Las Cortes piden que la AP-6, AP-61 y AP-51 queden «libre de peajes» cuando venza la concesión

El consejero de Fomento, este miércoles, durante su comparecencia./
El consejero de Fomento, este miércoles, durante su comparecencia.

Los grupos demandan que la AP-6 pueda convertirse en variante de la localidad de San Rafael (Segovia) sin coste para los usuarios y compensaciones para Ávila y Segovia

ICALLeón

Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a dirigirse al Gobierno para que una vez se cumpla la concesión de las autopistas AP-6 (Villalba-Adanero), AP-61 y AP-51 no se vuelvan a prorrogar y no se publique una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por estas vías de conexión entre la Comunidad y Madrid, lo hagan “libre de peajes”.

Así lo recoge una resolución acordada por los grupos Popular y Socialista que habían presentado dos proposiciones no de ley para su debate en este pleno de las Cortes. A los votos de 'populares' y socialistas se sumaron los de Ciudadanos y Podemos, pese a sus reticencias, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo. El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por miembros de la Plataforma Ávila Libre de Peajes.

Asimismo, el texto pactado por los dos grupos mayoritarios piden que se apliquen las fórmulas viables “ténica y económicamente” para compensar a la ciudadanía de Ávila, Segovia y otros puntos de la Comunidad, por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que comunican Castilla y León y Madrid.

Igualmente, la proposición reclama que se analice el cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, Iberpistas, sobre la seguridad para evitar episodios como los generados en la nevada del día de Reyes, cuando miles de vehículos se quedaron atrapados por una copiosa nevada. También pide que se acometan las actuaciones sancionadoras necesarias a la empresa derivadas de las responsabilidades en que hayan podido incurrir.

De la misma forma, las Cortes demandaron al Gobierno que se ponga en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 “libre de peajes” como variante de la localidad de San Rafael (Segovia). Además, pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que declaró ilegal la concesión otorgada en 1999 y en todo caso el cumplimiento “estricto” de la misma.

Censo y soluciones

El socialista José Luis Aceves defendió una inciaitiva “sensata” para lograr una decisión “histórica”. Rechazó el “ultimatum” de Podemos y señaló que no pretende generar “falsas expectativas”, sino buscar el “consenso” para una medida que reclama a su juicio la ciudadanía. “Es histórico”, dijo el pronunciamiento de las Cortes porque pide “alto y claro” que las autopistas sean “libre de peajes”.

Aseguró que estos peajes suponen un ejemplo de desigualdad respecto a otros territorios, que no cuentan con un peaje para acceder a Madrid. “Menos oportunidades para los mismos y más despoblación”, recalcó. Además, recordó que la AP-6 provoca una masificación en San Rafael con “numerosos accidentes”, atropellos y “episodios trágicos” para la ciudadanía del municipio de El Espinar. También se refirío al colapso de 3.500 vehículos que se vieron atrapados por la nieve en la AP-6.

El 'popular' Juan José Sanz Vitorio consideró que el texto trata de dar solución a un problema “complejo”, pero apuntó que San Rafael no existiría sin la N-VI y añadió que la autopista ha supuesto dinamismo y mantenimiento de puestos de trabajo durante muchos años. No obstante, consideró necesario determinar la capacidad real a partir de 2019 para tomar decisiones sobre los peajes. Por ello, reiteró la exigencia del PP al Gobierno para que una vez vencidas las concesiones, no sean renovadas.

Sin embargo, señaló que existe una responsabilidad de seguimiento, inspección y toma de decisiones sobre la concesión en referencia a la nevada de Reyes. “Hay que saber qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido”, dijo antes de exigir responsabilidades al concesionario, si bien recordó que la titularidad de la vía corresponde al Estado. En su opinión es cada vez más dificil mantener más kilómetros con menos personal.

También defendió que la N-VI ha servido de “motor” para San Rafael, pero planteó buscar una solución a los 12.000 vehículos de intensidad media diaria, que atraviesan la población. Coincidió con Aceves en que no se deben generar “falas expectativas” a los ciudadanos.

Liberalización

La procuradora de Podemos Natalia del Barrio demandó como solución más sencilla a la liberalización y apoyó la alternativa a San Rafael por la AP-6, que se informe sobre el cumplimiento del fallo europeo y las compensación a los ciudadanos, pero rechazó que se pida el fin de la concesión sin plazos y que se exima de responsabilidad en la nevada de enero al Ministerio de Fomento.

La parlamentaria advirtió de los costes para las arcas públicas del rescate de las autopistas en quiebra. También expresó las contradicciones entre el PP que presenta esta proposición y el que pide la liberalización de la vía, en referencia al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Además, consideró que en este bloque de autopistas se produjo un caso de “corrupción con mayúsculas”, que a su juicio motivó la sentencia europea.

Sanz Vitorio le respondió que las administraciones no pueden enriquecerse de forma injusta a pesar de que las obras en las autopistas no se hicieran conforme a la legalidad, según la justicia europea, por lo que recalcó el Estado las debe abonar.

Acuerdo

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado reivindicó una proposición no de ley con acuerdo de los grupos de las Cortes para que la iniciativa tenga “fuerza” en el Congreso de los Diputados. Destacó las 28.000 firmas recogidas por la plataforma contra los peajes y criticó el Real Decreto de 2012, una “triquiñuela legal”. Por ello, confirmó el apoyo de Cs a un texto consensuado entre todas las fuerzas políticas, que supera un texto “descafeinado” del PP.

Ilegalidad manifiesta

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, criticó la connivencia de PP y PSOE y valoró la “batalla judicial” de colectivos sociales ante una “ilegalidad manifiesta” y consideró un “fraude” el decreto de 2012 por el que el Gobierno aplicó el fallo europeo. Consideró que la AP-6 ha sido ya amortizada por la concesión de 1968 y reclamó un modelo “de gestión pública”, en el que se salvaguarde los derechos de los trabajadores. También consideró que las provincias agraviadas no son solo Ávila y Segovia.

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