El Consejo Consultivo reclama la e-Administración para establecer una comunicación «rápida, segura y eficaz»

Mario AMilivia, durante su comparecencia.
Mario AMilivia, durante su comparecencia. / Leticia Pérez

Mario Amilivia destaca la independencia, el consenso y la transparecencia de un órgano que ha emitido 13.871 dictámenes en sus 15 años de historia

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, aprovechó la comparecencia en las Cortes de presentación de la memoria de la institución de 2016 para recomendar a las administraciones competentes como la Junta para «arbitrar» los medios adecuados para llevar a cabo la implementación «definitiva»del procedimiento electrónico en las entidades locales de la Comunidad. No en vano, la propia memoria recoge que la administración electrónica será «relevante» para el Consejo Consultivo ya que cambiará las relaciones entre este órgano y los ayuntamientos que solicitan un dictamen. Todo ello, a juicio de Amilivia, se traducirá en una comunicación «rápida, segura y eficaz» que redundará en beneficio de los ciudadanos interesados en la resolución de los procedimientos que les afectan.

Amilivia, que compareció en la Comisión de Presidencia, valoró la «garantía jurídica y de legalidad» del Consejo Consultivo de Castilla y León para la administración y los administrados con la aprobación de 513 dictámenes durante 2016, una cifra que aumenta hasta los 13.871 durante los 15 años de funcionamiento. Un tiempo que, precisó, el órgano ha ejercido con «plena normalidad» un control previo de la legalidad en la actuación de las administraciones.

Recordó que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo concluye que la institución «dictamina una sola vez y en último lugar». Es decir, la imposibilidad de que, tras el dictamen del Consejo, se solicite el fallo de cualquier otro órgano consultivo. Eso sí, recordó que será necesario formular una nueva consulta al Consultivo en el supuesto de la modificación de un antreproyecto de ley o un proyecto de reglamento ejecutivo ya dictaminado. De no ser así, «se merma la garantía que pretende otorgarse a estos textos a través de la emisión del preceptivo dictamen», precisó.

El presidente del Consejo Consultivo aprovechó su presencia en el Parlamento autonómico para recordar que el órgano pone a disposición de los ciudadanos y las administraciones su página web, cuyos contenidos se amplían cada año para proporcionar un «acceso útil» y una mayor información sobre su actividad y los criterios en los que se fundamentan sus dictámenes. Fruto de ese esfuerzo, destacó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, son las 450.140 visitas registradas en su web durante el último año.

Una herramienta de la que dijo se enmarca en la voluntad de «acercamiento» y «proximidad», al igual que la celebración de jornadas específicas de formación con las Cortes, el resto de instituciones propias así como las realizadas en colaboración con las diputaciones provinciales. Mario Amilivia habló del «plus de garantía» del órgano que sustituyó al Consejo de Estado.

Fue entonces cuando recordó a los grupos parlamentarios el «notorio» número de dictámenes emitidos en relación con otros consejos consultivos de España así como la «eficacia y eficiencia» acreditadas durante el ejercicio pasado en el breve plazo en el que se emitió la mayoría de los dictámenes solicitados. No en vano, el 81 por ciento de ellos quedó resuelto en un promedio de 14,6 días hábiles, por debajo de los 20 días del plazo reglamentario.

Mario Amilivia, en su comparecencia. / Leticia Pérez

Resaltó que los dictámenes aprobados el año pasado destacaron también por su calidad y sus recomendaciones que fueron aceptadas mayoritariamente (97 por ciento) por las administraciones. «La calidad es igual a aceptación de las recomendaciones», aseveró. También hizo hincapié en que el Consejo Consultivo dictaminó en 2016 asuntos con una gran complejidad jurídica y con una gran transcendencia política y social.

Además, Amilivia puso en valor la «capacidad de acuerdo y de consenso» del órgano en este tiempo ya que solo uno de los 13.871 dictámenes emitidos contó con un voto particular. «El Consejo Consultivo es una garantía de legalidad pero también de independencia», consideró. Una independencia que queda acreditada al combinar dos principios de actuación como el de unanimidad en la aprobación de los dictámenes y en la aceptación casi total de las consideraciones expuestas.

Consulta de ayuntamientos

El 41 por ciento de los dictámenes emitidos el ejercicio pasado derivó de las consultas formuladas por la Junta de Castilla y León mientras que el 58 por ciento correspondió a la administración local. Precisamente, 2016 fue el segundo ejercicio en que las consultas de los ayuntamientos y diputaciones superaron a las formuladas por la administración autonómica.

En el caso de la Junta, la Consejería de Sanidad fue, un año más, la que solicitó el mayor número de dictámenes, 94, (el 18,3 por ciento); seguida de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. con 53 (el 10,3 por ciento); la de Educación. con 17 (el 3,3 por ciento); la de la Presidencia, con 15 (2,9 por ciento); la de Cultura y Turismo, con 7 (1,3 por ciento) o las de Economía y Hacienda, y la de Empleo, con 6 cada una de ellas (el 1,1 por ciento respectivamente).

La provincia de León volvió a ser la primera en número de dictámenes solicitados, con 87 (17 por ciento del total). Le siguieron las provincias de Burgos con 78 (15,2 por ciento); Valladolid con 73 (14,2 por ciento); Salamanca con 69 (13,4 por ciento); Palencia con 53 (10,3 por ciento); Segovia con 46 (9 por ciento); Zamora con 41 (8 por ciento), Ávila con 19 (3,7 por ciento) y Soria con 16 (3,12 por ciento).

Tribunal Recursos Contractuales

Otras de las funciones del Consejo Consultivo desde 2012 es la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL)que tiene una creciente actividad con más de 450 asuntos resueltos hasta ahora, en contratos por una cuantía de 3.370 millones de euros.

En el periodo 2012-2016, el TARCCyL estimó total o parcialmente un 26 por ciento de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 38,5 por ciento si se excluyen los recursos que fueron inadmitidos. Además sólo han sido impugnados un 3 por ciento de los recursos resueltos en estos años, expresión de que la motivación y calidad de sus resoluciones constituyen la principal arma disuasoria para acudir a la vía contenciosa.

Amilivia valoró la «eficacia» del tribunal ya que resuelve en un plazo de apenas un mes, tutelando la contratación del sector público, corrigiendo las patologías, advirtiendo de vicios e irregularidades, velando por la libre competencia e identificando, en su caso, la oferta económica más ventajosa.

Introducción a la FRMP

Todos los grupos políticos resaltaron el gran trabajo del Consejo Consultivo y su labor en favor de la garantía y la transparencia democrática. El portavoz del PP en la Comisión, Ángel Ibáñez, valoró la trayectoria «acreditada», la sabiduría y la experiencia del órgano pero, además, planteó que la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) sirva de «interlocutora» para trasladar las recomendaciones del Consejo Consultivo a las administraciones «laxas» que siguen sin utilizar los servicios del órgano. «La obligación de las instituciones es obligar a los ciudadanos a reclamar cuando se sientan engañados o perjudicados», afirmó el presidente del Consultivo.

Luis Briones, del PSOE, destacó el papel del Consejo Consultivo por mejorar la seguridad jurídica de las administraciones de Castilla y León. Algo en lo que coincidió la procuradora de Podemos Natalia del Barrio por ser una «herramienta útil» pero alertó de que su trabajo no se debe «desvirtuar» por su adherencia a un determinado grupo político o por ser «puertas giratorias» para los partidos.

Por su parte, Ignacio Delgado, de Ciudadanos, abogó por una institución más eficiente y lamentó los problemas que tienen los pequeños ayuntamientos para hacer llegar sus asuntos al Consultivo por la compleja tramitación. En ese sentido, Amilivia respondió que la labor de asesoramiento corresponde a los servicios técnicos y jurídicos de las diputaciones que deben ser «los ayuntamientos de los ayuntamientos».

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