Leonoticias

Las peticiones para evitar desahucios descienden el 22% en Castilla y León

peticiones para evitar desahucios
Manifestación a favor de la aprobación de la fórmula de dación en pago.
  • El servicio de apoyo a las familias cumple cuatro años con 4.613 casos atendidos

  • Más de la mitad de los afectados por una amenaza de desalojo nunca habían tenido contacto con los Servicios Sociales

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Ni siquiera había entrado en vigor, lo haría dos semanas después de que la Consejería de Familia anunciara un nuevo Servicio de Apoyo a las familias en Riesgo de Desahucio, y ya había demanda. Y no poca, 32 familias pedían ayuda para no perder su hogar. El nuevo programa entraría en vigor un día 2 de noviembre, hace mañana cuatro años. El panorama entonces era verdaderamente desolador. En esas mismas fechas Castilla y León había visto aumentar en un 36,3% el número de ejecuciones presupuestarias (frente a la media nacional del 14,2% ) y solo en el primer semestre de 2012, la región ya sumaba 1.558 expedientes para desalojar familias de sus viviendas y desde el inicio de la crisis, en 2007, eran 12.632 los procesos en la comunidad. Pintaba más que negro y no había semana sin manifestaciones frente a los desahucios.

Cuatro años después, 4.613 familias han pasado ya por este servicio, el ‘Siafride’, tras obtener su cita a través del teléfono 012 para comenzar, de la mano de la Junta, la negociación con las entidades financieras acreedoras en busca de soluciones que les ayuden a hacer frente a una penosa situación económica que pone en riesgo sus hogares o acceder a otros recursos de la red social para reconducir su situación económica, laboral y social.

Los primeros años registraron un crecimiento exponencial, entre 2013 y 2014 la demanda creció en un 163%. Tras más de un año de funcionamiento, era un servicio conocido y necesitado. Muy demandado. Después, las incorporaciones han sido más contenidas aunque crecientes hasta llegar al balance actual en que las solicitudes bajan porque lo hacen las necesidades, apuntan fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este servicio atendió en el primer semestre de este año a 1.418 familias, un 22% menos que en el mismo periodo de 2015. Un descenso que, efectivamente, está en la misma línea que el dato recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su informe refleja que, en Castilla y León, durante el segundo trimestre de este año 2016, se iniciaron 158 ejecuciones hipotecarias de vivienda de particulares, 122 ejecuciones menos que en el mismo trimestre del ejercicio anterior; lo que supone una reducción del 43,6% frente al 27,6% en España, es decir, 16 puntos de diferencia. De las citadas 44.613 familias que acudieron a este recurso, todas, el 100 %, recibió apoyo profesional y a todas «se les proporcionó soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas». Ninguna de las familias atendidas desde la puesta en marcha de este servicio integral de la Junta tuvo finalmente que afrontar un desalojo forzoso.

La importancia de este programa asistencial no reside únicamente en resolver problemas asociados a la vivienda; aunque sea el problema que provoca la entrada en el sistema de atención social de la Junta. «No se queda solo ahí, sino que se encarga de detectar otras posibles necesidades que puedan tener las familias para aplicar las soluciones más oportunas a cada necesidad», destacan fuentes de la Consejería.

Este objetivo de responder de forma integral y completa a las carencias y problemas de una familia se hace evidente con un dato: Desde su puesta en marcha, en 952 de las 4.613 familias que acudieron al servicio, los profesionales detectaron otro tipo de necesidades junto al riesgo de desahucio que sirvieron para activar un total de 2.100 prestaciones tales como rentas garantizadas de ciudadanía, Servicios Sociales o jurídicos, empleo o justicia gratuita». Así, entre las ayudas otorgadas a través de esta puerta de entrada, hay 770 prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Más de la mitad de los núcleos familiares atendidos por esta red, el 56%, no había tenido contacto previo con los Servicios Sociales públicos y es a través de esta intervención y de su posterior derivación a los CEAS como pudieron acceder a otras prestaciones y servicios de acceso al empleo, de ayuda económica, de alimentación...

Evitar situaciones críticas

«Junto a esto, su funcionamiento en red hizo posible evitar situaciones críticas antes de que se produjeran e, incluso, ir más allá de las actuaciones meramente paliativas y ninguna de las familias atendidas en estos años tuvo que afrontar un desalojo forzoso», destaca Familia.

Este programa fue distinguido por la ONU como buena práctica y ha respondido tanto a casos nacionales como de extranjeros. Para articular este servicio, la Junta sumó a su desarrollo a distintos departamentos, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a las diputaciones provinciales y a entidades del Tercer Sector, como Cáritas, y a colegios profesionales. Y, en especial, se logró establecer con las entidades financieras un protocolo de actuación ante un caso de impago de las cuotas hipotecarias. Hasta con 46 entidades financieras se ha realizado la interlocución. Además, la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León firmaron el pasado 24 de junio de 2013 un protocolo de actuación para mitigar situaciones en las que personas en riesgo de desahucios puedan quedar desamparadas el perder su vivienda. Este acuerdo favorece que los magistrados dispongan en el plazo de diez días de un informe detallado de la situación social de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda.

El programa implica a 30 oficinas locales encargadas de prestar una atención directa a las familias, que son atendidas por más de 50 técnicos. Su trabajo lo realizan bajo la coordinación de la oficina central, que se encarga de revisar los casos y de la interlocución con las entidades financieras. En total, 76 profesionales trabajan en Castilla y León para encontrar soluciones a la situación de insolvencia de las familias.

En torno a la mitad de los casos finalmente no requirieron interlocución con los bancos porque se encontró una solución a su carencia económica para hacer frente a la deuda. En cuanto a la otra mitad, la principal solución encontrada fue la reestructuración de la deuda, en torno al 47,4 % de los casos esta fue la solución, ya fuera mediante aumentos del plazo del préstamo, reunificación de las deudas, disminución del tipo de interés, quitas, carencias… En el 8% de las situaciones se consiguió la dación en pago con la quita de la deuda y en alrededor del 14,3 % se alcanzó acuerdos de no lanzamiento. Hay otros casos en los que la mejora de las circunstancias por encontrar un empleo solventó el problema o con la intervención de otras medidas sociales.