Junta y agentes sociales estudian «sacar de las capitales» la formación para el empleo

Carmen Álvarez (C), de UGT y el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo (D)./Ordóñez
Carmen Álvarez (C), de UGT y el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo (D). / Ordóñez

CCOO y UGT exigen al Ejecutivo que ejerza sus competencias sobre la formación bonificada, el aprovechamiento de centros públicos y la potenciación de los certificados de profesionalidad

ICAL

El futuro decreto que regulará, articulará y ordenará de forma conjunta y homogénea todo el sistema de formación para el empleo de Castilla y León, incluirá una lista de instrumentos para garantizar su funcionamiento. En este sentido, Junta y agentes sociales estudian cómo «sacar de las capitales» la formación para que llegue de forma efectiva al medio rural y analizan la puesta en marcha de aulas móviles; la acreditación de centros educativos públicos en los pueblos y el desarrollo de la teleformación, como se recoge en la propuesta de base de la negociación emanada de CCOO y UGT en la Comunidad.

La secretaria de Formación de CCOO en la Comunidad, Carmen Álvarez, destacó a Ical, que la formación «ya no se hace fuera de las capitales de provincia» y sería conveniente al menos permitir que los centros puedan «arrastrar» la acreditación aunque sólo sea de un módulo a lugares autorizados en los pueblos. «No es fácil pero en Castilla y León habría que intentarlo», dijo a Ical.

Asimismo, recordó que es preciso regular la teleformación, ya que tras las últimas sentencias cualquier autonomía puede acreditar centros que se encarguen de la misma. El reto es el uso de las nuevas tecnologías como medio para llegar a todos los puntos de la geografía regional con la formación para el empleo, pero sin olvidar que está la dificultad, dijo, de la falta de homogeneidad entre las autonomías, por lo que sería preciso un consenso nacional para que los programas presenten los mismos requisitos allí donde se acometan.

«Un problema de la formación para el empleo es que mucha de su regulación corresponde a las comunidades autónomas, sin criterios ni directrices comunes, cada una al ritmo que decide, y sin presupuesto desde el Estado, más allá de las partidas para financiar subvenciones, por lo que acaba habiendo un modelo, en general precario, en cada Comunidad, lo que perjudica mucho la credibilidad y la fiabilidad de la formación laboral», lamentó.

Detalles del texto normativo

Cabe recordar que la mesa donde se negocia el texto normativo, se acordó dentro de los acuerdos del Consejo del Diálogo Social que se suscribieron el pasado día 18 de febrero. La primera reunión de la mesa de negociación se produjo a comienzos de marzo y las partes se han dado tres meses de negociación. «Es una batería muy extensa de materias, no creo que nos dé tiempo a acabar, pero es preferible prolongar un poco ese plazo y tratar en profundidad todos los temas. La formación es un derecho de las personas y un derecho laboral, y hay mucho trabajo pendiente, también desde el ámbito autonómico, para hacer realidad ese derecho», defendió Álvarez, quien agregó que el objetivo es lograr abordar la formación para el empleo como un sistema, no como un paquete de subvenciones con distintos requisitos dependiendo del programa.

Los instrumentos para la formación serán con carácter general los centros propios; los de referencia nacional y los integrados de FP, así como las entidades de formación con oferta presencial y en modalidad de teleformación.

El apartado de instrumentos también incluye el fichero de especialidades de formación para el empleo, incluidos los certificados de profesionalidad. Este fichero estaría coordinado con el Estatal, aunque podría incluir especialidades propias y debe servir como instrumento de ordenación y difusión en Castilla y León de esta oferta entre los trabajadores, los operadores de formación y las empresas. «Algo que falta hoy por hoy», dijo.

Asimismo, la propuesta apuesta por un fichero de expertos para la impartición de certificados de profesionalidad por centros públicos, adecuado a la situación y a las necesidades actuales. Asevera el texto base que es preciso un reconocimiento con el rango normativo adecuado de la incorporación al fichero de los expertos del ámbito educativo y del profesorado de la FP.

Álvarez indicó que es «imprescindible» que la formación profesional educativa, aprovechando su «extensa y solvente» red, incorpore la oferta de certificados como complemento de la de títulos y extienda así la formación laboral para quien la necesite.

Sin embargo, denunció en este sentido, que en cada provincia las gerencias del ECyL tienen criterios variables en la configuración de las bolsas de expertos, lo que constituye un «problema», y advirtió de que el modelo es «de los años 90» cuando había «muchos menos certificados». «Hay que pensar en un modelo regional, bien nutrido de expertos en todas las especialidades y permanentemente actualizado. Porque en Comunidades como la nuestra la formación con medios propios es fundamental para asegurar oferta distribución y diversidad. Y hay que fortalecer todavía mucho más estos centros y esta oferta. Es estratégico hacerlo»

Formación bonificada

La norma fijará su objeto y ámbito de aplicación; así como los fines y principios del sistema. Incluirá todas las iniciativas para el empleo, como la formación de demanda, de oferta y para desempleados. En términos globales, Álvarez apeló al aprovechamiento de los centros públicos; a impulsar el control y la calidad de la formación laboral; y a impulsar la validez de los certificados de profesionalidad, para exigir que las consejerías que programen cursos más allá del ECyL, que impulsen la vía del certificado.

En cuanto a la formación de demanda, se incluye en ella la formación que organizan las empresas, incluidos los contratos formativos y los permisos individuales de formación. Alvarez exigió a la Junta que ejerza sus competencias y desarrolle la ley de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, para que se cumpla el derecho estatutario de 20 horas de formación para los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa. «Para que el derecho a las 20 horas anuales de formación se cumpla, hay que movilizar a las empresas para que usen sus recursos, pero donde esa formación de la empresa no llegue o no baste, y es evidente que pymes y micropymes carecen de capacidad para organizar planes de formación, hay que tener disponible oferta para hacerlo efectivo» , resumió.

Asimismo, exigió que el ECyL ejerza sus funciones de vigilancia, seguimiento y control de la formación bonificada de las empresas de Castilla y León, y si no tiene medios suficientes que se apoye en la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl).

Y es que el documento de negociación destaca al respecto, que los sindicatos entienden que la Fafecyl, como fundación promovida por las organizaciones empresariales y sindicales con motivo de las transferencias de los fondos para la formación de ocupados desde 2004, y especializada desde su origen en materia de formación de trabajadores, debe ser la entidad colaboradora en la difusión y asesoramiento a las empresas en relación a esta formación, así como en su seguimiento. Además, el ECyL debería promover las iniciativas necesarias para facilitar y generalizar el acceso de las pymes a la formación de sus trabajadores, con medidas tales como asesoramiento e información sobre iniciativas de formación para el empleo y proveedores de formación.

Formación para ocupados y desempleados

En cuanto a la Formación de oferta para ocupados, la norma contempla todas las vías que abre la ley Estatal: sectorial, transversal, programas de cualificación y reconocimiento profesional. La propuesta apela a la participación más activa de las organizaciones empresariales y sindicales en la planificación de esta oferta. Asimismo, defienden la garantía de una oferta de acciones amplia, flexible, abierta y permanente, accesible a todos los trabajadores, cualquiera que sea su lugar de residencia.

Por último, se aborda la Formación para desempleados, FOD, los programas específicos (OFI), y la formación con compromiso de contratación. Reclaman que se regule el informe de las organizaciones empresariales y sindicales a estas ofertas.

Otras iniciativas que se regularían a través de esta norma serían los permisos Individuales de Formación; los Programas en alternancia (Programa Mixto de Empleo y Formación.); la oferta privada de certificados; y acciones de acompañamiento a la formación y otras iniciativas.

En materia de orientación profesional, la propuesta aboga, entre otros fines, por avanzar hacia un sistema integrado en los centros de FP. Asimismo, el sexto apartado se refiere a la acreditación de la experiencia profesional y la formación no formal, con la incorporación de las líneas generales de este procedimiento según está consensuado y configurado en Castilla y León.

Plan de evaluación anual

La estructura normativa también se encargaría de la calidad, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas del sistema. En este punto, se apela a la previsión de un plan anual de evaluación de la calidad, impacto y eficacia y eficiencia del sistema.

Asimismo, como se apuntó en la formación bonificada, se apuesta por el desarrollo de las competencias de la Comunidad en esta materia, con una evaluación permanente de la formación para el empleo en su ámbito que incluya al menos, justificación de la puesta en marcha de los programas: objetivos, indicadores, para seguimiento y evaluación de la formación; análisis de la inserción, mejora en el puesto y promoción profesional en su caso, derivadas de la formación….

La norma que se está impulsando también definirá la estructura organizativa y de participación del sistema de formación para el empleo en la Comunidad, con las competencias del Servicio Público de Empleo, con la delimitación de esas competencias entre los servicios centrales y provinciales. Asimismo, se definirá el papel de las organizaciones empresariales y sindicales, con la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl) como instrumento técnico de apoyo a las iniciativas.

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