El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá (c), junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente del TSJ José Luis Concepción (d), y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez (i), a su llegada a la inauguración del I Congreso de Procuradores de Castilla y León. Santi Otero
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá (c), junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente del TSJ José Luis Concepción (d), y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez (i), a su llegada a la inauguración del I Congreso de Procuradores de Castilla y León. Santi Otero / Santi Otero-EFE

Catalá: «Los procuradores son cooperadores necesarios para extender el expediente digital»

  • El ministro en funciones pidió en Burgos un esfuerzo por una estrategia nacional por la Justicia, que pasa por las comunidades autónomas

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que inauguró en Burgos el I Congreso de Procuradores de Castilla y León, dirigido a analizar los resultados de las nuevas herramientas tecnológicas, destacó la eficacia de los procuradores en la puesta en marcha de las reformas emprendidas en el Ministerio en la pasada legislatura hacia la justicia digital. En especial, la aportación de estos «cooperadores necesarios» a la implantación del expediente electrónico, en la que Castilla y León es pionera. A día de hoy, informó el ministro, 600 juzgados de España realizan todos los trámites, desde que entra el asunto, hasta la sentencia, de manera digital.

Entre otros ejemplos de este impulso de cambio enunció los 45 millones de comunicaciones por vía electrónica registrados en los ocho primeros meses del año, un 517% más que en el ejercicio anterior en el caso de las demandas. También incidió en la reducción de los tiempos dedicados a la presentación y notificación de documentos desde 60 días a 19 en juicios ordinarios, así como el ahorro en costes de desplazamientos, tiempo y papel por un importe de 327 millones de euros. En cuanto a la mejora de la accesibilidad a la Justicia, el ministro ha resaltado dos datos que la ratifican: un aumento del 472% en los escritos enviados en día festivo y un 547% en horario de tarde y noche.

La primera fase de implantación del expediente digital desarrollada desde enero a julio de 2016 ha permitido, en palabras del ministro, que todas las oficinas judiciales de las capitales de provincia trabajen ya íntegramente en ese formato, lo que supone que hoy lo utilicen más de 600 juzgados digitales que manejan el 70% de los asuntos en el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia y que han firmado de forma telemática más de un millón de documentos en menos de seis meses.

Más allá de la Justicia digital y Lexnet, Catalá ha señalado otros avances en modernización como los avisos por SMS para señalamiento de juicios o el servicio de información actualizada sobre el trámite en el que se encuentra un expediente. También ha destacado que se han celebrado 13.662 subastas judiciales electrónicas a través del portal del BOE por un importe de 600 millones de euros en adjudicaciones.

Pero Catalá también escogió Castilla y León, pionera en los ensayos para modernizar la administración de Justicia desde hace 15 años, para manifestar la necesidad de promover en los próximos meses una Estrategia Nacional de Justicia, «un acuerdo político, institucional, profesional y social que impulse la transformación de la Justicia española y actúe sobre los aspectos que más preocupan a los ciudadanos: la independencia judicial, la organización de la Administración de Justicia, la transparencia y rendición de cuentas y su profesionalización».

El reto: un solo sistema de gestión procesal

También ha incluido entre los objetivos prioritarios para la próxima legislatura reforzar la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para que la transformación digital llegue por igual a todo el territorio, así como la construcción de un sistema de gestión procesal común del que puedan disponer todas las comunidades autónomas para prestar sus servicios a la Administración de Justicia.

Durante la inauguración del primer congreso regional de la procura, Catalá estuvo arropado por el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, la fiscal superior Lourdes Rodríguez Rey y el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez- Quiñones. El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, aprovechó para reivindicar al ministro nuevas competencias para su colectivo, como participar en la gestión de la nueva oficina de recuperación de activos.