La ARMH insiste en que se dé voz en las Cortes a víctimas y expertos de la Memoria Histórica

Exhumación de fosas comunes./
Exhumación de fosas comunes.

El colectivo anuncia que no optará a las ayudas que convocará la Junta al considerar que no tienen un objetivo real

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La Asociación Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó este jueves el decreto aprobado por la Junta de Castilla y León y reclamó que sea una Comisión en las Cortes la que escuche las demandas de este colectivo, a la vez que aseguró que no concurrirá a la convocatoria de ayudas de 100.000 euros que se publicará en breve en el Bocyl al entender que no tienen el objetivo real de atender a las víctimas.

En un comunicado después de conocer la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, la ARMH duda de la eficacia de la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista en colaboración con el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, cuando la mayoría de los asesinatos de las personas exhumadas fueron extrajudiciales y no dejaron rastro documental.

Así, explica que el «poco frente» de guerra castellano leonés puede tener cierta documentación en ese Centro, pero la mayoría de los asesinatos extrajudiciales de los cientos de desaparecidos que se han exhumado desde la primera exhumación científica en Priaranza del Bierzo, en el año 2000.

Según esta asociación, la verdadera elaboración de un censo de víctimas de la represión franquista pasa por articular grupos de trabajo que actúen en todo el territorio autonómico, que visiten los registros municipales y que lleven a cabo entrevistas con familiares o conocidos. «La única forma de censar a todas aquellas personas asesinadas por los fascistas cuyos crímenes no dejaron un rastro documental», asevera.

Con respecto a la posibilidad de estudiar la viabilidad de un Banco de ADN, valora que se trata de otra muestra para «utilizar un lenguaje grandilocuente sin aseverar un compromiso». La creación de un banco de ADN no es algo complejo y dependen fundamentalmente de la voluntad política para hacerlo, defiende. «Anunciar la posibilidad de llevar a cabo algo de lo que seguidamente se dice que es muy complicado no parece más que otra forma de hacerle propaganda a su decreto», subraya.

«Todos estos errores, incomprensiblemente apoyados por sindicatos que nunca han organizado exhumaciones que se conozcan, tienen que ver con el modelo de política de la memoria que está llevando a cabo el gobierno autonómico, secuestrando del Parlamento el procedimiento que debe ser llevado a cabo a través de una comisión, en la que se dé voz a las víctimas y a las personas expertas que llevan años haciendo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León sea la que ha tenido más exhumaciones de asesinados por los fascista de todo el Estado», concluye.

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