El CES insiste en sostener la minería del carbón y rechaza el abandono de las cuencas leonesas:«Hay que tener corazón y razón»

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios. /Rubén Cacho
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios. / Rubén Cacho

Germán Barrios aboga por incorporar a León al Corredor Atlántico a León para combatir la despoblación, llama a los partidos a tener una visión de Comunidad para abordar la prestación de servicios a través de la ordenación del territorio y urge culminar infraestructuras, como la León-Valladolid

DAVID RODRÍGUEZ

Las Cortes de Castilla y León renovaron el pasado 11 de abril su confianza en Germán Barrios al frente del Consejo Económico y Social (CES) para un segundo mandato, y lo hicieron por unanimidad de sus 84 procuradores. Un «orgullo» pero también una «responsabilidad enorme» para este abulense que apuesta, en esta entrevista con Ical, por «internacionalizar» esta institución propia para aprender de lo que se hace bien fuera y trasladarlo a la Comunidad. Barrios defiende el CES como una institución «útil», que canaliza la participación de la sociedad y presta apoyos importantes a los representantes políticos elegidos por los ciudadanos. Un órgano «muy importante» de democracia participativa que busca propuestas y recomendaciones basadas en el «rigor técnico y en la razón».

El presidente del CES sostiene que «en la fiesta de la recuperación» debe participar toda la sociedad; apela a una lucha contra la temporalidad; y advierte de la necesidad de incorporar a la mujer al mercado laboral ante la pérdida de población activa de la Comunidad. Barrios pide a los partidos que cierren la ordenación, como base para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Asimismo, considera imprescindible implementar muchos más planes de industrialización en toda la zona sur y oeste de la Comunidad, y exige la consecución de infraestructuras al Gobierno para incorporar a todas las provincias al Corredor Atlántico, como apuesta de futuro.

-¿Cómo percibe la situación económica de Castilla y León?

Desde 2014 estamos creciendo económicamente. Es un crecimiento sostenido, es importante, y a la vez que se crece se está creando empleo. El problema es que el empleo se está asentando en la temporalidad y en la precariedad. Tenemos que hacer todos los esfuerzo posibles por crear empleo estable y de calidad.

-¿Hay que hacer un llamamiento entonces para elevar salarios y mejorar la contratación?

Estamos creciendo económicamente y en la fiesta de la recuperación tenemos que participar todos, los empresarios, con beneficios, porque son los que realmente crean empleo; pero los trabajadores también deben disfrutar de esa recuperación. Que suban los salarios lo que puedan. Si hay beneficio y aumenta la productividad, que se reparta con los trabajadores. Creo en la economía social de mercado, con un crecimiento que sirva para mejorar la calidad de vida de todos. Mejores salarios son mejores pensiones, más bienes sociales y más demanda interna.

-¿Es preciso incidir en el modelo de contratación para atajar el problema de la temporalidad?

Se está abusando del contrato temporal sin sentido, cuando tiene más beneficios fiscales y legales el indefinido. Nos hemos metido en la cultura de la temporalidad, había muchos contratos temporales antes y después de la crisis. Hoy hay casi 50 modelos distintos de contrato en España y es un jaleo para el empresario, que se vuelve loco. Lo importante es que haya un contrato indefinido, un contrato temporal causal; y también los de formación y aprendizaje. Más figuras, creo que son innecesarias.

-¿Constituye la desigualdad de género otro gran reto a afrontar los próximos años?

Hay que acabar con las brechas, primero de acceso al empleo y, segundo, en materia salarial y de la representación de la mujer en el mundo del trabajo. Dentro de unos años tendremos un problema de activos. Hoy hay 1,13 millones, pero inactivos hay casi 400.000 y son básicamente inactivas, mujeres que por falta de oportunidades o expectativas, o por vivir en el mundo rural, altamente masculinizado, no se plantean ni trabajar. Hay que pasar esas mujeres inactivas a activas e incorporarlas al mercado laboral, porque estamos perdiendo mucho talento y mucha riqueza en Castilla y León. Es importantísimo por sus efectos sobre la riqueza y el PIB.

-La despoblación constituye uno de los retos básicos para la Comunidad, sino el más importante. ¿Se está llegando tarde?

La despoblación tiene un componente a largo plazo. Hay mucha gente trabajando en este tema que no es fácil pero hay que empezar a tomar medidas y hay que hacer ya una estrategia desde arriba, desde la UE. Tenemos muy bien evaluado el problema, lo difícil es establecer las medidas necesarias.

-¿Hacia dónde cree que deben dirigirse?

Hay que trabajar en tres cosas: aportar recursos financieros a las entidades locales; garantizar servicios esenciales y de calidad en el mundo rural, fundamentalmente en educación y acceso a vivienda; y crear suelo industrial para la inversión y el empleo, con potencia eléctrica suficiente y banda ancha.

-¿La ordenación del territorio, bloqueada por disensiones políticas, puede frenar el problema en la Comunidad, con la mejora de la prestación de servicios en los pueblos?

Si queremos combatir la despoblación, el primer instrumento es ordenar el territorio. No podemos dar servicios en los 2.248 municipios, tendremos que darlos en las cabeceras de comarca, en las unidades básicas de ordenación, se llamen como se tengan que llamar, eso no es importante. Lo importante es que haya servicios esenciales y oportunidades de empleo para que la gente tenga un plan de vida.

-¿Qué mensaje enviaría a los grupos políticos?

La ordenación es básica y se tienen que sentar en un terreno neutral, con mucha visión de Comunidad. Hay que rescatar lo que está bien hecho desde hace muchos años y si hay que apostar por cambiar algún tipo de instrumento para que haya mayor consenso entre los grupos, pues adelante. La población se lo agradecerá.

-¿Cree que esa ordenación implementará también la cohesión territorial tan necesaria en Castilla y León?

La cohesión es fundamental pero para lograrla es preciso ordenar el territorio, para que cualquier zona de Castilla y León tenga los mismos servicios de calidad. Una vez ordenado el territorio será más fácil que el principio de solidaridad e igualdad, que son la cohesión social y territorial, vayan de la mano, y las provincia converjan con la media de la UE.

-¿Considera una solución los planes industriales implementados desde Junta o Gobierno para todas las zonas que están sufriendo el invierno económico y demográfico? ¿Son suficientes los definidos hasta la fecha (Miranda, Béjar y Benavente, junto al de zonas mineras y Soria)?

Todo hay que armonizarlo y hay un buen instrumento en el plan director de promoción industrial. Hay consenso en las Cortes en potenciar la industrialización para que las manufactureras lleguen al 20 por ciento en el peso del PIB. Hay que implementar muchísimas más zonas. Evidentemente hay que industrializar toda la zona sur de Castilla y León bastante más, como es Ávila, Salamanca y Zamora, la zona oeste, con León también. Hay que aprovechar también las oportunidades de lo que ya tenemos, hay que seguir potenciando Burgos, Palencia y Valladolid, que es el eje industrial y hay que bajar ese eje hasta Ávila y hacer conexión a ese eje de las otras provincias. Para esto son precisas infraestructuras, porque sino hay conectividad, accesibilidad, va a ser muy difícil que esa zonas crezcan industrialmente.

-¿Qué infraestructuras son necesarias?

Es vital hacer una 'X' al Corredor Atlántico, hay que comunicar León y Ávila a Valladolid, con buenas infraestructuras, buenas autovías, y con ferrocarril de mercancías, para que el principal eje de Europa tenga afluencias de tráfico desde los ramales de León y Ávila. Ya hay plena conectividad con Segovia, y la A-11 dará conectividad de Zamora a Soria. Ávila es una de las provincias menos industrializadas siendo un eje logístico básico. Le faltan infraestructuras básicas y estamos reivindicando la A-40, para comunicar con el Corredor Atlántico y con el Mediterráneo, con todo el Levante y todo el sureste de la península y como buen bypass a Madrid. Además, hay que terminar la A-11 y la A-60, pero con mayores presupuestos, porque son vitales para la Comunidad, y todas las conexiones de la zona leonesa con la frontera portuguesa.

-¿Faltan cosas en los Presupuestos Generales del Estado, como denunció el presidente de la Junta?

Reitero lo que dijo el presidente. Faltan cosas, evidentemente. Esta Comunidad debiera ser la primera en presupuesto de infraestructuras porque es la más extensa y donde más infraestructuras pendientes hay, porque todavía no hemos enlazado en AVE con Asturias, con Galicia, ni Burgos con la 'Y' vasca. Tenemos que ser tierra de paso, no podemos ser fondo de saco. Queda mucho pendiente.

-La mineria ha sido un fracaso, las térmicas cierran y la UE apuesta por la descarbonización. ¿Cómo vislumbra el futuro del sector y de las cuencas?

Es fundamental una transición justa para el carbón. Es verdad que hay que apostar por las renovables, pero también que Castilla y León es una de las autonomías con más reservas medioambientales y que más está aportando a la captación de CO2. No podemos abandonar a los territorios mineros de las cuencas de León y Palencia. Ahora el carbón es competitivo y aporta una reducción de precios en el mix de una importancia que hay que sostener. Hay que pensar en las personas, me parece injusto que se olvide el corazón y la razón.

-¿Qué mensaje enviaría a las compañías que han anunciado el cierre de centrales térmicas?

Hay que tener corazón y razón. Iberdrola, a la que está tierra aporta muchísimo en producción a través de las renovables, debe tener también un compromiso con los ciudadanos.

-La financiación autonómica también será un gran caballo de batalla para la Comunidad, aunque todo apunta a que sufrirá un fuerte retraso ante la agenda territorial y las disensiones políticas…

Corre prisa tener una financiación estable. Eso sí, una financiación razonada. Que esté hecha por técnicos y no con criterios políticos y que tenga en cuenta las realidades de cada territorio y la solidaridad interregional. No hay nada más injusto que hacer una financiación por habitante porque los costes de los servicios no son igual en todos los sitios. No es lo mismo mantener servicios esenciales en 95.000 kilómetros cuadrados que en la décima parte de territorio, y con una población envejecida que donde no lo está. Las estadísticas son injustísimas muchas veces.

-¿Es este un país de egoístas políticos autonómicos?

Cada uno tira para lo que le sale estadísticamente mejor, sin tener en cuenta lo que es mejor para todos. Aquí es ganar más y nos olvidamos de los principios de igualdad y solidaridad. Nos olvidamos de la cohesión social y territorial. Parece que eres mejor político si defiendes a ultranza más dinero para tu autonomías, pero hay que meter un equilibrio lógico y técnico a todo esto.

-¿Considera necesaria una fiscalidad más justa, que grave aún más a los que más tienen para que no adelgace más el Estado del Bienestar?

Es fundamental que haya más ingresos. Debe haber más cotizantes y contribuyentes. Hay que crear más empleo y de más calidad, para lograr mejores cotizaciones. Si tenemos más empleo, más gente que cotiza y contribuye al fisco, los ingresos aumentarán y podremos mantener el estado social. Si eso no pasa, la otra vía son los impuestos. Pues manos a la obra. Además, sobre todo hay atajar en la medida de lo posible el fraude fiscal y la economía sumergida. Es un caballo de batalla importante. Si lo evitáramos en un 15 ó20 por ciento, los ingresos aumentarían de forma considerable.

-¿Cómo valora la situación de la crisis territorial catalana y su impacto en toda la economía y la sociedad española?

El nacionalismo exacerbado, identitario y separatista es la quiebra de la solidaridad. Quebrar la solidaridad entre personas y territorios me parece gravísimo; y eso es lo que algunos en Cataluña han intentado hacer. Tampoco entiendo a determinados partidos que han olvidado la agenda social y se han metido en la bandera identitaria. Lo primero son las personas, preservar a las personas para que tengan buenos servicios sociales. Los partidos deben estar en la agenda social. Lo que legitima a los partidos políticos es no olvidarse del adjetivo social.

-¿Se puede hablar de fracaso colectivo en el caso de Cataluña?

Puede ser un fracaso colectivo de todos. Habría que haber dialogado más y haber hecho ver a los ciudadanos del conjunto de España que debemos ser corresponsables entre unos y otros y que la solidaridad territorial es importante. No cotizan los territorios, cotizan las personas.

-Ahora se habla de reforma la Constitución para el encaje catalán. ¿Considera necesario abordar la modificación de la Carta Magna?

No soy muy amigo de las reformas, porque ya hay demasiadas, sino de los procedimientos para reformar. Soy muy amigo y considero bueno establecer procedimientos para cambiar las cosas, porque lo que vale en sí es la voluntad, más que la reforma en sí. Abriendo ese procedimiento si hay tolerancia, si se aplica la razón y hay voluntad, no se dónde llegaremos pero llegaremos a algo bueno.

-¿Entiende que es necesario volver al Pacto de Toledo para salvar las pensiones después de todas las movilizaciones que se están viendo en las calles?

El remedio es el Pacto de Toledo. Lo bueno que tiene es el procedimiento, donde todos los partidos se sientan y la sociedad civil es llamada para dar su opinión y todos buscan la solución menos mala. Una solución buena para todos.

-Queda apenas un año de legislatura. El presidente Herrera se marcha tras 17 años al frente de la Junta. ¿Qué destacaría de su mandato desde el punto de vista económico y social?

Le definiría con una palabra, humanidad. Es una persona de tal talante y humanidad que ha hecho que el diálogo social sea una realidad en Castilla y León, como una herramienta útil. Además, ha hecho de la Comunidad una de las autonomías pioneras en políticas sociales, con derechos subjetivos como la renta Garantizada de Ciudadanía o la red de protección.

-¿Considera acertadas las suspicacias que despierta el Diálogo Social, especialmente, entre quienes le acusan de invadir competencias del parlamento?

Creo que hay que compaginar democracia representativa y participativa. Quien decide el articulado de la ley es el legislativo, que son los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente, pero no se puede obviar que la sociedad civil organizada y sus representantes deben participar e influir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El Diálogo Social establece acuerdos políticos programáticos y las normas concretas, los anteproyectos de ley, son obra del ejecutivo, que debe ser pactada en el legislativo. El Diálogo Social ha sido una herramienta muy útil y fructífera, un instrumento muy válido para llevar mayores políticas sociales con las que se ha legitimado el Gobierno, pero también los agentes sociales.

-En su nuevo mandato al frente del CES, ¿tiene prevista alguna medida de carácter interno para impulsar el papel de esta institución propia?

Acabamos de empezar el séptimo mandato y seguiremos potenciando la visualización del CES y, sobre todo, su internacionalización, más que para vender lo que hacemos, para aprender que se hace en otros sitios bien y poder copiarlo. Ya hemos entrado en estrategias internacionales, como la Red Transnacional Atlántica, y queremos potencial el Corredor Atlántico, como el eje más importante en España; y hemos firmado protocolos con autonomías como Galicia, Andalucía y Extremadura, para potenciar el oeste de la península y enlazar políticas de cohesión con Portugal. Hacemos muchas cosas en el plano internacional.

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