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ana santiago
Miércoles, 14 de diciembre 2016, 09:52
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Por cada cien euros de gasto público destinados en Castilla y León a atender personas amparadas bajo la Ley de Dependencia hay un retorno de 40 euros en forma de cotizaciones como el IRPF o el IVA. La generación de empleo en este sector es realmente importante 50 puestos por cada millón de gasto público;lo que supone que, actualmente, haya 20.651 personas en la comunidad con un empleo asociado directamente a esta atención se ha multiplicado por 2,3 desde 2009, según los datos facilitados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El gasto en atender a los ahora 84.963 beneficiarios de esta ley es realmente importante. La factura pública suma 498 millones de euros que, aunque por normativa deberían ser costados al 50% por la Junta y el Estado, actualmente la primera paga el 81% y el Gobierno Central tan solo aporta el 19% restante. La supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo (en un 13%) ha supuesto un quebranto, solo en 2015, de 34.925.072,67 euros y desde el decreto de los recortes de 2012 suma 131.754.645,72 euros. Es lo que en teoría el Estado debería a Castilla y León.
Y cuánto cuesta atender a una persona dependiente. Pues obviamente la variedad es enorme desde la simple ayuda en el entorno familiar a una plaza residencial de asistido;pero la media en Castilla y León, a cierre del año pasado, es de 5.517 euros. Más baja cada año desde 2009 en que partió de 7.687 euros anuales. Una curva descendente que también registra la media española. El gasto por persona en la región siempre ha sido considerablemente inferior al nacional, de más de mil euros de diferencia. De hecho, en cada evaluación del Observatorio de la citada organización de Gerentes de Servicios Sociales se destaca la capacidad de Castilla y León para liderar la atención a la Dependencia pese a tener un presupuesto en la misma considerablemente inferior. Un importante gasto, por lo tanto, con una grave carencia e indefinición financiera;pero que tiene retorno a la sociedad en forma de empleo y cotizaciones. Esta recuperación de la inversión se debe sobre todo, explica la citada asociación, al modelo por el que la Consejería de Familia a Igualdad de Oportunidades ha apostado destacadamente que es el de la ayuda económica pero vinculada al pago de un servicio.
Esta normativa de atención a la dependencia y promoción de la autonomía cumple mañana diez años. Dependencia es un concepto con su complejidad. Familia recoge que «resulta de la combinación de cambios fisiológicos relacionados con la edad, enfermedades crónicas y procesos agudos o intercurrentes. Todo esto influido por el entorno psicosocial y ambiental, y que todo ello provoca la necesidad de ayuda de terceras personas para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria». Es el concepto que luego mide un baremo que analiza el nivel de autonomía e informes médicos y sociales que catalogan entre niveles, según gravedad, tal dependencia.
Así, destaca la Junta, cuando surge en las personas mayores lo hace en el 50% de los casos de forma brusca como consecuencia de una enfermedad aguda o de un traumatismo, y, en el otro tanto, aparece de manera progresiva. El porcentaje de personas dependientes aumenta en los grupos de edad avanzada y, como cabe esperar, especialmente en los mayores de 80 años. Esta situación afecta especialmente a Castilla y León al tener un índice de envejecimiento , es decir, de mayores de 64 años, del 22,8% muy superior a la media nacional y de sobreenvejecimiento los mayores de 84 años en relación a los de 64 del 17,0% . Así, respecto de la población mayor de 65 años, las personas beneficiarias con derecho a prestación fueron casi el 6% en 2008 y alcanzaron un máximo del 11% en 2012, para decaer desde entonces hasta el 10%. Alternativamente las personas beneficiarias con prestaciones alcanzaron un máximo, en torno al 9,5% en 2012 y solo han bajado muy ligeramente desde entonces. En países como Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, reciben ayudas para la dependencia entre el 16% y el 20% de sus mayores. El sobreenvejecimiento de la región determina «la necesidad de un cambio en el modelo sanitario que permita gestionar de modo eficiente la prevención y atención a la dependencia, mediante una reorientación hacia las necesidades sanitarias y sociales del paciente y la integración de servicios, en coordinación con los Servicios Sociales», un concepto que abrió las puertas a las unidades de convalecencia.
El perfil, por lo tanto, más frecuente de una persona dependiente ya viene marcado por la edad. En cuanto al sexo, el 65,35% de los beneficiarios de la Ley de Dependencia son mujeres, prácticamente el doble que los hombres y este porcentaje es similar en cada uno de los tres grados, de menor a mayor severidad, que contempla la normativa; aunque crece ligeramente conforme empeora su deterioro.
Y, en cuanto a la gravedad de los casos, medida por la ley en tres niveles: Grado 3 (gran dependencia), Grado 2 (dependencia severa) y Grado 1 (dependencia moderada), existe una mayor proporción de personas con una seria falta de autonomía, cerca de un 40%; le siguen en proporciones bastantes similares las personas con grado 3, con un 30%, y los beneficiarios en situación moderada, en un 32%.
La tendencia ha sido la de la reducción, en un 3%, de los casos más severos y la del aumento en los casos más leves, lógico al ser los que se incorporan en el sistema, del 243%, según los datos del Estudio sobre la Economía Española de Fedea.
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