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Domingo, 29 de enero 2017, 13:25
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Sin luz al final del túnel. En un año en el que la economía española podría recuperar la riqueza perdida durante la crisis, el sector de la obra pública continúa sufriendo los rigores de la sequía inversora de las administraciones. De hecho, los constructores han tenido que repartirse las migajas de una licitación que cerró 2016 con un volumen de unos 700 millones, una cifra inferior a la registrada en 2015, y que podría cronificarse en este ejercicio sin presupuestos a la vista del Estado y la Comunidad.
Los contratistas ven con temor el nuevo año, después de que se alejara la recuperación de la inversión precrisis en 2016, ya que la Cámara que agrupa a estas empresas contabilizó en los nueves primeros meses 534 millones, lo que anticipa una cifra anual en torno a los 700 millones. La patronal Seopan, que tiene en cuenta el anuncio de la obra, calcula que se licitaron 686,4 millones, un 11,7 por ciento menos que un año antes, cuando se movilizaron 777 millones, similar a los 788 millones registrados por la entidad de Castilla y León, que utiliza como criterio la apertura del concurso.
Por tanto, la cantidad que con la que las administraciones regaron al sector fue un quinto de lo que sacaron a concurso en 2007, el año que marcó un punto de inflexión en la etapa expansiva de la economía de España. De hecho, hace una década se licitaron 3.842 millones en Castilla y León en un solo año, una cifra un 85 por ciento superior a la contabilizada en 2016 y que no se ha alcanzado ni sumando en las registradas en los últimos cinco años.
Todo ello ha llevado al sector a una espiral de ofertas temerarias, con presupuestos hasta un 50 por ciento inferiores al base de licitación, lo que ha complicado la ejecución de algunas obras, puesto que la adjudicataria y la administración se han enzarzado sobre la legalidad de los modificados presentados posteriormente. El Ministerio de Fomento planea modificar los pliegos de contratación de los proyectos de Adif, Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre ) y de la Dirección General de Carreteras (DGC).
Los técnicos trabajan al menos en dos modelos, uno similar al de Puertos del Estado y otro el que aplica la Xunta de Galicia. En ambos casos, la oferta económica perderá peso con respecto a la fórmula actual en la fórmula final de la adjudicación frente a la técnica. De hecho, Fomento analizará a partir de la próxima semana los concursos de conservación de carreteras de varias provincias, entre ellas las de la red viaria estatal de Ávila y Valladolid.
Cerrojazo presupuestario
La factura de la parálisis política, con un ejecutivo en funciones durante más de 300 días, impidió a la obra pública ganar terreno en Castilla y León, ya que gran parte del volumen que se licita corresponde a la Administración General del Estado. También, el cierre presupuestario decretado por el Gobierno a mitad de verano supuso un varapalo para las empresas que esperaban algunos concursos, ya que en la recta final del año la ejecución suele recibir un empujón.
Además, la Junta adelantó un mes esta media, con el objetivo de cumplir el déficit, lo que ha dado lugar a un nuevo año negro, según reflejan las cifras que maneja Seopan y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que no prevé alcanzar en 2016 los 788 millones de 2015, por lo que se habrá materializado prácticamente la mitad de lo previsto, 1.384 millones.
Mínimo histórico
La contratación de obra pública se encuentra en mínimos históricos en Castilla y León, aunque por encima de los 558 millones registrados en 2012, cuando se produjo un fuerte ajuste sobre las finanzas españolas. Un año después, en 2013, la licitación alcanzó los 650 millones, mientras que en 2014 subió hasta los 1.047 millones. Sin embargo, volvió a caer en 2015 hasta los 788 millones, una cifra que disminuirá ligeramente en 2016.
De hecho, hasta septiembre la licitación de obra oficial en la Comunidad sumó un total de 534 millones de euros, lo que representa una disminución del diez por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso estuvo motivado por el parón de la administración central, con un retroceso del 38 por ciento, que se compensó con el crecimiento superior al 80 por ciento de la Junta. A pesar de ello, el importe por el que esas obras fueron adjudicadas se quedó en los 262 millones de euros, según el análisis efectuado por la Cámara de Contratistas.
Por su parte, el Ministerio de Fomento formalizó nuevos contratos de obras por importe de unos 1.300 millones de euros durante el ejercicio 2016, lo que encadena tres ejercicios consecutivos de caídas. Entre enero y noviembre del pasado año, el departamento de Íñigo de la Serna adjudicó contratos por 1.211 millones de euros, un 22,3 por ciento inferior al año precedente. En el supuesto de que este ritmo de adjudicación se mantuviera en el último mes, el ejercicio habrá cerrado con unos 1.320 millones de euros.
Se trata del volumen más bajo desde el de 907,6 millones contabilizado en 2009, en plena crisis, que ya marcó un mínimo histórico. Además, el ministro ya ha reconocido que 2017 será un ejercicio complicado para la inversión en obras públicas, precisamente por la exigencia del déficit. Además, adelantó que no lanzará nuevos proyectos hasta que no esté listo el presupuesto de 2017.
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