Leonoticias

Todos los grupos piden a la Junta la norma antes de fin de año para obtener la acreditación del servicio de ayuda domicilio

  • El objetivo es garantizar los niveles de calidad y profesionalidad para continuar con la "excelencia" de la atención a la dependencia

Todos los grupos parlamentarios aprobaron este miércoles en el Pleno de las Cortes instar a la Junta de Castilla y León a que apruebe antes de final de año la normativa que regula los requisitos y los estándares de calidad que deberán cumplir las entidades prestadoras del servicio de ayuda domicilio. El objetivo que persigue esta nueva norma es garantizar que esta prestación que llega a más de 21.000 personas se ofrezca con los niveles de calidad y profesionalidad adecuados para que la Comunidad continúe la línea de «excelencia» en la atención a la dependencia.

La proposición no de ley (PNL), presentada por el Partido Popular, salió adelante después de que la formación incluyera parte de una enmienda demandada por Ciudadanos (C's) que solicitaba que la norma garantizara un sistema transparente y eficiente. Además, el texto recoge que la Junta realizará un seguimiento y un control para velar por un adecuado servicio de la ayuda domicilio.

El Grupo del PP argumentaba en su PNL que el servicio de ayuda a domicilio es un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia, una prestación esencial y, por tanto, la reciben todas las personas que la solicitan. Añadía que «gran parte» de las personas con dependencia desean seguir en sus domicilios el máximo tiempo posible, de ahí la importancia de contar con recursos adecuados que les faciliten este objetivo, uno de ellos es el servicio de ayuda a domicilio.

De ahí, la necesidad de «establecer cuanto antes la normativa necesaria para que las entidades puedan obtener la acreditación como prestadoras del servicio de ayuda domicilio, garantizando que este servicio se ofrezca con los niveles de calidad y profesionalidad adecuados», asevera en su propuesta. No en vano, María Ángeles García, del PP y defensora de la PNL, recordó que «acreditar significa calidad», no solo para las entidades que prestan ese servicio sino que también beneficia a los trabajadores de estas empresas.

Por último, señalaba que Castilla y León está a la vanguardia de los servicios sociales y añade que se ha convertido en «referente», no sólo en España, también en la Unión Europea, por lo que defiende que es necesario no sólo idear nuevas respuestas a los desafíos existentes, sino también velar por su excelencia. En ese sentido, García aseguró que la Comunidad «gestiona bien» y se ha convertido en el territorio que más empleo crea con la dependencia y eso repercute en una tasa de retorno del 40 por ciento.

David Castaño, de Ciudadanos (C's), aprovechó su intervención para criticar algunas lagunas de la Ley de la Dependencia como que el servicio de ayuda domicilio recibe muchas «quejas» de usuarios que lamentan que la Junta aprueba pocas horas para esta prestación. «Hay una buena estadística que maquilla la realidad», sentenció. Hizo hincapié en la necesidad de que la norma garantice contar con un sistema «transparente» y unas reglas de juego determinadas para todos. «Es necesario que cualquier empresa pueda optar a prestar estos servicios en las mismas condiciones que el resto», añadió.

Por su parte, Ana María Agudíez, del Partido Socialista, consideró que la PNL llegaba tarde y que la única novedad era que acortaba los plazos para su aprobación. Demandó un seguimiento y un control de las entidades para velar por la calidad del servicio y las condiciones de los profesionales, asunto que fue recogido finalmente en la propuesta de resolución.

Podemos fue la formación más crítica con la política de la Junta a la hora de atender a las personas dependientes. Laura Domínguez mostró su perplejidad con que el PP busque ahora mejorar la calidad del sistema de dependencia cuando fue el partido que en 2012 recortó las prestaciones un 40 por ciento. Exigió que la normativa asegure el «trabajo digno» para las empleadas de ayuda domicilio que pasa, por ejemplo, por eliminar el arrestre de horas, pero también homogenice el servicio en todas las provincias. «Urge blindar la calidad de un servicio de calidad y universal porque la Junta nunca ha apostado por él», declaró.

Rayo de esperanza

En el pleno de las Cortes, se aprobó por unanimidad el punto primero de una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se insta a la Junta a que en el cálculo para determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad, beneficiarias de prestaciones o servicios de la dependencia, no se incluya la prestación por hijo a cargo que sus familiares o tutores reciben por ser esa persona reconocida mayor de edad y con una discapacidad superior al 65 por ciento.

Sin embargo, la procuradora del PP Mar González no aceptó los otros dos puntos del texto, defendidos por la socialista Ana Muñoz de la Peña, en los que planteó recalcular la capacidad económica en las que la prestación por hijo a cargo se computa como ingreso y, una vez realizado el cálculo, abonar a las personas afectadas las cantidades correctas desde que se les fue reconocido ese derecho.

Por unanimidad, salió adelante una proposición no de ley socialista, que recibió el empate en la Comisión, para la adopción de medidas específicas que favorezcan el empleo en zonas deprimidas como Sanabria-Carballeda, Aliste-Tábara-Alba y Sayago. «Se abre un rayo de esperanza», valoró José Ignacio Martín Benito, que trasladó al presidente de la Junta la invitación de vecinos para que visite la zona.