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C's solicita que se agilicen los trámites para resolver las solicitudes de plantación vinícola

  • Reclama la adaptación de la herramienta telemática, así como la certificación de las plantaciones solicitadas, ejecutadas y justificadas por los viticultores

El procurador de Ciudadanos, David Castaño, solicitó hoy que se agilicen los trámites para resolver las solicitudes de plantación vinícola. Para ello, reclamó la adaptación de la herramienta telemática, así como la certificación de las plantaciones solicitadas, ejecutadas y justificadas por los viticultores, según recoge un comunicado de la formación naranja.

“La reforma del sector del vino y la uva, a través de una nueva normativa comunitaria – que dejará sin efecto los tradicionales derechos de plantación de viña a 31 de diciembre de 2016 –, ha provocado una gran compraventa de derechos” dijo. Además, explicó que “los derechos que se tuvieran a 31 de diciembre de 2015 se podrán convertir en autorizaciones desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitándolo a la Comunidad Autónoma donde se registre el derecho de plantación”.

“Nuestro Grupo Parlamentario ha detectado que las nuevas plantaciones de viñedos de los últimos años y sus correspondientes subvenciones no se están resolviendo adecuadamente”, apuntó David Castaño y añadió que el 90 por ciento de las solicitudes de plantación, después de dos años, “no han tenido respuesta de la administración” lo que, según el procurador, significa que “la tramitación telemática falla sistemáticamente y se llega a pedir hasta en tres veces la documentación aportada por la administración”.

Asimismo, el procurador de Ciudadanos remarcó que “también se han detectado problemas con la certificación de las nuevas plantaciones, las cuales han sido solicitadas, ejecutadas y justificadas por los viticultores”. Castaño enumeró los problemas de no autorizar y certificar adecuadamente las nuevas plantaciones en la PAC porque el nuevo viñedo seguirá como tierra de labor; la nueva plantación podría ser considerada ilegal y por tanto ser penalizada según normativa europea ; el no-cobro de las subvenciones correspondientes con el problema financiero derivado de ello; problemas con la solicitud PAC en su conjunto lo que derivaría en la paralización del cobro en toda la cuantía económica que tuviera asignada el solicitante”.

“Podemos afirmar que no se está administrando correctamente los intereses de la Comunidad, sobre todo, si nos comparamos con otras Comunidades consideradas ‘rivales’ como Navarra, donde el tiempo estimado para un cambio de titularidad es de una hora y media por más de un año en Castilla y León”, sostuvo Castaño quien concluyó que “también sería grave el no gastar toda la asignación financiera a la que tiene derecho nuestra Comunidad por no certificar en el plazo estipulado”.