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La transformación de empleo de interinos a funcionarios de carrera no conlleva incremento presupuestario.
La administración debe recuperar en León 2.700 empleos públicos cuando se elimine la tasa de reposición

La administración debe recuperar en León 2.700 empleos públicos cuando se elimine la tasa de reposición

Para devolver a los servicios públicos de Castilla y León el personal que tenía antes del inicio de la crisis, en el año 2010, csif fija en 15.300 los puestos perdidos | En las nueve provincias se ha reducido el personal en Sanidad, Educación o Servicios Sociales.

leonoticias

Jueves, 19 de enero 2017, 19:11

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León cifra en más 15.300 el número de empleados públicos que el Gobierno regional debe tener en cuenta, «a la hora de abordar la recuperación del empleo público, una vez que el Gobierno apruebe la eliminación de la tasa de reposición, tal y como se ha expresado en la cumbre de presidentes de comunidades autónonomas».

Así lo considera la responsable de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, que recuerda que esos más 15.300 empleados públicos son los que se han perdido de enero de 2010 a julio de 2016, de acuerdo con el análisis realizado estos días por el sindicato independiente, entre los diferentes sectores.

«Afortunadamente, se abre, por primera vez desde hace años, un nuevo panorama en la recuperación del empleo público que necesitan nuestros servicios públicos básicos, para ofrecer la calidad que merecen los ciudadanos, y que ahora mismo están estrangulados por falta de recursos humanos», apunta Fernández, que aclara que «ahora hay que esperar que el Gobierno central convierta en ley la voluntad de los presidentes autonómicos. Si no lo hace será otra gran decepción para todos los ciudadanos, que esperan unos servicios públicos básicos de calidad, y también una oportunidad para encontrar un empleo, para el que se están formando desde hace tiempo».

Además, CSIF cree que la supresión de la tasa de reposición propiciará también la estabilización de las plantillas, en la medida que se convoquen nuevas oposiciones, ya sin el obstáculo de la tasa de oposición del Gobierno central, «que en ocasiones también ha servido de excusa, a las administraciones regional y locales».

En el sector de Educación, «como mínimo deben salir a oposiciones las plazas que se cubren por interinos y las vacantes de curso completo que se adjudican para todo el curso. Son 1.461 plazas en maestros y 3.081 en Enseñanzas Medias, lo que suma un total de 4.550», explica Raquel Fernández.

«Habría que recordar que la transformación de empleo de interinos a funcionarios de carrera no conlleva incremento presupuestario. Reducir la tasa de interinidad supone la consolidación de empleo y dotación de estabilidad a las plantillas, no un incremento de gasto para la Junta», aclara Fernández, que remarca que «aun convocando esas más de 4.500 plazas, no se recuperarían los 1.500 profesores perdidos durante los años de la crisis».

En el sector de la Administración General de la Junta (Agcyl), «la propuesta de convocatoria de plazas, sin la limitación de las tasas de reposición, es de 1.000 empleados públicos en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, para auxiliares de enfermería, cuidadores, trabajadores sociales, enfermeros, personal de servicios, técnicos de educación infantil, psicólogos, o empleados públicos gestores de dependencia», señala Raquel Fernández. «Cerca del 80% de los puestos de carácter estructural de esta Gerencia, los están ocupando personal interino», lamenta.

Asimismo, «hay que añadir la convocatoria de otras 900 plazas para la lucha contra incendios, para agentes medioambientales, bomberos forestales, conductores de motobomba, celadores de medioambiente y técnicos. A modo de ejemplo, los bomberos forestales o llamados fijos discontinuos tienen un 70% de interinidad», denuncia Fernández.

Según el sector de Agcyl, en los últimos 5 años se han jubilado unos 2.800 empleados públicos que no se han sustituido, lo que ha supuesto a la Junta un ahorro de más de 350 millones de euros.

En el caso del sector de Sanidad, CSIF estima se han perdido más de 6.100 empleados públicos en el Sacyl, «dato del que hay que partir, para recuperar los profesionales sanitarios que han desaparecido de los servicios sanitarios públicos», considera la responsable de acción sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández.

En Administración Central, el número de empleados públicos que se han reducido, entre 2010 a 2016, son más 6.000; en la Administración Autonómica unos 2.300; en la Administración Local, unos 6.800; o en Universidad casi 200.

En ese periodo entre enero de 2010 y julio de 2016, y teniendo en cuenta los datos que maneja CSIF del Ministerio de las Administraciones Públicas, en Ávila se han perdido un total de unos 1.000 empleados públicos, teniendo en cuenta todos los sectores; en Burgos unos 1.800; en León unos 2.700; en Palencia unos 530; en Salamanca unos 2.700; en Soria unos 400; en Segovia 1.100; en Valladolid unos 3.900 y en Zamora unos 1.200.

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