Castilla y León apuesta por mantener la cláusula de 'statu quo' para que ninguna autonomía pierda fondos con el nuevo modelo de financiación

Jaime Rabanal, experto designado por la Junta para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. / Cacho

Un voto particular de Rabanal al informe de los expertos destaca que cumple dos funciones «de vital importancia» porque corrige errores de cálculo y evita poner en peligro la sostenibilidad financiera

ICAL

La batalla política por la financiación autonómica está a punto de comenzar tras la publicación del informe de los expertos sobre su reforma. Castilla y León exige en este documento que se mantenga la cláusula de ‘statu quo’ en el modelo para que ninguna autonomía pueda ver mermados sus ingresos con el nuevo sistema.

Un voto particular suscrito por el experto designado por la Junta, Jaime Rabanal, junto a Juan Manuel Rodríguez (Cantabria); Alain Cuenca (Aragón); Elena Manzano (Extremadura); Juan José Rubio (La Rioja); y Natividad Fernández (Administración General del Estado) defiende dos funciones «de vital importancia» para sostener esta cláusula que el documento presentado por la comisión de expertos plantea eliminar.

En este sentido, destacan que la cláusula permite «corregir errores de especificación» en el cálculo de las necesidades de gasto de las autonomías a través de los costes efectivos y otros aspectos. La corrección, indican, se efectúa incluyendo aquellos costes específicos de cada Comunidad, que «las variables de necesidad de gasto son incapaces de recoger, no las que se han utilizado en modelos anteriores ni las que se proponen para el modelo actual».

Asimismo, el experto de Castilla y León suscribe que esta cláusula de ‘statu quo’, en ausencia de fondos adicionales que minimicen los desequilibrios verticales que existen en la actualidad, evita que los nuevos indicadores de reparto que se establezcan actúen como en un modelo de «suma cero», provocando que la pérdida de financiación de algunas comunidades «sea tan importante que pueda poner seriamente en cuestión su equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de sus finanzas».

En contra del indicador de necesidad

El voto particular que apoya Castilla y León rechaza emplear un criterio de nivelación basado exclusivamente en un indicador de necesidades de gasto porque «puede presentar serios errores que podrían conducir a un reparto de la financiación que se aleja de lo deseado en términos de equidad».

Los expertos que suscriben esta exigencia de sostenimiento, como base, de las partidas que hoy llegan a las autonomías, recuerdan que las desviaciones más significativas sobre el indicador de necesidad de gasto se producen en las comunidades con menor población, lo que refleja que «hay variables que no responden a los costes de prestación de servicios públicos fundamentales».

Al respecto, constatan que los costes estructurales en la prestación de determinados servicios hacen que estas autonomías «tengan una desviación más pronunciada en términos de financiación homogénea por habitante ajustado». El coste efectivo, recuerdan, contó en su día con una metodología común y la evolución de la financiación a lo largo de los años «ha tenido unos parámetros muy parecidos que parecen explicar estas desviaciones». Así, recalcan que «las diferencias en el coste de prestación son las que realmente explican estas desviaciones».

Y es que aunque reconocen que el indicador de necesidades de gasto es «significativo» para explicar la evolución del desembolso de las autonomías, sin embargo su efecto sobre su desarrollo en el tiempo «es muy heterogéneo». Este indicador, afirman, «en algunas comunidades autónomas llega a explicar más del 80 por ciento de su gasto en servicios públicos fundamentales a lo largo del tiempo, mientras que en otras apenas explica en un mísero cinco por ciento el citado gasto».

El voto particular de la Comunidad incide en que no existe evidencia empírica concluyente de que las ponderaciones y las variables elegidas para elaborar el llamado indicador de necesidades de gasto aproximen de forma adecuada los costes de las autonomías en la provisión de servicios públicos. Asimismo, recalca que tampoco existe un consenso claro sobre el cálculo de los valores normativos en algunas figuras tributarias.

Fase madura de descentralización

El texto particular al documento reclama que se modifiquen cinco párrafos del capítulo 4, que se centra en las necesidades relativas de gasto, nivelación y estructura del sistema de financiación. La redacción que se pretende modificar indica que el sistema actual «origina diferencias de financiación por habitante y por habitante ajustado» entre las autonomías no solo por las variables y ponderaciones establecidas para captar las diferencias en las necesidades de gasto y las capacidades fiscales. Así, asegura el texto d ellos expertos consultado por Ical, que «el motivo es que reflejan también la sedimentación del criterio de ‘statu quo’ y de coste efectivo aplicado en el momento del traspaso de cada competencia.

Unos elementos, sostienen, que «se deberían superar en una fase madura de la descentralización». «no existen ejemplos en el panorama internacional ni justificaciones en la literatura comparada de que este criterio tenga un peso relevante», constatan.

En este contexto, apelan a que el nuevo sistema debería ser capaz de justificar por sí mismo y de forma más transparente y objetiva las diferencias en la financiación entre autonomías para evitar los sentimientos de agravio comparativo».

Los expertos argumentan en otro párrafo «a modificar» para Castilla y León, que una vez acordado un determinado equilibrio vertical de partida, «se pretende simplificar la estructura del sistema de financiación, hacerlo más transparente y dotarlo de un criterio explícito de reparto que se aplicaría sin excepciones, una vez desaparezca la cláusula ‘statu quo’.

Aseveran que el grado de nivel horizontal del modelo «vendría determinado por dos parámetros que debería fijarse en una negociación política». El documento apuesta por un núcleo del modelo integrado por dos fondos, una básico de financiación y otro de nivelación vertical, para las competencias homogéneas antes de aplicar la capacidad normativa en materia tributaria; y por un tercero complementario con recursos para las competencias singulares que solo hayan asumido algunas autonomías. El objetivo es que los dos fondos básicos permitan «la nivelación total del gasto en servicios públicos fundamentales», sin que esta restricción de mínimos al grado de nivelación del sistema condicione en modo alguno la composición del gasto de cada autonomía.

Desaparición progresiva

Por último, pese a su apuesta por la eliminación de la cláusula de ‘statu quo’ incluida en anteriores modelos, los expertos asumen que «pueden existir dificultades políticas para suprimirla de forma inmediata». Así, recomiendan que en el año base del nuevo modelo «ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos respecto a lo obtenido en el modelo anterior»

La comisión aconseja también que la absorción de las diferencias de financiación derivadas de la cláusula «se haga de forma progresiva» y dentro del periodo de vigencia del nuevo sistema. Los expertos dejan su concreción en manos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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