El autogobierno de Castilla y León crece con tres reformas y se acerca al techo competencial

Pleno del Senado para la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla y León. /Eduardo Margareto
Pleno del Senado para la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla y León. / Eduardo Margareto

Es el único texto cuya validez jurídica fue impugnada ante el Constitucional pero todas las modificaciones posteriores han nacido del consenso de PP y PSOE

V.A.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue el último en ver la luz, en febrero de 1983, cuando faltaban tres meses para las primeras elecciones autonómicas. La máxima norma de autogobierno nació cuestionada en su integridad territorial e impugnada en el Tribunal Constitucional y marcó la etapa inicial de la primera legislatura. Al cumplir los 35 años, tres reformas, aprobadas desde el consenso de las dos fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, dotan a la Comunidad de mayores competencias, entre ellas las más cercanas a los ciudadanos como la educación, sanidad y servicios sociales.

La falta de una conciencia autonómica, la indefinición territorial, los movimientos localistas de algunas de las provincias y la pugna por la sede de la capitalidad de la Comunidad Autónoma, que se asentaba en los territorios de los antiguos reinos de León y de Castilla, están entre las causas de que su Estatuto de Autonomía fuera el último en cerrarse entre las autonomías de la denominada ‘vía lenta’ del artículo 143 de la Constitución.

El Estatuto, después de casi tres años rodeado de obstáculos, se aprobó con el nuevo Gobierno del PSOE en La Moncloa y recoge en su mayor parte el modelo socialista, como un sistema electoral proporcional y no paritario, que planteó Alianza Popular -segunda fuerza política tras el derrumbe de UCD en los comicios de octubre de 1982,- que eliminó del proyecto que la sede fuera Tordesillas, como llegó el texto al Congreso, para que una futura ley de sedes decidiera dónde estarían las principales instituciones, y no dar más poder a las diputaciones. Segovia no se incluía, en ese momento, en la Comunidad de Castilla y León y se dejaba la puerta abierta a la posible incorporación de Cantabria y La Rioja, aunque ambas tenían ya sus estatutos.

El diseño de la Comunidad es fruto del pacto de julio de 1981 entre el entonces Gobierno de UCD y el PSOE, partido éste que tuvo la responsabilidad de poner en marcha una autonomía que sólo figuraba en el mapa y en los papeles e iniciar su construcción, al ganar las primeras elecciones del 8 de mayo de 1983. Sin embargo, la Junta y las Cortes, a la tarea de crear un ordenamiento jurídico, se tuvieron que enfrentar nada más nacer a cuatro recursos de insconstitucionalidad, dos internos y dos externos.

En el plano interno, León y Segovia cuestionan de nuevo su inclusión en la Comunidad Autónoma y 54 senadores de la entonces Alianza Popular recurren el texto ante el Tribunal Constitucional. Será en sendas sentencias de 28 de septiembre de 1984 y de 8 de noviembre del mismo año cuando el alto tribunal confirme la integración de León y la inclusión de Segovia. La otra impugnación llegó de fuera, a través del Gobierno y el Parlamento vasco en relación al enclave de Treviño. También, se dio la razón a Castilla y León y la disposición transitoria séptima -ahora tercera- de su máxima norma.

Primer intento de reforma

En las segundas elecciones autonómicas -10 de junio de 1987- se produce un vuelco con la victoria de Alianza Popular por casi 5.000 votos sobre el PSOE. Esta fuerza no sólo no había participado en el diseño de la Comunidad, sino que incluso había cuestionado su integridad territorial y apoyado las reivindicaciones localistas de Burgos, León y Segovia. Sin embargo, el nuevo presidente, José María Aznar, asume el modelo de Comunidad que emana del Estatuto, propone la Ley de Sedes, que fija en la ciudad de Valladolid la Presidencia de la Junta y las Cortes, y en Burgos el TSJ, y mantiene la ‘ley Nalda’, aprobada bajo mandato socialista y conocida con el apellido de su consejero, en la que se establece una administración autonómica fuerte con servicios periféricos en las provincias a través de las delegaciones territoriales de la Junta, aunque Aznar, en el único cambio, crea una única en cada provincia.

Así, según expertos, el acuerdo en torno al modelo de Castilla y León fue diseño del PSOE en el periodo estatuyente y primera legislatura y culminó con la aceptación diferida de los populares a partir de 1987. El nuevo Gobierno, sin mayoría absoluta, necesitó del apoyo del CDS, como socio en un Ejecutivo de Coalición. Juntos registran en mayo de 1988 una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, asentada en el artículo 148.2 de la Constitución, para asumir nuevas competencias, en concreto la educación, pasados cinco años desde la aprobación de la norma.

La iniciativa se aprobó en un pleno de las Cortes de 23 de junio de 1988, con 48 síes (AP-CDS-PDP) y 30 noes del PSOE, que alegó una serie de tecnicismos para su oposición así como la falta de acuerdo con el Gobierno y su partido, con mayoría absoluta en Madrid. El texto se remitió al Congreso, pero su Junta de Portavoces nunca le incluyó en un orden del día y seis años después la Cámara Baja se dirigió al Parlamento regional y fue retirada.

Pacto nacional

En febrero de 1992, Gobierno, PP -liderado ya por Aznar- y PSOE firman un pacto en un nuevo impulso en la construcción del estado de las autonomías para equiparar a las diez comunidades de ‘vía lenta’ con las de primera (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía). El acuerdo se ciñe, como materia principal, a la educación y no entró el Insalud. Se estableció un calendario especial diferido al menos hasta 1996 y condicionado por el Estado a la reforma del sistema educativo.

Según el acuerdo, se haría en dos fases, en la primera el Estado aprobaría la ley orgánica de traspaso de las competencias y, tras su entrada en vigor, los parlamentos autonómicos la incorporarían a los estatutos. El Congreso aprobó la ley orgánica el 23 de diciembre de 1992 y PP y PSOE promueven la reforma del Estatuto en Castilla y León. Así, 77 procuradores de ambos grupos presentan el 12 febrero de 1993 la iniciativa de reforma como proposición de ley de artículo único para la transposición de competencias de la ley orgánica.

El texto contó con la oposición de CDS e IU por entender que la reforma llegaba impuesta desde arriba, que se consagraba a Castilla y León como comunidad de segunda y que no se equiparaba a las del 151. Se tramitó por urgencia y se rechazaron las enmiendas de CDS e IU. El pleno aprobó la proposición de ley el 31 de marzo de 1993. El Congreso la aprobó sin cambios el 24 de marzo de 1994.

Aunque no estaba en el Estatuto de Autonomía, las Cortes aprobaron las leyes para la creación del Consejo Económico y Social, Procurador del Común -primera comunidad en contar con un defensor autonómico-, cuestión de confianza y disolución anticipada de las Cortes. Así, fue en la segunda reforma, en ese caso no para ampliar competencias, sino para revisar en profundidad todo su articulado, cuando se incluyeron esas figuras.

Después de múltiples reuniones durante meses, PP y PSOE mantuvieron el acuerdo al que no consiguieron integrar a IU, que pedía el reconocimiento de Castilla y León como comunidad histórica, y a UPL, defensora de la autonomía uniprovincial para León.

El proyecto llegó en abril de 1988 al Congreso, que le aprobó finalmente en enero de 1999, con algún cambio técnico. Pero la propuesta de la Comunidad de contar con la administración y control del dominio público hidráulico de la Cuenca del Duero fue suprimida, al considerar que es competencia exclusiva del Estado. Se introdujo, a modo de compensación, una disposición adicional que prevé la posibilidad de una futura cooperación con el Estado a través de convenios bilaterales.

Reforma de última generación

La tercera reforma del Estatuto de Autonomía la planteó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el debate del estado de la región de junio de 2004, cuando presentó a los grupos la posibilidad de revisar la carta magna regional para ampliar el autogobierno con competencias como la gestión de la Cuenca del Duero entre un listado de 40 materias. En el mismo debate de 2005, el presidente presenta unas bases para la reforma. En septiembre, PP y PSOE crean el grupo de trabajo, que culmina su propuesta un año después. En noviembre, el plenario ratifica la proposición de ley con el respaldo de 78 procuradores de PP y PSOE y el voto en contra del leonesista Joaquín Otero.

La tramitación también se acelera en Congreso, que la aprueba el 30 de octubre de 2007, y en el Senado, que lo hace en diciembre, con la presencia del presidente Rodríguez Zapatero. Sus ponentes, entre ellos los entonces portavoces del Grupo Popular, José Antonio de Santiago-Juárez, y Socialista, Ángel Villalba, consideraron que es la reforma de los ciudadanos por la carta de derechos que introduce -vivienda, salud o renta de ciudadanía, entre otros-, la redacción de un Plan de Convergencia para corregir desequilibrios y las relaciones de Castilla y León con el resto de autonomías, el Gobierno y Europa. Con esa última revisión la Comunidad dispone de un Estatuto de “última generación”, en opinión de sus redactores, y culmina el techo competencial.

Todos los grupos están de acuerdo en abordar una nueva reforma de la máxima ley de Gobierno de la Comunidad; crearon un grupo de trabajo y presentaron propuestas, pero desde mayo de 2016 está parado por la falta de consenso sobre los elementos que se tienen que modificar. La cuarta reforma tendrá que esperar.

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