y se pronuncia sentencia. El tiempo medio es de dos años, de forma que es raro que un procedimiento, a no ser que se tramite por la vía de urgencia, se vea en el mismo año de entrada en el juzgado. En concreto, señala la memoria, desde que se incoa un asunto hasta que se califica pasan 270,34 días, y desde que se califica hasta que se señala discurren, de media, 308,79 días. De esta forma, desde que entra un expediente hasta que se señala el juicio pasan una media de 579,13 días.

Tampoco ha mejorado el porcentaje de suspensiones de juicios, un problema que ya se apuntaba en la anterior memoria de la Fiscalía. Los fiscales de Castilla y León asistieron a 14.619 juicios. Del total de los señalados, se suspendieron 4.560, «un índice elevado que impacta negativamente tanto en la organización judicial como en víctimas, acusados y testigos», se indica. En los juzgados de lo penal el índice de suspensiones alcanza el 38,4%, aunque muchas veces ocurre la suspensión antes de que se produzcan las citaciones. Pero la causa frecuente es la incomparecencia de imputados, testigos o peritos, «a veces por propia voluntad y otras, por fallos en los servicios de citaciones».

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