Los contratistas califican 2017 de «año catastrófico» con una licitación de obra pública similar a 1992 pese a que el PIB crece al 3%

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La Cámara de Contratistas critica la «tomadura de pelo» de las administraciones al incumplir «sistemáticamente» los presupuestos

ICAL

Los contratistas de obra pública de Castilla y León calificaron este viernes 2017 de «año catastrófico» después de que el primer semestre del ejercicio haya cerrado con 251,3 millones de euros, un 25,3 por ciento menos que el mismo periodo de 2016, lo que retrotrae al sector a niveles de actividad de 1992.

El presidente autonómico de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, cargó contra las administraciones públicas por incumplir «sistemáticamente» los presupuestos y no realizar las inversiones previstas, lo que consideró que es una «tomadura de pelo» a todos los ciudadanos, las empresas y los trabajadores del sector de la construcción. Además, criticó que esta licitación de obra pública «bajo mínimos» y con cifras «ridículas» coincida en un momento de recuperación económica y con un Producto Interior Bruto (PIB) que crece por encima del 3 por ciento.

Pascual presentó el estado de la obra pública en la Comunidad tras cerrar el segundo trimestre del año con 251,3 millones de euros, que están lejos de alcanzar los 336 millones licitados en la primera mitad de 2016. Pese a mostrarse escéptico con la labor de las administraciones, especialmente con la central y la regional, apuntó que «aún hay tiempo para reaccionar» al reconocer que es una «cuestión de voluntad» y cumplir con las previsiones de licitación de obra nueva para 2017, que se elevan hasta los 1.282 millones.

Además, aclaró que, hasta la fecha, del total de obra licitada en la región, se han adjudicado obras por un importe de 172 millones de euros, lo que representa un 13 por ciento del previsto para este ejercicio. La Junta de Castilla y León, con 109 millones, fue la que mayor volumen licitó en los seis primeros meses del año aunque el importe continúa alejado de las previsiones de la Cámara de Contratistas de obra nueva para 2017, que ascienden a 570 millones de euros. En comparación con los datos entre enero y junio del año pasado, la licitación cae un 30,5 por ciento.

Enrique Pascual precisó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que de lo licitado, la administración regional ha adjudicado obra por valor de 80 millones de euros, lo que implica un índice de cumplimiento del 14 por ciento, respecto a la cifra de licitación prevista para todo el año. Unos datos que aprovechó para cargar contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. «Tengo una relación cordial con el consejero y la mejor opinión personal pero será titular de otra cartera que no sea Fomento», aseveró.

En cuanto a la administración central, la previsión de licitación de obra nueva extraída de los Presupuestos Generales es de 447 millones de euros para 2017 y en el primer semestre solo licitó por 55 millones de euros, que se tradujo en adjudicaciones por importe de 34 millones, con un grado de cumplimiento del 8 por ciento. La licitación de las administraciones locales ascendió a 87 millones, con un incremento del 126 por ciento con respecto al año pasado.

Cartas de denuncia

La caída generalizada de la licitación de obra pública en la primera mitad del año motivó que la Cámara de Contratistas enviara a finales de julio cartas a todas las administraciones y los responsables públicos para denunciar esta situación. «Nuestra demanda era que corrigieran de manera urgente la licitación y cumplieran los presupuestos aprobados porque es su obligación. Estamos hartos de los anuncios que luego no materializan en contratos», subrayó. Un incumplimiento que, reconoció, genera «malestar» y «gran incertidumbre» en el sector además de tener gran influencia en el empleo, que ha perdido 70.000 trabajadores desde 2007. «Seguimos empeorando tras destruir la mitad de la capacidad productiva pese a que la economía va mejor», aseveró Pascual.

También mencionó las ofertas a las bajas de las empresas del sector, ante la presión de las administraciones que se aprovechan de la «ruina» de las compañías. De ahí que las licitaciones estén por debajo del coste real porque las empresas rebajan para contar con algo de carga de trabajo.

«Nefasta gestión»

El presidente de la Cámara de Contratistas alertó de la «nefasta gestión» de la obra pública. No en vano, recordó que una buena carretera este viernes se estropea si no cuenta con un mantenimiento y arreglos periódicos. «Hay que acabar con la idea de que se ha hecho mucho durante los últimos años porque Castilla y León está aún lejos de otras comunidades de España y regiones de Europa», afirmó.

Enrique Pascual recordó que el valor patrimonial de la red de carreteras de Castilla y León ronda los 30.000 millones de euros y eso requiere una inversión de mantenimiento de 600 millones de euros al año. Frente a esa cifra, contrastó los 115 millones adjudicados por las administraciones (central, autonómica y local) en 2016. Es decir, que la inversión no llega ni al 20 por ciento de lo necesario para no perder esas infraestructuras.

Por último, exigió un plan de planificación «estable» y a largo plazo, que marque las infraestructuras necesarias a medio y largo plazo. A su juicio, deben ser inversiones lineales en obras del ciclo de agua, centros logísticos, transporte de mercancías por ferrocarril, medio ambiente y eficiencia energética. «Hay que concienciar a los parlamentarios que sin infraestructuras no hay futuro y sin construcción, la región y el país no despegan», sentenció.

En ese sentido, criticó duramente los incumplimientos del nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), anunciado por el Ministerio de Fomento, que movilizará 5.000 millones de euros para actuar durante cuatro años sobre una veintena de corredores de todo el país. También cargó contra el Plan de Actuaciones Prioritarias en la red regional de carreteras, impulsado por la Junta, para la conservación y mantenimiento de vías por un importe de 525 millones en cuatro años, que no cumple con las cifras previstas y anunciadas. «La economía se construye con confianza y aquí se anuncian planes y programas que no se cumplen», resumió.

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