Las ejecuciones hipotecarias se reducen un 10% en la Comunidad en 2017 y alcanzan la cifra más baja desde 2008, con 1.321

Los datos difundidos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial también reflejan que el número de lanzamientos practicados el año pasado en Castilla y León fue de 2.716, lo que supone un descenso del 0,1 por ciento respecto a los 2.720 de 2016; cuando en el conjunto nacional ascendieron a 60.754, con una merma del 3,6 por ciento. Por lo que se refiere al número de concursos presentados, fue de 235 en Castilla y León, un 5,3 por ciento más que los registrados el año anterior.

El número de concursos presentados el ejercicio pasado en España fue de 7.594, con un incremento del 7,9 por ciento. El número de concursos declarados en la Comunidad disminuyó un 1,2 por ciento, desde los 162 de 2016 a los 160 del año pasado. A ellos que hay que añadir otros 49 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso.

La cifra de concursos que alcanzaron la fase de convenio en Castilla y León se disparó un 160 por ciento al pasar de 15 en 2016 a 39 el año pasado. Por contra, a nivel nacional cayó un 22,8 por ciento. Aumentó asimismo el número de los que iniciaron la fase de liquidación, con 153, lo que supone un 3,4 por ciento más que el año anterior.

Las 4.373 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Castilla y León en 2017 supusieron un descenso del 5 por ciento respecto a las registradas el año anterior. Se trata de la cifra más baja desde 2008. En el conjunto nacional, ascendieron a 104.824, un 6 por ciento más. Asimismo, en Castilla y León, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 7.455 reclamaciones de cantidad, un 24,4 por ciento más que en 2016.

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad, fueron 23.444, un 15,3 por ciento menos que el año anterior; cuando en España se redujeron un 5,8 por ciento, hasta 506.076. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.