La ayuda al desarrollo de la Junta y las entidades locales repunta pero no frena el desplome del 60% por la crisis

La ayuda al desarrollo de la Junta y las entidades locales repunta pero no frena el desplome del 60% por la crisisGráfico

La caída de los proyectos subvencionados por las administraciones públicas ha pasado de los 19,1 millones de euros en 2007 a los 7,6 millones

R. TRAVESÍ

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que incluye las aportaciones de la Junta de Castilla y los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad, se desplomó un 60,2 por ciento a lo largo de la crisis económica, pese al ligero aumento experimentado en el año 2016 con un incremento de 500.000 euros. Los proyectos subvencionados por las entidades públicas de la autonomía sumaron en 2007 un total de 19,1 millones de euros mientras que se quedaron en 7,6 millones hace dos ejercicios, repartidos entre los 5,8 millones del Ejecutivo autonómico y los 1,4 millones de las entidades locales.

Algunas ONGs de Desarrollo aseguran que la cooperación internacional ha sido la política más recortada con la recesión y las ayudas de España destinadas a países en vías de desarrollo están muy lejos de alcanzar el 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB), pese a que más del 90 por ciento de la población considera importante asistir a ciudadanos en zonas de conflicto.

La caída de la ayuda oficial en Castilla y León ha sido constante desde 2008 aunque se agravó a partir de 2012 cuando los fondos que reservan la administración regional y las entidades locales se redujeron a la mitad al pasar de 14,5 a 7,2 millones (5,8 millones correspondieron a la Junta y 1,4 millones, a ayuntamientos y diputaciones).

Según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a los que ha tenido acceso la Agencia Ical, correspondientes al año 2016, la ayuda oficial desembolsada por la Junta ascendió a 4,3 millones (frente a los 13,1 millones consignados en 2007) y la suma de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales alcanzó los 3,3 millones de euros (frente a los seis millones antes de la crisis).

Las ONGs de Desarrollo han tenido, tradicionalmente, una dependencia muy importante de las administraciones públicas puesto que entre el 65 y el 70 por ciento del dinero que llegaba a estas organizaciones procede de los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración central. De ahí que el presidente de la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo, el burgalés Andrés Amayuelas, reconozca la necesidad de “apretarse el cinturón” y “reinventarse” para captar otro tipo de fondos, ya sea a través de las tradicionales aportaciones de los socios o con la organización de actividades como conciertos y carreras benéficas. También cita las alianzas entre organizaciones y las donaciones de las empresas interesadas en participar en proyectos de cooperación, en línea con su responsabilidad social corporativa.

Amayuelas valora el apoyo económico de la Junta y las entidades locales a pequeñas organizaciones no gubermantales de pequeño tamaño, pese a la fuerte competencia con otras grandes ONGs que acaparan el 92 por ciento de los fondos nacionales. “Las entidades más pequeñas de Castilla y León centran sus esfuerzos en la cooperación descentralizada al presentar proyectos en las convocatorias de la administración autonómica, los ayuntamientos y las diputaciones”, explica.

La financiación de proyectos a cargo de las administraciones públicas sirve para cubrir ayudas para el desarrollo en países con menos recursos económicos pero también para situaciones de emergencia, además de acciones reservadas a educación y sensibilización de la población. La Coordinadora recuerda que estos programas son fundamentales para que los ciudadanos conozcan la problemática en los países del Tercer Mundo, sin olvidar la concienciación sobre el consumo responsable o el cuidado del medio ambiente.

Andrés Amayuelas precisa que la tendencia es que la Ayuda Oficial al Desarrollo en España remonta pero la realidad es que la ejecución real, la cantidad desembolsada neta, baja. En ese sentido, recuerda que esa ayuda oficial en el conjunto del país ha pasado de los 4.761 millones en 2008 a los 1.260 millones en 2015, una cifra que aumentó a los 3.868 millones en 2016. Eso sí, advierte que a ese dato hay que restarle los cerca de 2.000 millones correspondientes a la condonación de la deuda cubana, que dispara la ayuda al desarrollo. Si se excluye esta cancelación, la AOD española se sitúa en el 0,21 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), muy lejos del récord de 2009 (0,46 por ciento).

Asegura que la reducción de fondos para cooperación afecta a la influencia de España en el ámbito internacional. “Siempre hemos dicho que una marca sin valores es una marca sin valor”, asevera. No en vano, recuerda que todas las ONGs de Desarrollo actúan en 3.600 proyectos de 105 países de todo el mundo, con un impacto en 35 millones de personas, lo que supone una “presencia importante” tras movilizar recursos por importe de 550 millones de euros al año. De ese dinero, el 40 por ciento corresponde a las administraciones públicas y el 60 por ciento a fondos privados.

Además, el burgalés subraya las importantes fluctuaciones en las partidas para cooperación en los presupuestos de los ayuntamientos y diputaciones. A ello se suma que muchos municipios no tienen aprobadas sus cuentas, lo que agrava la situación pese a que el presidente de la Coordinadora considera que este problema se podría solucionar con una modificación de crédito. Pone el ejemplo del Ayuntamiento de Burgos que siempre se ha caracterizado por aportar más dinero a cooperación al desarrollo. En 2011 destinó cerca de 1,6 millones de euros a esta materia frente a los 666.638 euros en 2013 y en 2016 se situó en el millón. Para este año, de momento, no hay ninguna partida prevista por la prórroga de los presupuestos.

Impacto del escándalo de Intermon Oxfam

Andrés Amayuela cree que los escándalos reconocidos por organizaciones como Intermon Oxfam y Médicos Sin Fronteras, con trabajadores involucrados en escándalos sexuales en Haití, no deberían perjudicar la actividad del resto de las ONGs de Desarrollo porque son casos aislados que ocurrieron hace años y protagonizados por entidades extranjeras. Es consciente que este tipo de denuncias resta credibilidad a la labor de las entidades aunque precisa que son hechos que no deben empañar los cinco años en que las organizaciones trabajan con la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, que les obliga a respetar la legalidad.

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