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Castilla y León diseña un modelo socio-sanitario para personas con discapacidad por enfermedad mental

Milagros Marcos, portavoz de la Junta.
Milagros Marcos, portavoz de la Junta. / Rubén Cacho
  • Destaca la continuidad de los cuidados, el apoyo a su proyecto de vida y el impulso de una red coordinada de servicios y programas sanitarios y sociales

Castilla y León se dota de un modelo integrado de atención socio-sanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental para lo que la Junta aprobó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno las directrices que ordenan su funcionamiento, basado en la coordinación entre los sistemas sanitario y social, para garantizar la continuidad de la atención y de los cuidados, según informó la portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.

El modelo, partiendo de una amplia red de recursos para la atención integral, se propone la la plena normalización e integración de estas personas. Para ello, son el centro de la atención y se tienen en cuenta sus necesidades e intereses de acuerdo con su proyecto de vida. Al mismo tiempo, estas directrices son fruto del dialogo, la colaboración y el entendimiento con el Tercer Sector para desarrollar en Castilla y León un modelo transversal para la atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental, que aúna los Servicios Sociales y los sanitarios.

Sus tres objetivos fundamentales son, por un lado, la continuidad de los cuidados integrados; en segundo lugar, en el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante todo el tiempo que lo precisen y la garantía de la intervención de la propia persona con discapacidad por enfermedad mental y el establecimiento de una red coordinada de recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social adaptados a las necesidades de cada persona que les ayude a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.

El modelo cuenta con ocho principios rectores: atención centrada en la recuperación de la persona a través de un proyecto de vida que contenga un plan de apoyos integrados que se adapte a sus necesidades, intereses y preferencias; garantía en la continuidad de la atención y los cuidados que precisen las personas a lo largo de toda su vida; prioridad a las intervenciones que mejoren su autonomía; permanencia e inclusión de la persona en su entorno y en la comunidad en la que residen; equidad en los recursos adecuados a las necesidades de la población; calidad; accesibilidad en la asistencia a la persona y a sus familiares cuando y donde la necesiten, y sistema de apoyos personalizados para que la persona tenga el rol protagonista en su proyecto de vida.

Los destinatarios de este modelo de atención serán las personas con discapacidad por enfermedad mental cuya atención no pueda ser prestada a través de otros dispositivos de la red de responsabilidad pública de los Servicios Sociales. La participación se desarrollará bajo las modalidades de agente o de colaborador. Los ‘agentes’ son las administraciones públicas de Castilla y León que integran el sistema de Servicios Sociales y el sistema sanitario. Se considera ‘colaboradores’ a las personas físicas y entidades privadas, en especial las de iniciativa social sin ánimo de lucro, que participen con los agentes en la inclusión social de las personas con discapacidad por enfermedad mental.

Cuatro fases y coordinación

El modelo integrado de atención socio-sanitaria establece cuatro fases claramente diferenciadas. La primera de ellas es la detección de la necesidad, que le corresponde a cualquier profesional de atención directa en el ámbito comunitario, en especial a los profesionales de los centros de acción social (CEAS), de los equipos de salud mental (ESM) y de los equipos de atención primaria de salud (EAP). La segunda es la de valoración de las necesidades sociales y sanitarias de la persona, que corresponde a los profesionales integrados en los sistemas sanitario y social públicos. Cuando la detección se haya producido por otros profesionales deberán emitir los pertinentes informes y la documentación adicional que ayude a la valoración.

La tercera fase es la de asignación de prestaciones sociales y, la cuarta, el seguimiento que se realizará de las prestaciones por parte del sistema de Servicios Sociales y de Salud que garantice la calidad de vida de las personas destinatarias.

Para hacer eficiente la coordinación se habilitan elementos de encuentro entre responsables del sistema sanitario y del social a nivel provincial y regional para la toma de decisiones de forma conjunta y consensuada. En este sentido, se establecen dos estructuras: el Equipo Mixto Provincial y la Comisión Mixta Autonómica. En cuanto al primero forman parte del mismo el Servicio de Salud Mental de cada provincia, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y las corporaciones locales competentes que gestionen las prestaciones sociales de cada provincia. Se encargarán de evaluar las necesidades de prestaciones sociales y sanitarias; realizar las revisiones de aquellas situaciones en que se produzcan desajustes entre el recurso asignado y la adaptación de las personas al mismo; proponer a la persona el recurso que mejor se adapte a su proyecto de vida y proponer la asignación de prestaciones de carácter social al órgano competente.

Por su parte, la Comisión Mixta Autonómica reunirá a técnicos de Servicios Sociales y de Sanidad y resolverá los casos derivados por los Equipos Mixtos Provinciales.

Prestaciones

Las prestaciones de servicios sociales cuya propuesta de asignación corresponde a los Equipos Mixtos Provinciales o a la Comisión Mixta Autonómica son: residencias, viviendas supervisadas, centros de día, servicio de asistencia personal, servicio de promoción de la autonomía personal y equipos para la promoción de la autonomía personal. Los recursos sanitarios que atienden a las personas con discapacidad por enfermedad mental y garantizan el tratamiento y la continuidad de la atención son el nivel primero de atención –con los equipos de atención primaria- y el nivel de atención especializada, con todos los dispositivos de la red de salud mental dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

Proyecto de vida

Las personas derivadas a una prestación o recurso social deberá contar con un ‘proyecto de vida’ y un ‘profesional de referencia’. El Proyecto de Vida consiste en la proyección individual que realiza cada persona sobre todas las dimensiones que forman parte de su desarrollo personal y social, e incluye tanto sus metas como los apoyos informales de las personas de su entorno familiar y social, los apoyos normales existentes en su comunidad y los apoyos formales por los servicios sociales, los del sistema sanitario y los del resto de sistemas de protección públicos.

ontendrá un Plan de Apoyos Integrado que será un instrumento técnico que, planifica y organiza los apoyos que sean precisos para que esa persona pueda vivir de acuerdo a sus valores, deseos y preferencias en relación a todos aquellos aspectos que configuran la forma personal de entender el bienestar y abordar la propia vida.

El ‘profesional de referencia’ tendrá entre sus funciones establecer con la persona usuaria una relación de apoyo, constituyendo para ella una figura de referencia, para la atención, canalización y resolución de sus problemas y demandas; facilitar la coordinación diaria de todas las actuaciones relativas a la persona con discapacidad; apoyar el desarrollo del Proyecto de Vida y las actuaciones concretas que integren el mismo de cada persona usuaria a él asignada, llevar a cabo el seguimiento continuado de la persona y proponer cuando proceda, las adaptaciones pertinentes en dicho Proyecto de Vida, y servir de enlace y referencia de la familia, en su caso.