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Los grupos de las Cortes rechazan «medidas drásticas» contra los ayuntamientos que incumplen con la rendición de cuentas

  • Consideran que regular las multas coercitivas y condicionar las subvenciones sería la última opción y se decantan por la información y concienciación

Los principales grupos representados en las Cortes de Castilla y León rechazan adoptar “medidas drásticas” como la regulación normativa de las multas coercitivas o condicionar las subvenciones para las entidades locales de la Comunidad que no cumplen con su obligación de rendir la cuenta general, y se decantan por la información, divulgación o concienciación antes de penalizar a los consistorios.

Salvador Cruz (PP), Javier Izquierdo (PSOE), Félix Díez (Podemos) y Belén Rosado (Ciudadanos) coinciden, en declaraciones a Ical, en que regular las multas coercitivas o ligar las ayudas locales a la rendición de las cuentas, como ya han hecho algunas comunidades autónomas, “sería la última opción, la última salida y la última vía” y apelan al esfuerzo de las instituciones para que la obligación legal de presentar los presupuestos sea una realidad.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ha expresado en los últimos días la “preocupación” por el bajo índice de cumplimiento de las entidades locales en la rendición de cuentas cuando falta un mes para que se cierre el plazo legal -16,77 por ciento-, en un mensaje que comparten los parlamentarios, si bien confían en que en este período ese porcentaje aumente por lo que abogan por esperar a conocer el resultado final.

La posibilidad de imponer multas coercitivas está incorporada parcialmente en la ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León -artículo 13-, pero los importes se deben establecer en las sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad, que cada año presenta la Junta. Se requiere la modificación de la ley de Medidas Tributarias para ser aplicable en 2016 y la firma de un convenio con la Consejería de Economía y Hacienda para la recaudación de las multas.

Esta propuesta es una de las nueve que se recogen en el acuerdo adoptado por el pleno del Consejo de Cuentas, remitido a los grupos de las Cortes el pasado mes de mayo, en el que también figura condicionar las subvenciones a la rendición de la Cuenta General, lo que requiere reformas normativas en las leyes de subvenciones, régimen local y Consejo de Cuentas.

Culpabilizar a los vecinos

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz, explica que siempre han sido contrarios a condicionar las subvenciones a la rendición de las cuentas al entender que se culpabiliza a los ciudadanos de una responsabilidad que corresponde al alcalde y la corporación municipal. Como ejemplo, se refiere a que un consistorio incumplidor puede perder una ayuda para el arreglo de su consultorio médico, lo que perjudica a los habitantes de ese municipio.

“La evolución ha ido al alza”, indica en relación al porcentaje de los últimos años, una de las razones por las que entiende que no se ha desarrollado la regulación de las multas coercitivas que sí está en la ley del Consejo de Cuentas. Ante el dato actual, Cruz apunta a esperar hasta el cierre de plazo y recuerda que la rendición es en plataforma digital y pueden entrar muchas a la vez.

Para el popular, lo primero es la concienciación y el asesoramiento a través de las oficinas de las diputaciones provinciales, al considerar que recoger medidas coercitivas sería “la última salida”. Es una idea que comparte Javier Izquierdo, convencido también de que se debe hacer un esfuerzo para que cumplan de manera voluntaria con esa obligación. “Hay otras vías, esa sería la última”, asevera.

El presidente del Grupo Socialista apunta a una función de difusión y de “recuerdo” por parte de Junta y diputaciones de la necesidad de cumplir con una obligación que entiende que es “positiva” para los ciudadanos para conocer en qué se gasta el dinero público. “Se trataría de generar una dinámica y una rutina” en esa labor, indica.

Izquierdo apela a “mecanismos de persuasión” y a una “labor de pedagogía” y se refiere a intensificar la relación entre el Consejo de Cuentas y el Colegio de Secretarios e Interventores, los servicios de asesoramiento de las diputaciones provinciales, a jornadas informativas y formativas e incluso a que la Consejería de Hacienda envíe cartas a los consistorios con ese recordatorio para que el proceso sea “menos traumático y más positivo”.

Diputaciones y transparencia

El procurador de Podemos Félix Díez carga contra las diputaciones provinciales a las que acusa, excepto a la de Palencia, de “no hacer bien su trabajo” en el asesoramiento a los municipios, se pregunta qué sirven estas corporaciones que defienden PP y PSOE y rechaza que se culpe o penalice a las entidades locales, si no se las da los mecanismos.

Díez, que subraya que su grupo siempre recoge en sus resoluciones las recomendaciones del Consejo de Cuentas y culpa a Junta y diputaciones de no hacerlo así, recuerda que la mayoría de los alcaldes y concejales de municipios pequeños no perciben sueldo y que son las instituciones menos endeudadas. “Hay que ver todos los datos antes de actuar, legislar en caliente no es prudente”, defiende el parlamentario, que insiste en apuntar a la colaboración institucional.

En ese incumplimiento, señala también los recortes en personal, como de secretarios e interventores, aspecto al que se refiere Belén Rosado, que subraya el déficit de 300 empleados públicos para esa labor en la Comunidad y al número de municipios con el mismo secretario. “Rendir cuentas es transparencia”, recalca la procuradora de Ciudadanos, para quien la sanción sería “la última vía”.

La colaboración institucional, eliminar burocracia e incidir en la formación serían las líneas para mejorar la rendición de cuentas, dice Rosado, que expresa la preocupación por que un 11 por ciento de los alcaldes de poblaciones de menos de 20.000 habitantes desconozca que tiene que elevar las cuentas al máximo órgano de fiscalización.

El retraso este año puede obedecer al cambio de gobiernos locales tras las elecciones de mayo de 2015, sostiene Javier Izquierdo, idea en la que incide Rosado, que afirma como algunos de los nuevos alcaldes crecen que aprobar cuentas anteriores es un respaldo a la gestión anterior. “Es una obligación legal, no es aprobar una política”, matiza la procuradora naranja.