Familia gestiona más de 1.500 casos de violencia de género, ya puestos a disposición de juzgados y fiscales

l gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la directora general de La Mujer, Esperanza Vázquez, presentan el 'Manual de intervención para la coordinación de caso'/Rubén Cacho
l gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la directora general de La Mujer, Esperanza Vázquez, presentan el 'Manual de intervención para la coordinación de caso' / Rubén Cacho

Los 600 coordinadores de caso, figura creada por la Junta, cuentan desde ya con un manual de intervención y guías provinciales de recursos para víctimas para una atención más personalizada

ICAL

La Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, gestiona actualmente más de 1.500 informes sobre casos de violencia de género en Castilla y León, de los que 1.300 entraron nuevos en 2017 por parte de los 600 coordinadores de caso, y el resto cuentan con un seguimiento actual. Todos estos documentos, que no tienen porque derivar de una denuncia interpuesta por la víctima sino de la detección de los profesionales, ya se encuentran a disposición de juzgados y fiscales y próximamente, también, se trasladará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así lo explicó este viernes la consejera del ramo, Alicia García, durante la presentación de dos nuevas herramientas que facilitarán una intervención integral y “cada vez más cercana, personalizada y adaptada a las necesidades de cada víctima, además de una mejor coordinación entre los profesionales”. Se trata de un manual de intervención para la coordinación de caso y guías provinciales de recursos para víctimas de violencia de género, nueve en total, una por cada provincia.

Ambos documentos están disponibles ya en el sistema de información unificado que comparten los profesionales de los servicios sociales de la Comunidad y serán actualizados y revisados en función de los avances y medidas que se pongan en marcha, además de estar también disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León para conocimiento de la sociedad en general.

Los 600 coordinadores de caso de la Comunidad, figura creada en Castilla y León como profesional de referencia en la atención a las víctimas de violencia de género dentro del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’, cuentan desde hoy con estas dos nuevas herramientas. “La labor del coordinador es hacer un análisis social e individualizado de cada víctima y familia. Seguimos dando pasos para alcanzar el objetivo, gracias a la colaboración de toda la sociedad”, deslizó García, quien entendió que es “difícil” detectar casos cuando “la víctima muchas veces no reconoce que es víctima”.

La Junta creó en 2016 la figura del coordinador de caso -350 de ellos en el medio rural como referencia en la atención integral y personalizada a las víctimas de violencia de género. Se trata de profesionales de los CEAS de la Comunidad con los que se ha trabajado en este tiempo para su especialización en esta materia con distintas herramientas y medidas que han posibilitado que puedan asumir estos cometidos.

Entre las herramientas y medidas puestas en marcha en este tiempo para que estos profesionales puedan desarrollar su labor están la implantación de un sistema de información único que estos profesionales comparten y en el que están los informes de violencia de género, los informes sociales de las víctimas, la herramienta de valoración del grado de riesgo social o un sistema informático homogéneo para elaborar esos informes, tal y como informó la consejera.

Junto a ello se han elaborado distintos documentos para los profesionales, como la ‘Guía de coordinación para la atención a las víctimas de violencia de género’, la ‘Guía para la orientación jurídica en materia de violencia de género’ y el ‘Manual de apoyo para la intervención psicológica con víctimas de violencia de género’, además de impartir formación sobre el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’ a más de 900 profesionales, entre los que se han encontrado trabajadores sociales de las corporaciones locales, a los equipos especializados, a educadores sociales y a otros profesionales de ayuntamientos.

Cometido

El cometido de los coordinadores de caso “es realizar una valoración de la situación de violencia de género de cada mujer, establecer junto a ella un plan de atención integral personalizada con los recursos y servicios que necesite y hacer un seguimiento continuado de cada caso”. En síntesis, conocer de forma individualizada a casa persona que se detecte que pueda necesitar ayuda.

En este sentido, Alicia García subrayó que hoy se da un nuevo paso en el desarrollo de este modelo integral con las dos nuevas herramientas, elaboradas por un grupo de trabajadores sociales y por los profesionales de las secciones de Mujer de las nueve provincias que han trasladado a estos documentos su experiencia en el trabajo diario en esta materia.

Manual de intervención

Por un lado, la consejera señaló que el manual recoge los aspectos más destacados sobre el concepto de violencia de género, sobre el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’ y sobre las actuaciones que deben llevar a cabo los coordinadores de caso en cada una de las fases de su proceso de intervención: detección, atención inmediata, valoración de la vulnerabilidad social, realización del plan de atención integral, provisión de prestaciones y recursos y el seguimiento y, en su caso, cierre del caso.

En cuanto a la detección, el manual establece pautas de actuación y “preguntas que pueden orientar a los profesionales sobre si una mujer puede estar sufriendo violencia de género”, además de las técnicas para entrevistar y comunicarse con ellas. De hecho, hasta ahora se ha formado en esta metodología para el manual, en 14 sesiones, a 280 coordinadores. Los últimos, 73 de ellos, en León. Respecto a la atención inmediata, el documento realiza recomendaciones para que los coordinadores atiendan a las víctimas y puedan generar confianza en ellas para reconocer su situación y pedir ayuda.

En lo referente a la valoración del riesgo y vulnerabilidad de la víctima, facilita los procedimientos y herramientas a utilizar para elaborar el correspondiente informe, que comprende desde la situación familiar, situación jurídica, historia y situación de violencia, necesidades, proyecto vital de la mujer y propuesta de intervención. Asimismo en el caso de que haya hijos o personas dependientes, se hace una valoración de los mismos. Al respecto, García abogó por focalizar la atención también en los menores, más cuando se observen casos de violencia, tanto en el ámbito familiar como el escolar.

También contempla los contenidos del Plan de Atención Integral, las áreas en las que es necesario intervenir, las distintas prestaciones o recursos que necesita la mujer, la coordinación con otros profesionales y el seguimiento de los resultados. Igualmente se recogen los procedimientos para la provisión de las distintas prestaciones y se abordan una a una, orientando a los coordinadores de caso sobre cómo tienen que proceder para facilitar a las víctimas cualquier recurso o prestación. Finalmente, el manual prevé el seguimiento o incluso el cierre del caso, momento en que los profesionales deberán realizar un informe de comprobación y evolución de las necesidades de la mujer y sobre la posibilidad de realizar cambios o revisiones de las mismas.

Guías provinciales

El segundo documento que Alicia García dio hoy a conocer es la guía de recursos para víctimas, una por provincia según las características específicas de cada una, para facilitar la labor de los coordinadores de caso en la fase de provisión de prestaciones y recursos a las mujeres víctimas. Se trata de unas guías que también pueden ser de utilidad para el resto de profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género.

Tienen una estructura general que se fundamenta en dar a conocer los recursos y prestaciones que existen en cada provincia orientados a atender a las víctimas. Entre ellos se encuentran los servicios de información para la mujer; el apoyo al entorno familiar de víctimas de violencia de género; los puntos de encuentro familiar; los recursos de alojamiento; la atención psicológica para mujeres, menores y maltratadores; la asistencia letrada; el servicio de traducción e interpretación; las prestaciones económicas; el acceso preferente en el ámbito educativo, formación y empleo; los recursos de protección y seguridad, además de los recursos en el ámbito de la justicia y de los agentes colaboradores, como los agentes sociales, económicos y las entidades del tercer sector.

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