Letrados de las Cortes no ven la necesidad de una reforma del Reglamento, sino de «algún retoque»

En un tono didáctico, informativo, formativo y sencillo, no exento de ironía en algunos casos, los dos letrados prefirieron que se les hicieran preguntas sobre lo que interesa a los periodistas. Así, respondieron sobre la reforma del Reglamento, comisiones de investigación, el poder de las iniciativas que se aprueban o sobre el trabajo en un parlamento con más grupos y más plural.

En la Jornada Parlamento y Periodistas, celebrada esta mañana, Carlos Ortega, secretario general-letrado mayor, explicó que el Reglamento puede ser susceptible de mejoras y abogó, en caso de hacerse, por que sea por consenso, pese a que sólo se requiere de mayoría absoluta (43 de 84 procuradores), aunque añadió que la normativa ya ofrece soluciones sin ir a una revisión.

Las comisiones de investigación son secretas pero se hizo encaje de bolillos, con el consenso de los grupos, para que las comparecencias de las personas que a ellas se llama sean abiertas, refirió Ortega, que apuntó al acuerdo para introducir elementos de interés sin ir a una revisión. La publicidad de las comisiones de investigación, la existencia de un cupo en el orden del día de las comisiones o la publicidad de las declaraciones de interés de los procuradores se podrían incluir entre esos retoques al Reglamento.

Edmundo Matía, letrado de la reforma que concluyó en 2005, defendió que no ve la necesidad de grandes cambios, sino de algún retoque, en línea con lo apuntado por Ortega, si bien señaló algunas de las cosas que se quedaron fuera en la última revisión, como recoger un cupo para las comisiones, igual que se hizo con las preguntas a pleno. Matía confesó que el 90 por ciento de lo que se propone reformar, le asusta.

Ambos se decantaron por un mejor aprovechamiento de los mecanismos que contiene el Reglamento sin necesidad de acudir a una reforma de la norma y se refirieron a un trabajo más selectivo por parte de los grupos. Concede a las minorías más mecanismos de los que piensan, sentenció Ortega, que subrayó que todos los portavoces pueden preguntar al presidente, lo que no ocurre en todas las asambleas legislativas.

Los dos letrados rechazaron la eliminación de los aforamientos de los procuradores y defendieron que no se trata de ningún privilegio, sino de una garantía que puede evitar procesamientos espúreos, aunque reconocieron que es difícil que se produzcan esos casos. ¿Cuál es el privilegio que te juzgue el Tribunal Supremo o un juez de instrucción?, preguntó Matía, que recordó que el 80 por ciento de aforados son jueves y magistrados. Es un privilegio desde hace cuatro años, y no me había enterado, ironizó.

Comisiones de investigación

En preguntas sobre las comisiones de investigación, recordaron que no se pueden disolver porque no lo prevé el Reglamento, aunque estén paralizadas, como es el caso de la creada para conocer si hubo pago de comisiones por parte de altos cargos de la Junta por la implantación de parques eólicos en Castilla y León. A la pregunta directa de que no se convoca porque el asunto está en los tribunales, como esgrime el PP, Matía fue claro: Sobre argumentos políticos, no digo nada. Lo mismo, apostilló Ortega.

Ante la previsión de pedir alguna otra comisión de investigación, como es el caso de Podemos con las cajas, los dos letrados se refirieron a la capacidad de trabajo de los técnicos de la plantilla de las Cortes y explicaron que se puede crear, otra cosa sería que empezará a funcionar, como indicaron que ocurre en Valencia, ante el elevado número solicitado.

Sobre la critica de algunos grupos, en especial Podemos, de falta de cumplimiento por la Junta de las proposiciones no de ley o de las mociones aprobadas, el letrado Matía explicó que el Parlamento no gobierna, aunque sí le dice como tiene que actuar, y apuntó a la moción de censura cuando exista un desfase entre Ejecutivo y Legislativo.

Por último, Edmundo Matía consideró más tranquilizador que el número de procuradores este fijado en el Estatuto de Autonomía, y no se juegue con ello, caso de Castilla-La Mancha. En Castilla y León, la representación es un mínimo de tres en cada provincia y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.