Leonoticias

Castilla y León mejora su nota en dependencia al lograr un 8,93, la máxima puntuación del país

  • Para José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación, Castilla y León «marca un camino al resto de comunidades autónomas» al ser la única comunidad con «plena atención»

Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor nota saca de todo el país en la aplicación de la Ley de Dependencia, con un 8,9 sobre 10, incluso mejorar la nota anterior, al pasar del 8,6 al 8,93. Es la conclusión del XVII Dictámen del Observatorio de la Dependencia que realiza cada año la Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales, y que ha dado a conocer sus datos este viernes en Madrid.

El presidente de esta organización, José Manuel Ramírez Navarro, elogió el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunidad que calificó como «diligente y funciona de manera adecuada». No en vano, «Castilla y León es la única comunidad autónoma que tiene plena atención» dijo, con una lista de espera por debajo del 1 por ciento mientras que otras comunidades «en algunos casos es cercana al 50 por ciento», valoró.

Además, Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor porcentaje de personas en situación de dependencia tiene como beneficiaria de la población potencialmente dependiente, un 12,6 por ciento, habiéndose incrementado el número de beneficiarios en el último año en 11.755 personas, un 16 por ciento. «Esto es un éxito dentro de la gestión del Gobierno de la Comunidad sabiendo que los recortes que se han sufrido también han afectado a esta comunidad», dijo Ramírez, por lo que consideró que Castilla y León «marca un camino para otras comunidades autónomas».

El dictamen se ha realizado considerando los últimos datos oficiales de la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia hasta 31 de diciembre de 2016 y ha supuesto una mejora en los datos obtenidos para Castilla y León de medio punto con respecto al año anterior, debida a la aplicación del sistema en los dependientes de grado 3, es decir, los grandes dependientes, que con la modificación del baremo en 2012 que elevó la exigencia de valoración de dependientes «llevó a una pérdida de 67.000 personas que dejaron de estar en el sistema», señaló Ramírez.

El presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales puso en valor además el «sistema ágil y también eficiente» que tiene Castilla y León que, siendo una comunidad que no es la que más inversión hace por habitante en este ámbito, «tiene muy buenos resultados». «Esto ha sido porque han descentralizado la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia» explicó, reflexión que les ha llevado a concluir que «la proximidad es un elemento clave para la agilización del sistema».

En este sentido, comparó los datos que estiman que «por cada millón de euros invertidos en este sector se generan en España 35 empleos directos estables y no deslocalizables», mientras que en Castilla y León la cifra se eleva a 50 empleos, y un retorno económico que en el año 2016 ascendió a 198,4 millones de euros. «Es producto de la apuesta del Gobierno de Castilla y León por lo que son los servicios», y algo muy importante para una comunidad con gran dispersión porque el empleo «se fija en la zona».

Al margen de la valoración regional, Ramírez Navarro llamó la atención sobre la aplicación del sistema de atención a la Dependencia en el conjunto del país en el que aún existen cerca de 350.000 personas a la espera de ser atendidas por el sistema, un «limbo» que supone el 29 por ciento del total que tienen reconocida su situación de dependencia, y que asciende a un millón doscientas mil personas (el 2,6 por ciento de la población total).

Ramírez confirmó que en 2016 se había producido una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia, que se inició en el año 2015 «al calor de la sensibilidad de los nuevos gobiernos autonómicos», aunque sigue demandando más implicación por parte de las administraciones porque, a pesar del incremento en 69.455 los beneficiarios al Sistema, «a este ritmo se tardarían 5 años solo para atender la actual lista de espera». Un tiempo que las personas dependientes no tienen si atendemos a que «cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones a las que tienen derecho», lamentó.