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La Junta renuncia a personarse como acusación popular en las eólicas porque ya está el Ministerio Fiscal

Milagros Marcos afirma que están abiertos a lo que decida el Juzgado vallisoletano que investiga la causa

leonoticias

Jueves, 25 de mayo 2017, 20:29

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La Junta de Castilla y León ha optado por no personarse como acusación popular en la causa de las eólicas como sugirió el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cuando rechazó la segunda petición en tal sentido, al considerar que el Ministerio Fiscal defiende los intereses generales y públicos perfectamente.

El pasado 16 de mayo el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dictó un auto en el que señaló, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, que "no ha lugar a tener por personada a la Junta de Castilla y León como acusación particular, sin perjuicio de que pueda solicitarlo como acusación popular en el caso de las eólicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos manifestó que se ha decidido no personarse tampoco como acusación popular dado que ya está el Ministerio Fiscal y se sienten representados en la defensa de los intereses generales y públicos, si bien añadió que están a disposición de lo que les comunique el juzgado instructor.

Tras conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se imputa a 21 personas, entre ellas el exviceconsejero de Economía y Empleo Rafael Delgado por un presunto cobro de comisiones en la autorización de parques eólicos, la Junta solicitó la denuncia tanto a la Fiscalía como al Juzgado vallisoletano al que pasó el caso.

Recurso de forma

Así, decidió personarse pero se desestimó al no estar motivada la causa, si bien se presentó un segundo escrito que también se rechazó al no ser parte afectada ni existir malversación a las arcas de la Comunidad, pero la jueza invitó a que lo hiciera, en todo caso, como acusación popular, a lo que la Junta ha declinado.

Tras el último Consejo de Gobierno de la semana pasada, Marcos manifestó que se analizaba la posibilidad de presentar un recurso de reforma, al considerar que la defensa de los intereses públicos, que permite la acusación popular, corresponde al Ministerio Fiscal.

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