Leonoticias

El PSOE exige que un órgano imparcial, y no presidido por un consejero, vigile a los altos cargos de la Junta

Virignia Barcones, en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.
Virignia Barcones, en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. / EFE
  • Aseguran que es algo básico para que la ley que reforzará las exigencias sobre los integrantes del alto escalafón de la Administración autonómica sea eficaz «y no un mero postureo»

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Los socialistas llaman al PP a la reflexión para que la futura Ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración de Castilla y León no sea «una cuestión de postureo», con el Gobierno regional siendo «juez y parte» al acaparar el órgano encargado de velar por el cumplimiento de esa normativa.

La viceportavoz socialista en las Cortes, Virginia Barcones, ha emplazado al PP a modificar la composición de esa comisión, que tiene la capacidad de sugerir iniciativas y sancionar a los incumplidores. «Adolece desde antes de nacer de falta de independencia puesto que son seis miembros, de los que tres son expertos nombrados a propuesta de la Junta y los otros tres son de la propia Junta, en un órgano que preside el consejero responsable de la materia. No se puede ser juez y parte», ha asegurado la procuradora socialista. Persistir en este planteamiento sería indicativo de que «para la Junta y el PP la regeneración democrática es simple postureo, cuando es algo básico», ha añadido la parlamentaria.

Virginia Barcones ha defendido el planteamiento que hace el PSOE, con una comisión de siete miembros, de los que cuatro serían expertos en Derecho procedentes del ámbito universitario con, al menos, quince años de experiencia y nombrados con el voto favorable de dos tercios de las Cortes. A ellos se sumarían dos representantes de la Junta y el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, persona que los socialistas proponen para presidir este órgano. «Así se garantizaría la independencia, no planteamos una composición disparada», ha resaltado la viceportavoz del PSOE.

La normativa que se tramita en las Cortes contempla limitaciones, por ejemplo, al tiempo que un consejero o el presidente de la Junta pueden estar en el cargo, que se situará en ocho años, y hace incompatible ser alcalde de capital de provincia y procurador autonómico. «Debe quedar bien claro que esos ocho años es por persona y no por consejería. De lo contrario, ocho años en Sanidad, otros ocho en Educación... Hasta que lleve 800 años el señor consejero», ironizó Barcones.