Los ‘deberes’ normativos de la Junta para el 2018: Siete proyectos de ley y 56 decretos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, interviene en el Pleno de las Cortes. /Miriam Chacón
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, interviene en el Pleno de las Cortes. / Miriam Chacón

Educación, Fomento y Medio Ambiente y Presidencia figuran como los departamentos más activos en el compromiso con la aprobación de nuevos decretos

V.A.Valladolid

La Junta de Castilla y León se propone la aprobación de siete proyectos de ley y de 56 decretos en 2018, último año completo de la legislatura, con las consejerías de Educación, Fomento y Medio Ambiente y de la Presidencia como las más activas en sus ‘deberes’ normativos para el próximo ejercicio. Entre ellos figuran leyes como las de transportes de viajeros por carretera, del voluntariado, de patrimonio cultural de Castilla y León y por la que se regulará el Fondo Autonómico de Compensación.

En el plan anual normativo de junio de 2017 a junio de 2018 consultado por Ical, los departamentos de Economía y Hacienda y de Empleo sólo reflejan un decreto cada uno, mientras que Agricultura y Ganadería, ninguno para del próximo año, si bien sí mantiene dos normas pendientes de este ejercicio. En el listado destacan las consejerías de Educación, con 21 decretos, y Fomento y Medio Ambiente y Presidencia, con 14 en cada caso.

La Consejería de la Presidencia, que dirige el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez, se plantea completar el despliegue del denominado modelo de Ordenación Territorial, si bien vincula la aprobación de determinados decretos a que el mapa de las ubost -unidades básicas de ordenación servicios en el territorio rurales- cuente con luz verde en las Cortes, donde se encuentra el proyecto de ley.

El decreto para la regulación de la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general y de los consorcios provinciales de servicios, y el proyecto de ley por el que se regula el Fondo Autonómico de Compensación se condicionan a la aprobación del mapa de ubost, mientras que también figura en el listado una norma por la que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad en las diputaciones provinciales, y otra por la que se hace pública la relación de entidades locales menores que carecían de población a la fecha de la entrada en vigor de la ley de régimen local.

Este departamento tiene pendientes de enviar a las Cortes los proyectos de ley de diálogo civil y democracia participativa y el que debe regular la Conferencia de Alcaldes y presidente de Diputación y el estatuto de los miembros de corporaciones locales, que preveía aprobar en el cuarto trimestre de 2017. También compromete dos decretos sobre funcionarios habilitados de carácter nacional y ayuntamientos con puestos vacantes, que de nuevo condiciona a la aprobación de la normativa básica estatal, y una nueva regulación del teletrabajo en la Administración autonómica.

El primer trimestre de 2018 marca como fecha la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la aprobación del proyecto de ley de usuarios de transporte público y empresas de transporte de viajeros, si bien este departamento tiene pendiente el proyecto de ley por el que se modifica la ley de 2003 de coordinación de policías locales de Castilla y León, cuya temporalidad es el cuarto trimestre de 2017.

Para 2018 la Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones prevé normas que regule el distintivo obligatorio para la identificación de los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento de conductor (VTC); la utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad; el Plan de Protección Civil; las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitrato procedentes de fuentes de origen agrario y ganadero; las autorizaciones de cambio de uso forestal y el fondo de mejora en los montes catalogados de utilidad pública, entre otras.

Los decretos por los que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales de los espacios Covalagua y las Tuerces (Palencia y Burgos) y el espacio natural de los Sabinares del Arlanza-La Yecla (Burgos) también se hacen hueco en la lista de los compromisos normativos del consejero Suárez-Quiñones en el que será el último año completo de esta legislatura.

Regulación amplia en Educación

La Consejería de Educación recoge asuntos variados de regulación para el próximo año, como la admisión en centros sostenidos con fondos públicos, la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios para obtener títulos de carácter oficial. A ellos se une un cuerpo normativo sobre los títulos de Técnico en Electromecánica, Técnico en Piedra Natural, Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería, Técnico Superior en Educación y Control Ambiental y Técnico de Actividades Ecuestres en la Comunidad, entre otros títulos.

Sanidad detalla, entre sus objetivos, los decretos para establecer tiempos máximos para la realización de pruebas diagnósticas en el sistema público de salud y para regular los puestos de difícil cobertura en los centros e instituciones sanitarias de la Comunidad, para los que se determinarán medidas incentivadoras.

Los proyectos de ley por el que se modifica la Ley del Voluntariado de Castilla y León y por el que se regula el acceso al entorno de personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia son dos compromisos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a los que se une un decreto para la modificación de los precios por la prestación de servicios en escuelas infantiles de cero a tres años. El departamento de Alicia García tiene pendiente el proyecto de ley para refundir las normas en materia de la renta garantizada de ciudadanía.

En el caso de Cultura y Turismo, figuran los proyectos de ley de patrimonio cultural y del deporte de Castilla y León, con marco temporal para el primer trimestre del nuevo año. Además, tiene en cartera los decretos que regularán los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergues en régimen turístico y las actividades de turismo activo. Un decreto sobre industria y otro sobre cooperativas, de las consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo, cierran la planificación para 2018.

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