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Miércoles, 18 de enero 2017, 11:11
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Entre los once acuerdos rubricados por Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos, a excepción de Cataluña, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, que no han acudido, los hay de muchos tipos. Algunos son muy técnicos, y que dificilmente son visibles para los ciudadanos; otros, en cambio, se verán plasmados en poco tiempo.
Es el caso, por ejemplo, del bono social y de la tarjeta social. ¿En qué consisten?
La tarjeta social será una especie de DNI a través del cual sea posible saber qué ayudas reciben los ciudadanos que las hayan pedido. El objetivo, además, es detectar las personas que no reciben prestación aun teniendo derecho a ello. ¿Cómno se hará esto? En tres meses un grupo de trabajo, con presencia de la Federación Españolas de Municipios y Provincias y de entidades sociales, sentará las bases para expedir la nueva tarjeta.
El bono social busca que las comunidades autónomas participen del decreto-ley aprobado hace unas semanas que intenta evitar cortes eléctricos en familias con pocos recursos.
La reforma de la financiación autonómica era el punto estrella de la reunión. Un asunto complejo cuya finalidad no es otra que encontrar la fórmula por la que las administraciones autonómicas tengan los suficientes fondos para afrontar asuntos como la Sanidad, la Educación, la Dependencia. Una comisión de expertos será la encargada de plasmar esta idea. Una tarea complicada, a la que en el último momento se le añadió una tarea más: la corresponsabilidad fiscal
Otro punto clave, en especial para Castilla y León, es el del reto demográfico. El país pierde habitantes, lo que pone en peligro su futuro. Revertir la tendencia no es fácil y, de entrada, se van a activar medidas de apoyo a las familias, a los jóvenes, la integración de la inmigración e impulso al medio rural. La manera: una estrategia nacional pactada entre todos este año, captar fondos europeos y la aplicación de las propuestas presentadas y aprobadas en el Senado.
Movilidad de los trabajadores. Detectado está que el reparto de funcionarios no es igual entre autonomías. En consecuencia, los presidentes han llegado al acuerdo de favorecer que funcionarios, especialmente de alto nivel, puedan moverse a otras comunidades. En este apartado entra el asunto de la tasa de reposición, que se va a flexibilizar, pero que nadie piense que con carácter general ya que se centrará en sectores prioritarios que deberán definirse.
Y queda el empleo. En este asunto, como primera medida, se fija el objetivo en los estímulos de la Garantía Juvenil y el de la protección a los parados mayores de 45 años.
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