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Las Cortes vetan su escaño a alcaldes y ediles de municipios de más de 20.000 habitantes y a presidentes de diputaciones

Las Cortes vetan a ediles de más de 20.000 habitantes, alcaldes y presidentes de diputación

/ Leticia Pérez

  • La normativa, aprobada este martes con el apoyo de PP y Ciudadanos y que afecta a los alcaldes de León y Salamanca y a dos concejales, no será de aplicación durante la presente legislatura | El PP defienden la constitucionalidad de la norma, mientras que PSOE, Podemos e IU mantienen «dudas de legalidad»

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este martes, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y en contra de PSOE, Podemos, IU y UPL, el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad, que se regula las incompatibilidades para su nombramiento y cese, la limitación de mandatos del presidente de la Junta y de los consejeros, así como de acumular los puestos de alcalde o concejal de una ciudad de más de 20.000 habitantes con el escaño de procurador.

Los altos cargos tendrán que respetar un Código Ético para una actuación objetiva, transparente, ejemplar y austera, que será elaborado por la Comisión de Ética Pública -formada por el consejero del área, el titular de la Inspección, el secretario de la Junta y tres expertos designados por el Ejecutivo- que se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes como una comunicación de la Junta para su debate en pleno.

También serán funciones de la Comisión de Ética Pública resolver las consultas que se planteen sobre el Código Ético, plantear recomendaciones a los altos cargos o incoar y resolver los procedimientos sancionadores. La sanción de infracciones muy graves conllevará el cese o despido, la obligación de restituir beneficios percibidos de manera indebida o la imposibilidad de ser alto cargo por un periodo entre cinco y diez años. El presidente de la Junta está sujeto a este código.

Regula las incompatibilidades que son a su vez causa de inelegibilidad, como que no podrán ser nombrados peronas condenadas por sentencia por la comisión de delitos contra la Administración Pública ni los que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias. Los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser nombrados entre empleados públicos preferentemente funcionarios de carrera.

En el caso de los miembros del Gobierno, no podrán ser nombrados como titulares de una consejería quienes ya lo hubieran sido de ese mismo departamento durante ocho años, uno de los puntos cuestionados en enmiendas de los grupos, pero sin que hayan sido aceptadas.

En las enmiendas transaccionales sólo se cambian palabras del texto original, como por ejemplo “los altos cargos cesarán” por “los altos cargos serán cesados”, el “consejero en cuyo departamento” por el titular de la Consejería” o la mención expresa al artículo 155.2 en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incluir la incompatibilidad de procurador con presidente de diputación y con alcalde o concejal de una localidad de más de 20.000 habitantes, si bien este supuesto, que afecta a los alcaldes de León y Salamanca y a dos concejales, no será de aplicación durante la presente legislatura.

La limitación de mandatos recoge que las personas que hayan ostentado el cargo durante ocho años en la presidencia de la Junta no podrán ser propuestas para su reelección en la misma institución. Cada una de las instituciones propias contará con un código ético, que deberá aprobar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley

«Prisas»

Los ponentes de la norma de PSOE, Podemos e IU criticaron las “prisas” en la aprobación de una normativa que no se aplicará hasta la próxima legislatura y expresaron “dudas de legalidad”, en la línea de lo expresado en un documento jurídico de la Camara, mientras que el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y el portavoz popular, Juan José Sanz Vitorio, aseguraron su constituicionalidad y negaron la existencia de informes “firmados” por los servicios jurídicos de la Cámara, una de las cuestiones que centró el debate con la oposición. Frente a ello, exhibieron la existencia de hasta tres informes -de los servicios jurídicos de la Junta, la Secretaría general de la Consejería y el Consejo Consultivo- que no encontraron objeciones relevantes.

Durante el pleno, en el que se recogieron seis enmiendas técnicas, la oposición incidió en que un consejero puede estar en la Junta “72 años” si rota cada ocho años de departamento y en que la Comisión de Ética puede cesar incluso al presidente de la Junta si no cumple el Código Ético. “Hablan de 72 años, es que nunca piensan ganar”, aseveró De Santiago-Juárez sobre la limitación a los consejeros. “No es descabellado y es razonable” que un consejero pase a otras áreas, argumentó el popular Jorge Domingo Martínez.

“Arrancar es una manera de comenzar a avanzar”, aseguró el portavoz de C's, Luis Fuentes, que se presentó como “oposición constructiva”, tras votar a favor de la ley, aunque estimó que a ellos les hubiera gustado “ir más lejos”, y lanzó dos mensaje: pidió a PSOE, Podemos e IU que recapaciten y a la Junta que “se mueven” por su empuje y por la necesidad.

Postura serena

“Lo que mal empieza mal acaba”, sentenció la socialista Virginia Barcones, quien pidió una reflexión sobre el “espectáculo dado” en la tramitación de una norma “tan sensible” para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones y criticó que el PP se haya “salido” de un acuerdo de Comunidad. “Duró lo mismo que un amor de verano”, censuró sobre el acuerdo de julio de 2015 entre Herrera y los portavoces.

Barcones, quien defendió el trabajo de los letrados de las Cortes y recalcó que desde el primer momento advirtieron de elementos de posible “ilegalidad”, arremetió contra Podemos e IU por descubrir ahora la “pólvora” por no haber trabajado antes y contra Ciudadanos, que como “mutelilla” del PP vota a favor de la norma, a la vez que calificó de “serena” la posición de su grupo y ese ha podido ser su “pecado”.

Volvió a plantear la socialista, en sus enmiendas, que el Código Ético se apruebe por ley y que la Comisión de Ética Pública sea nombrada por el Gobierno para controlar a la propia Junta y discrepó de que un consejero permanezca más de ocho años en el Gabinete rotando en otros departamentos. “Votan que aquí hay dos personas que no deberían estar -por los alcaldes de León y Valladolid, al ser también procuradores-”, indicó, para pedir a partir de ahora diálogo en esta materia.

“Si alguien pierde continuamente tal vez sería conveniente que se limite la posibilidad de perder”, replicó el popular Juan José Sanz Vitorio, en relación a la limitación de mandatos, que, no obstante, defendió para no acumular cargos -procurador y alcalde de más de 20.000 habitantes- y por la gestión que puede merecer dedicación exclusiva. “Un partido que gana desde 1987 y se limita los mandatos y una oposición que siempre pierde no ha presentado una oposición para hacer la reflexión de que igual no es buena”, recriminó.

Tramitación y negociación

La ponente de Podemos en la ley, Natalia del Barrio, dudó de la “capacidad negociadora” del PP en la tramitación, se preguntó por qué la prisa en su aprobación cuando la limitación de mandatos no entra en vigor en esta legislatura y censuró que sea “más laxa” que la estatal porque, en su opinión, permite que un acusado por corrupción, donde mencionó a Rodrigo Rato, pueda ser alto cargo al no haber cometido un delito contra la Administración.

“Es una venta de humo que va contra el ordenamiento jurídico, que se ventila con nocturnidad y alevosía y aprobarán con su marca blanca, Ciudadanos, que cambió de opinión en 48 horas”, criticó Del Barrio, que defendió sus enmiendas para evitar las 'puertas giratorias' o la limitación a ocho años del cargo de consejero, entre otras. “No entiendo por qué se pone en contra de que la aprobemos”, respondió Jorge Domingo Martínez (PP), que aceptó una enmienda sobre la redacción en la Comisión promotora de una Iniciativa Legislativa Popular.

José Sarrión (IU) manifestó su acuerdo con el espíritu de la ley para la regeneración pero no con como se recoge y con las “dudas jurídicas” expresadas conforme a un informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes, aunque el PP “niegue” su existencia. “No jueguen con los hechos”, pidió. Sarrión rechazó “un texto más permisivo” que la ley estatal al limitarse sólo a los delitos contra la Administración y aseguró que las enmiendas transaccionadas junto a Podemos pretenden recoger lo propuesto por los letrados de la Cámara.

El parlamentario de IU dejó el hemiciclo en la réplica del 'popular' Jorge Domingo Martínez y no escuchó como le dijo que el 80 por ciento del proyecto de ley no tiene enmiendas de Sarrión, y “tendría que apoyarle”. El vicepresidente de la Junta, José Santonio De Santiago-Juárez, pidió la palabra para insistir en que “no hay ningún informe” de la Cámara, sino “notas elaboradas por los servicios jurídicos”. “Ni firma, ni sello, no se puede mentir y por eso se ha ido (por Sarrión)”, aseveró.

El procurador de UPL, Luis Santos Reyero, explicó que su voto en contra no se basa en las “dudas de legalidad” surgidas en la tramitación, sino en el fondo de la norma, sobre la que defendió siete enmiendas -no aceptadas por el PP- en las que consideró que permitir a un consejero mantenerse más de ocho años cambiando de departamento “bordea la regeneración”. “No veo motivos para que vote en contra”, replicó Sanz Vitorio.