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Sábado, 25 de febrero 2017, 13:09
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El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado hoy la intención del Ejecutivo autonómico de remitir a las Cortes, antes de verano, un proyecto de ley que regule el diálogo civil y la participación ciudadana y otro sobre protección a las personas en riesgo de exclusión.
El presidente de la Junta ha adelantado la voluntad del Ejecutivo autonómico de plantear ambas iniciativas próximamente, en declaraciones a los periodistas, antes de asistir a la entrega de la Medalla de Oro del Parlamento regional a los emigrantes castellanos y leoneses en el exterior, en un acto organizado con motivo del 34 aniversario del Estatuto de Autonomía, informa Efe.
Herrera ha descrito el Estatuto como una norma dinámica y de estabilidad política, social e institucional, además de constituir un instrumento "muy útil y eficaz" para una comunidad con problemas y con retos.
Ha recordado que este aniversario también conmemora la Constitución española de 1978 y la dotación del modelo autonómico, de descentralización política, y ha puesto como ejemplo del carácter dinámico de la norma fundamental de la comunidad las tres reformas que ya ha experimentado el texto.
El presidente de la Junta ha citado en este sentido la reforma acometida en 1994, centrada en las competencias; la de 1999, en las instituciones y la llevada cabo en 2007 vinculada con los derechos y los intereses de las personas.
Herrera ha subrayado la "importancia" de suscribir un acuerdo en el ámbito parlamentario al comienzo de legislatura, concretamente en julio de 2015, que precisaba cuatro cuestiones de la comunidad que requerían un trabajo conjunto.
Ha enumerado al respecto, en primer lugar, la reforma del modelo de financiación autonómica, que ha conllevado novedades en las últimas semanas, y ha puesto de manifiesto la voluntad de la Junta de continuar caminando "juntos" en este área en defensa de los intereses de Castilla y León.
En segundo lugar ha mencionado el pacto alcanzado para el impulso y culminación del nuevo modelo de ordenación del territorio, ya nacido en la legislatura anterior y cuyo último proyecto de ley se encuentra en las Cortes.
También ha mostrado su intención de seguir trabajando en el proceso desde el consenso.
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