La Junta ve «poco margen» para el recurso en el Supremo sobre las unidades de gestión clínica

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, en los pasillos del edificio de las Cortes. /Miriam Chacón
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, en los pasillos del edificio de las Cortes. / Miriam Chacón

El leonés Manuel Mitadiel (Ciudadanos) augura una «patada» hacia delante y Podemos pide que no se enmascare la sentencia

ICAL

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, admitió que la Junta ve “poco margen” para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia contra la orden que permite crear unidades de gestión clínica. No obstante, los servicios jurídicos estudian esta posibilidad ante las discrepancias con su contenido por lo que el Ejecutivo no prevé aplicar el fallo hasta que sea firme.

Sáez Aguado contestó en la sesión control al Ejecutivo del pleno de las Cortes a dos preguntas sobre esta cuestión formuladas por el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel y la procuradora de Podemos Isabel Muñoz. El titular de Sanidad aseguró que su departamento consultará sobre la posición de los profesionales que se han sumado al modelo de gestión clínica, como la de Cardiología de Salamanca, que recordó cuenta con 27 médicos, 25 profesionales de enfermería, diez auxiliares y tres administrativos.

El consejero advirtió ante las críticas de Ciudadanos y Podemos de que el Supremo ya corrigió en el pasado los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León sobre las jubilaciones (27). “No sabemos qué hacer” en este momento, reconoció Sáez Aguado, quien recalcó que la sentencia se aplicará cuando adquiera firmeza, aunque recordó que algunos grupos le han pedido que no las cumplan y que se salten las normas.

El parlamentario ‘naranja’ Manuel Mitadiel avanzó que la Junta seguirá la teoría del rugby de “patada” hacia delante y “a seguir”. Se mostró convencido de que Sanidad recurrirá el fallo para dilatar los tiempos, lo que en general advirtió le genera costes a las arcas públicas. En su opinión, todo obedece a que han “perdido el rumbo”, “que no saben a donde van” por lo que se dedican a “apagar fuegos”. “No tienen proyecto”, dijo y agregó “andan sin rumbo”.

También Mitadiel rechazó que la sentencia se deba a un problema formal, una explicación en su opinión habitual, por lo que aseguró: “Aquello de que nos tienen manía no nos vale”. Sáez Aguado explicó que la Junta tiene discrepancias con el contenido de la sentencia puesto que argumentó que las unidades abordan cuestiones clínicas, que no deben a su juicio ser tratadas por la negociación sindical, que por el contrario, dijo, se encarga de las cuestiones retributivas, salariales o laborales.

Enmascarar

Ante las palabras de Isabel Muñoz, el consejero de Sanidad insistió en que se acatará el fallo cuando sea firme, por lo que el modelo se mantendrá hasta entonces. “No se anuló el decreto sobre la existencia de las unidades de gestión clínica si no una orden por la que se crearon”, aclaró a la procuradora de Podemos que preguntó sobre la valoración que hace el Gobierno en torno al fallo judicial contrario.

“La orden sigue en vigor y está avalada por los propios criterios de la sala y, aunque no se comparten los motivos expuestos, cuando el fallo sea firme se acatará”, añadió en su exposición el consejero.

Por su parte, Isabel Muñoz pidió que “no se enmascare” la sentencia y expuso que su contenido denota “la falta de credibilidad de la gestión sanitaria” en la Comunidad. “Ustedes actuaron de espaldas a los sindicatos, colectivos sociales y profesionales sanitarios. Hacen trampas y faltan a las transparencia y menosprecian derechos laborales. No nos inventamos nada y no hay que ampararse en que se es más eficaz cuando no se incrementan los costes existentes y los estimados en las nuevas funciones de los profesionales”, indicó.

“Han quedado retratados y entienden así la gestión de lo público cuando están unidades tienen los indicadores propios de una gestión privada y no se respeta a quien se deja la piel en la sanidad pública. Parece evidente que se acabarán convirtiendo en cortijos privados y más cuando hay directivos sanitarios en ellas”, consideró la procuradora socialista.

Sáez Aguado consideró que en la sentencia no se habla de “desprecios a la sanidad pública y esa es una conclusión del PSOE”. Igualmente, expuso que los cientos profesionales que han optado por constituirse en unidades de gestión pública lo han hecho “para obtener mejores resultados” y añadió que no entiende que en una mesa de negociación sindical se “tenga que analizar el cálculo de los pacientes que tienen nivel alto de glucosa por que no es lo adecuado”.

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