El PP en las Cortes solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para evitar el referéndum en Cataluña

Carriedo, Mañueco y Herrera conversan en un pleno./Pérez
Carriedo, Mañueco y Herrera conversan en un pleno. / Pérez

Reclama también que preste su apoyo a las instituciones del Estado para mantener y hacer cumplir la legalidad vigente

ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas necesarias para evitar la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución Española y el apoyo a las instituciones del Estado para mantener y hacer cumplir la legalidad vigente.

Así lo refleja en una proposición no de ley para su debate y votación en el pleno de las Cortes, que sigue la estela de las mociones presentadas en ayuntamientos y diputaciones como se acordó el pasado 5 de julio en el órgano de coordinación entre los presidentes provinciales y el autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

En los antecedentes de la propuesta de resolución, conocida por Ical, se apela al artículo 1.2 de la Constitución en el que se dice que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», y en el artículo 2 que indica que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española».

Un referéndum ¿en toda España?

Por otra parte, recuerda este grupo que el artículo 92.1, en su Capítulo Segundo, dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», y que el 92.2 indica que «el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».

De acuerdo a este articulado de la Constitución Española, el PP subraya que un referéndum que persigue la autodeterminación en un territorio y la ruptura de la unidad de la nación española no se puede realizar de forma lícita, salvo que una reforma previa de la Constitución, realizada de acuerdo con las fórmulas en ella recogidas, pudiera preverlo.

Por último, recuerda que el pleno del Congreso de los Diputados rechazó, el pasado 22 de junio, con el voto en contra de 250 diputados -el 71 por ciento de sus representantes en la Cámara- una moción en la que se instaba a «respetar la decisión adoptada por el presidente de la Generalitat para que los catalanes y las catalanas decidan sobre el futuro político, en cumplimiento del mandato democrático surgido de los urnas y después de reiterados llamados al acuerdo».

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