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El magistrado César Tolosa. / G. Villamil

César Tolosa: «Solo la acción coordinada de los tres Poderes del Estado permitirá atajar los problemas de la Justicia»

  • El magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa sostiene en Ávila que «la fragmentación del Parlamento no es excusa para no reeditar el Pacto en esta legislatura»

Lo que iba a ser en el Palacio de los Serrano un foro monográfico sobre los delitos asociados al urbanismo se transformó, por obra y gracia de César Tolosa, en todo un tratado magistral sobre los retos a los que se enfrenta la Justicia en esta legislatura a estrenar y que pasan «por la coordinación necesaria de los tres poderes del Estado». El magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo, ponente invitado de la primera mesa del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, convirtió por un día a Ávila en microcosmos judicial y el epicentro del debate de los temas más candentes que preocupan no solo a los colectivos y profesionales de la Administración de Justicia, sino a todos los ciudadanos: la lentitud de la Justicia, la politización y la falta de independencia.

Tolosa, que estuvo acompañado en la mesa por el presidente de la Audiencia de Ávila, Javier García Encinar, y el director de El Norte, Carlos Aganzo, se remitió a los malos datos que ofrece la última encuesta del Eurobarómetro sobre la calidad de la Justicia –que ya se analizó en el anterior Ciclo, dedicado a Europa, de la mano de una de sus autoras, Elsa García-Maltrás–.

En este sentido, subrayó la percepción «esquizofrénica» de los españoles respecto de la Justicia: «Somos los que más litigamos de los países de nuestro entorno, pero los que más suspendemos a los jueces en independencia». Por eso la reforma debe potenciar, dijo el magistrado, que la jurisdicción se ejercite con independencia e imparcialidad, porque de lo contrario no podremos hablar de Justicia». Y ya está inventado cómo. «La independencia judicial hay que entenderla no solo respecto del resto de los poderes del Estado, sino de los propios órganos de gobierno del Poder Judicial», señaló citando al Tribunal Constitucional. Más claro todavía: «El debate que plantean los ciudadanos no hablan tanto del ejercicio profesional, sino de la independencia que se predica de los órganos de gobierno de los jueces».

Así que su primera conclusión es que es necesario modificar el sistema de elección en el Poder Judicial porque «en estos momentos España no cumple los parámetros de control que exigen las instituciones europeas». Y ya hay varios toques de atención en forma de jurisprudencia e informes, advirtió. El más contundente, el elaborado por el Consejo de Europa sobre corrupción, el Informe Greco, «en el que se recuerda a España que para ser eficaz en la lucha contra la corrupción las autoridades políticas no tienen que intervenir en el nombramiento de los jueces».

Optimista, el ponente señaló que «vamos bien» en el camino de mejorar la independencia judicial, en referencia al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos «que esperamos que pronto lleve a desbloquear el asunto y que se devuelva a los jueces la capacidad de elegir a sus representantes en el CGPJ privada en 1985». Pero «¿eso significa que va a funcionar mejor? No lo sé. Pero sí va a hacer que sea más independiente», se respondió Tolosa.

Demasiados pleitos

El otro gran reto que apuntó es reducir la enorme litigiosidad galopante. Echó mano de los datos recién salidos del horno del CGPJ y que se refieren a la actividad del segundo trimestre del año en curso. En los juzgados españoles han entrado en solo tres meses 1,6 millones de asuntos, de forma que el año acabará con 5,8 millones, se resolverán 6 millones (más de los que entran) y todavía quedarán otros dos millones de asuntos pendientes. Menos mal, dijo

socarronamente, que se ha reducido el 30% el número de asuntos respecto de los últimos años. Un descenso en todos los órdenes y sobre todo por la medida de no computar los atestados sin autor conocido, una de las últimas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento criminal en esta vorágine legislativa de la última legislatura efectiva (que Tolosa denominó «legislación motorizada» y García Encinar, «legislación del telediario de las tres»). No obstante, a pesar del descenso, advirtió este experto en jurisdicción laboral, que en el orden social se avecina una avalancha de demandas porque el Tribunal Europeo acaba de unificar las indemnizaciones por despido para trabajadores temporales e indefinidos, «además de la contratación temporal en las instituciones públicas».

Mediación

¿Cómo reducir este exceso de litigiosidad sin limitar el derecho del ciudadano al acceso a la Justicia? Tolosa apuntó no solo medidas de naturaleza económica, como la modificación de las tasas judiciales, sino tratando de desjudicializar los conflictos. «Se va por buen camino», señaló por segunda vez. Con las medidas de la jurisdicción voluntaria, la nueva regulación del recurso contencioso y con algo «de lo que se habla mucho, pero que las estadísticas aún no son buenas»: la mediación y el arbitraje. Unas herramientas que tienen que ganar credibilidad «demostrando que su eficacia es superior a la de una resolución judicial, y que es un sistema más barato».

Tolosa no se olvidó de apuntar los retos macrojudicales pendientes: la Ley Procesal Penal, el fiscal que apunta maneras de ser el nuevo instructor de los procesos y los partidos judiciales. «No hay que tener miedo a reabrir el debate de los tribunales de instancia, porque la verdad es que hay juzgados al 200% y luego están los balnearios o canongías», indicó el magistrado del Tribunal Supremo. A lo que el de la Audiencia de Ávila apostilló: «Eso es cierto, pero a ver quién le dice a un alcalde que le van a quitar el juzgado de su pueblo». A ver.

Valladolid: encrucijada judicial en busca de sede

Valladolid será el escenario, el mes que viene, de la segunda mesa del foro jurídico de este curso, con el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, como anfitrión y el criminólogo forense Aitor Curiel, como ponente invitado. Contará con el patrocinio, además del Banco de Santander, de los Registradores de Castilla y León, y la colaboración de la Universidad de Valladolid y los Colegios de Abogados y Procuradores. El acto se celebrará en el Salón de Grados de la UVA.