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Una matrona, en la preparación al parto del centro de La Puebla.
Una sentencia firme impide a Sacyl convertir a los funcionarios sanitarios en estatutarios

Una sentencia firme impide a Sacyl convertir a los funcionarios sanitarios en estatutarios

El Supremo falla a favor de Simecal-Usae y rechaza el recurso de la Junta, a la que condena a costas, para integrar a 2.793 profesionales

Ana Santiago

Jueves, 16 de febrero 2017, 11:13

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La sentencia ya es firme. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de la Junta y ha confirmado el fallo judicial de marzo de 2015 en favor del sindicato Simecal-Usae que anuló el Decreto autonómico 16/2014 que establecía el procedimiento para la integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera en la condición de personal estatutario. De esta forma, los 2.793 sanitarios que son funcionarios en la comunidad no podrán transformarse en personal estatutario y, por lo tanto, integrarse en Sacyl sino que seguirán dependiendo de Función Pública, es decir, de la Consejería de la Presidencia, con los derechos y circunstancias que tal condición supone.

Según explica Fernando Gutiérrez Casas, presidente del sindicato médico Simecal, este fallo judicial «afecta a los 1.750 médicos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos Titulares, el cual tiene funciones de Salud Pública como las inspecciones sanitarias, vacunaciones o intoxicaciones, actividades molestas insalubres y peligrosas, atención a enfermos sin cartilla sanitaria, control enfermedades infecciosas... además de la asistencia médica a los asegurados de sus puestos de trabajo. El 80% ejercemos en los centros de salud y consultorios rurales, el otro 20%, en los urbanos», explica. La sentencia «afecta también a 750 practicantes titulares y matronas titulares; así como a los inspectores y subinspectores de la Seguridad Social, que son funcionarios públicos pues son autoridad sanitaria; así como a los sanitarios que dependían de los hospitales de las Diputaciones, entre otros». Son, asegura Gutiérrez, «ni más ni menos que 200 años de funcionariado».

Desplazamientosen coche propio

  • Simecal-Usae critican los proyectados cambios legales que «quiere introducir la Consejería de Sanidad y que van en detrimento de la AtenciónPrimaria y, especialmente, en las zonas rurales». Una de las cuestiones que llega hoy a la mesa sectorial supondría un cambio en la Ley de Medidas para introducir un disposición adicional que obligue a los médicos a desplazarse por sus propios medios; aunque luego se les reembolse el gasto en gasolina. Y ello, «pese a que se lo habíamos ganado con sentencias firmes. Los médicos especialistas que contratan para pasar consultas en los centros de salud, van en taxis y no trabajan al día siguiente», destaca Fernando Gutiérrez, presidente de Simecal.

  • Otra de las modificaciones normativas es para que los profesionales extranjeros puedan ejercer aquí. «Resulta que, en España, hay unas notas altísimas para hacer la carrera y difícil acceso a la especialidad y a los que vienen de fuera se les va a dar trabajo sin más y temporal». También llegan a la mesa los cambios para el concurso de traslados.

El Supremo considera ilegal dicho cambio y no solo de forma voluntaria, «sino en todos los casos». Tal transformación conllevaría por ejemplo que unos trescientos de los afectados que tienen la doble condición por haber superado ambas oposiciones aunque en una de las plazas, obviamente, estén en excedencia perdieran tal derecho adquirido. Además, ahora mismo estos profesionales están en la Muface, de forma que pertenecen al Ministerio de Hacienda y no a la Seguridad Social y las condiciones para jubilarse cambian considerablemente porque pueden hacerlo, con un 100% de la pensión, con solo 60 años y 35 años trabajados. Así, junto a las ventajas de elección de seguro y de condiciones para dejar la vida activa, este colectivo, explica Gutiérrez, defiende «un modelo diferente. Nuestro centro de salud contempla a su vez la existencia de los consultorios locales, frente a los estatutarios, que lo defienden sin los mismos». Además, destaca el presidente del sindicato médico, la Consejería de Sanidad «tenía mucho interés en asumir este tipo de personal porque la mayoría de sus gerentes y muchos directivos son inspectores y como funcionarios no pueden apuntarse al incremento salarial de la carrera profesional;pero como personal de Sacyl hubieran podido».

Es precisamente este dato, el de falta de estudio presupuestario al respecto una de las razones que argumenta el alto tribunal, que condena a costas, 3.000 euros, a la Junta, para anular el decreto de la Administración autonómica.

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