Las ONG de Castilla y León dejan de recibir 4,7 millones porque un 44% de contribuyentes no marca la 'X solidaria' de la renta

Presentación de la campaña 'X solidaria'./
Presentación de la campaña 'X solidaria'.

Las entidades recuerdan que el dinero va destinado a proyectos y programas concretos que benefician a colectivos más desfavorecidos

ICALLeón

Las ONG de Castilla y León dejaron de recibir el año pasado 4,7 millones de euros porque un 44 por ciento de los contribuyentes no marcó la 'X solidaria' (casilla 106 de Actividades de Interés Social) en su declaración de renta. En cambio, otro 56 por ciento optó por que la asignación fiscal del 0,7 por ciento del IRPF sirviera para financiar programas y proyectos directos de organizaciones del ámbito de la acción social, la cooperación al desarrollo y la protección del medio ambiente.

Ante estos datos, una representación de entidades como Cruz Roja, Plena Inclusión, EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), Coceder (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social y Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) reclamó hoy en Valladolid un gesto de solidaridad de los contribuyentes de la Comunidad a la hora de marcar la 'X solidaria' y así apoyar a los colectivos más desfavorecidos. «La sociedad que ejerce la solidaridad es una sociedad madura, moderna y democrática», apuntaron.

El presidente autonómico de Coder, Nicolás Hernández, recordó que la administración permite a los ciudadanos elegir el destino de una pequeña parte de sus impuestos, en concreto el 0,7 por ciento, sin que esa elección suponga pagar más en la declaración de la renta o una mayor devolución de dinero. El contribuyente cuenta con cuatro opciones (casilla 105 para la Iglesia Católica, casilla 106 para Actividades de Interés Social o ambas, además de no marcar ninguna).

La Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social y gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, Luisa Lobete, precisó que estas casillas no vienen marcadas, por lo que animó a los contribuyentes a revisar sus borradores de la renta y marcarlas si está interesado en que sus impuestos vayan a proyectos sociales. «Las nuevas tecnologías y la inmediatez dificultan que los ciudadanos comprueben el destino de su dinero», aseveró.

En la declaración del año pasado, un total de 364.416 personas de la Comunidad marcaron la casilla de Actividades de Interés Social y la Iglesia mientras que otras 328.363 optaron por solo las actividades sociales. Además, 206.138 contribuyentes decidieron destinar sus impuestos solo a la Iglesia y 336.587 no marcaron ninguna casilla, lo que supuso el 27 por ciento del total. Por encima de la media regional, se situaron las provincias de Zamora (31,5 por ciento), Salamanca (29,8 por ciento), León (29,2), Ávila (28 por ciento) y Segovia (27,6 por ciento). Por contra, Burgos lideró el porcentaje de personas que marcaron las casillas 106 o la conjunta con la Iglesia con el 62,4 por ciento, seguida de Soria (58,6) y Valladolid (58,2 por ciento).

Cuando se elige alguna casilla, la administración deberá respetar la voluntad de las personas y, por tanto, ese dinero irá destinado a atender realidades concretas como la teleasistencia, las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio para personas con discapacidad físicas, el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, la ayuda a personas sordas, la atención a personas sin hogar, el transporte en vehículos adaptados, la atención a mujeres en dificultad social y los centros de atención psicosocial a niños diagnosticados de cáncer, entre otros.

Hernández hizo especial mención al ámbito rural y las zonas periféricas para que la asignación del IRPF permita combatir la «exclusión territorial» como la brecha digital y el acceso a servicios públicos de calidad. Algo que, si cabe, cobra más sentido porque es el segundo año en que la convocatoria del 0,7 por ciento tiene dos tramos, uno del Estado y otro autonómico. En ese sentido, Lobete reconoció que ese nuevo sistema había perjudicado a la Comunidad porque las ONG dejaron de percibir una parte importante de dinero que le correspondía. «Hubo entidades que se quedaron fuera del listado elaborado por el Ministerio», añadió.

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