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El director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, a su llegada a los juzgados de la calle Angustias. Rodrigo Jiménez
El exsecretario de Medio Ambiente testifica que la criba de solicitudes de los parques eólicos fue «técnica»

El exsecretario de Medio Ambiente testifica que la criba de solicitudes de los parques eólicos fue «técnica»

La jueza instructora retoma las declaraciones de la supuesta trama eólica con la comparecencia del director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez

M. J. Pascual

Valladolid

Miércoles, 24 de enero 2018, 14:02

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La jueza instructora de la trama eólica, que investiga si hubo reparto ilegal de autorizaciones de los parques eólicos en Castilla y León a empresas afines a la Junta a cambio de comisiones, que la Fiscalía Anticorrupción valora en 81 millones de euros, ha retomado este miércoles las declaraciones tras la parada navideña. Lo ha hecho llamando a testificar a José Manuel Jiménez, actual director general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, que en las fechas que se investigan, fue secretario general de Medio Ambiente y, con posterioridad, vicepresidente de dicha Consejería, que entonces dirigía María Jesús Ruiz. El testigo, el primero de los cuatro citados ayer, ha explicado en un corta declaración que Medio Ambiente y Economía decidieron realizar en 2003 una criba de solicitudes para la instalación de parques y explotación de energía eólica ante «la avalancha» de peticiones y ese listado se basaba en «criterios técnicos, exclusivamente». Estos criterios, ha subrayado, se centraban en la viabilidad de los proyectos: «que tuvieran posibilidades de conseguir la declaración de impacto ambiental y la capacidad de evacuación de la energía».

Esta no ha sido la primera vez que Jiménez es llamado a declarar en los Juzgados de Angustias. La primera fue el 11 de septiembre de 2017 y lo hizo en calidad de investigado, dentro de las diligencias que instruye el titular del Juzgado 2 de Valladolid para esclarecer si hubo delitos de corrupción en el caso del edificio conocido como Perla Negra y la operación del parque empresarial de Portillo. Por aquellas fechas, este cargo de la Junta formaba parte (como vocal, desde la fusión con Gesturcal en 2008 hasta 2015) del consejo de administración de la Agencia de Desarrollo (ADE) que autorizó ambas operaciones, «ya prefijadas y con el visto bueno de entrada» de la cúpula de la Consejería de Economía, según declaró durante ese interrogatorio.

Según indicó el investigado a preguntas del juez, los miembros del consejo de administración se habrían enterado a toro pasado de la compra de las parcelas del término de Portillo y Aldeamayor, «lo que tuvo un impacto relevante en las cuentas anuales de 2010 y supuso una descapitalización de la sociedad; por eso se aprobaron en un consejo posterior». Según el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre el que se fundamenta la acusación, la compra de los terrenos de Portillo habría generado a la Junta una deuda de 20 millones de euros.

Tampoco tuvo el consejo de ADE control sobre el arrendamiento y, posteriormente, la compra del inmueble para unificar los servicios de la Agencia y de la Consejería de Economía en Arroyo. En este sentido, el exvocal afirmó que «nunca pasaron por el consejo ni las modificaciones para la ampliación del edificio ni contratos para el amueblamiento, ni de la guardería ni de la cafetería...», como tampoco supieron de la existencia de algunas tasaciones, como la encargada por Hacienda, para evaluar diferentes precios para el edificio. Al final, la Junta escogió la tasación «media» de 52 millones de euros, pero habría terminado por pagar más de 70 millones con el IVA, los sucesivos modificados y las dobles facturas, según sostiene la acusación.

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